Recientemente apareció en el cuerpo C del diario El Mercurio, que los delitos violentos registrados por Carabineros de Chile se habrían reducido en un 20% en el centro de Santiago como resultado del trabajo focalizado que realizaron la policía uniformada, el Gobierno y la Fiscalía Norte. La autoridad arguye que estas bajas se deben a los esfuerzos crecientes por atrapar a los delincuentes y a las bandas que allí operan. Sin embargo, la nota no presenta datos sobre las sentencias condenatorias pronunciadas en el periodo ni sobre la evolución de las aprehensiones en el sector. Estos datos resultan fundamentales para poder justificar estas bajas.
Una primera observación es que la autoridad no puede asimilar “denuncias” o “casos policiales” con delitos ya que existe un considerable número de delitos que efectivamente se cometen y que –por diversas consideraciones- las policías y el sistema de persecución no conocen (cifra negra).
Una segunda observación dice relación con la falta de información respecto de la cantidad de sentencias condenatorias obtenidas y el número de las privativas de libertad en el período, ya que resulta común para locatarios y vecinos observar el efecto de la “puerta giratoria” donde luego de las denuncias se producen detenciones y a las horas el hechor vuelve al lugar para seguir delinquiendo.
Un tercer elemento lo constituye la imperiosa necesidad de reponer una estrategia colectiva utilizada hace algunos años cuando junto al entonces alcalde Raúl Alcaíno pusimos énfasis en la reducción de actividades que facilitaban conductas predelictivas como el comercio ilegal y las aglomeraciones aprovechadas por lanzas para cometer sus delitos. En aquella oportunidad los esfuerzos conjuntos de municipio, gobierno, Fiscalía, carabineros, PDI, Cámara Nacional de Comercio y el SII, arrojaron en este mismo sector importantes bajas en los delitos (no sólo denuncias) por robos violentos (-36%) y robos por sorpresa (-21%).
Este trabajo se baso en la idea de reducir los factores de riesgo asociados a la comisión de delitos en lugares donde se concentra gran cantidad de población flotante. Estos espacios, que presentan menos vínculos de solidaridad entre las personas, pueden ser abordados con políticas basadas en los postulados de la teoría de las ventanas rotas (Kelling y Wilson, 1982). En aquella oportunidad mediante la acción fiscalizadora que pueden ejercer el municipio y las policías se buscó desmantelar el comercio ambulante no autorizado para restablecer el imperio de la ley en el área y desincentivar, con ello, las conductas delictivas. También se instalaron diversos cuarteles móviles para facilitar las denuncias y se sensibilizó a los transeúntes sobre la importancia de denunciar y sobre las conductas de autoprotección. Al mismo tiempo, mediante reuniones periódicas, se facilitó el trabajo de coordinación entre las policías y la fiscalía para desmantelar las bandas que operaban en el sector.
A diferencia de la actual intervención, para monitorear el trabajo y medir sus resultados se utilizaron dos fuentes adicionales de información: las sentencias condenatorias aplicadas a delincuentes que operaban en el sector lo que permitió medir la eficacia de la acción penal y encuestas locales realizadas a transeúntes.
Los resultados fueron importantes para su evaluación. Las sentencias condenatorias aumentaron en algunos periodos a más del 80% de los imputados por robos por sorpresa. Mas de la mitad de lo consultados percibió que el comercio ambulante había disminuido, los ciudadanos que consideraron que la presencia de carabineros había aumentado en el periodo se incremento en más de 10 puntos porcentuales (30%) y casi la mitad de las personas entrevistadas considero que el centro de Santiago había mejorado sustancialmente luego de la intervención.
Si ponemos en la balanza ambas intervenciones podemos decir que la actual autoridad centra todos sus esfuerzos en la reducción de las denuncias, lo que constituye un riesgo en cuánto evalúa sus políticas públicas en función de un indicador que –como ya se dijo- es parcial.
Por otra parte, si las instituciones policiales serán evaluadas en razón del número de denuncias que reciben, ciertamente se estará incentivando la no recepción de las mismas, experiencia vivida en el pasado, que termina por disminuir aún más la confianza´ass la cal. za ciudadana en el sistema de protecciue termina por disminuir aos receptores de ellas a elaborar estrategias desti ciudadana en el sistema de protección y persecución delictual.
Otro aspecto que debe considerarse es que delito que no se denuncia es un delito impune ya que nadie lo investiga. Por ello es que si bien las denuncias son un indicador complementario relevante, deben analizarse conjuntamente con los indicadores de victimización para obtener resultados reales.
Así, al cruzar los datos de victimización y denuncias en la comuna de santiago surge una preocupación inicial. Mientras los delitos de robo por sorpresa suben 30,6%[1], las denuncias por ese delito caen -4,8%[2]. Similar situación ocurre con el robo con fuerza a la vivienda que sube 5,9%[3] y sus denuncias caen -8,0%[4]. Es decir, mientras los delitos suben, el conocimiento del sistema es menor, lo que favorece la impunidad de los delincuentes.
La peor ecuación que puede obtenerse en materia de seguridad es el incremento de la victimización y la disminución de las denuncias. Por el contrario, un sistema serio y responsable debe propender a disminuir los niveles de victimización e incrementar las denuncias para que los delitos que se cometen sean efectivamente investigados y perseguidos.
El país no se inició el año 2010. Existe una historia de ensayos y experiencias acumuladas en la lucha contra el delito. Algunas positivas y otras fallidas. La literatura es amplia al respecto y existen funcionarios civiles y policiales que forman parte de dichas historias y experiencias y constituyen un patrimonio del estado de chile. No de un gobierno de turno; y por tanto deben ser aprovechadas para no repetir errores y avanzar en la consolidación de un sistema de seguridad que permita prevenir la ocurrencia de delitos y perseguir y sancionar proporcionalmente a quienes los cometen.
El ejercicio de las libertades supone condiciones básicas de seguridad y para ello la innovación, la experiencia y la permanente evaluación constituyen elementos que propenden a mejorar nuestras condiciones de seguridad y, por tanto de protección de la libertad.
No se trata entonces de criticar políticamente la actuación de la autoridad, sino de aportar con experiencia técnica y política avalada por resultados objetivos a la disminución de los niveles de inseguridad en nuestro país.
[1] ENUSC 2011, INE
[2] Ministerio del Interior, reporte de denuncias recibidas por Carabineros de Chile y PDI.
[3] Idem 1
[4] Idem 2
