En el marco de la discusión presupuestaria del año 2011 algunos legisladores planteamos la necesidad de revisar técnicamente los programas preventivos “piloto” que el gobierno había implementado durante el año 2010. En aquella oportunidad la autoridad nos acusó de obstruccionismo. Lejos de ello nuestra intención fue exigir -como corresponde- una evaluación técnica externa para medir los impactos reales de dichos programas de seguridad a fin de fortalecerlos o exigir modificaciones, segun fueren sus resultados.
Ad portas de una nueva discusión presupuestaria, las cifras de delitos lamentablemente nos dieron la razón. El organismo emisor (INE) afirma que durante 2011 la victimización se elevó en 10,3% y entre otros, el delito de robo con fuerza en la vivienda aumentó un 34%.
Por su parte, la Fundación Paz Ciudadana a través de su instrumento de medición reveló un incremento aún mayor en los niveles de victimización de hogares en el mismo período. Al observar los resultados comunales de la ENUSC, es posible advertir que en el 56% de las 101 comunas medidas aumentó la delincuencia, el temor y la percepción de los encuestados que en los próximos doce meses serán víctimas de un delito. En el 30% de dichas comunas se estaba implementando el programa preventivo Barrio en paz, lo que permite concluir que dicha estrategia preventiva local no logró reducir ni el delito ni el temor, sino por el contrario subieron el delito y el miedo y sólo bajaron las esperanzas de mejoras en el futuro.
Por su parte, el plan preventivo para el sector comercial tampoco está dando los frutos esperados. Según la encuesta especializada de la Cámara de Comercio y Adimark, durante 2011 uno de cada dos locales comerciales fue víctima de algún tipo de delito, aún cuando un 60% de ellos había realizado inversiones en seguridad. ¿Seguirá la autoridad obstinada en mantener programas sin resultados prácticos; o reducirá la discusión a una disputa política descalificando a quienes pretendemos mejoras en la seguridad pública?
En todos los estudios de opinión, la seguridad constituye la principal preocupación ciudadana, por ello es que es imperativo que la autoridad asuma con liderazgo acciones eficaces y eficientes, convoque a todas las instituciones a cooperar y promueva las reformas que se requieran para prevenir mejor, controlar más y disminuir la impunidad delictual por el bien común de nuestro país. La innovación parece adecuada, pero debe acompañarse de evaluaciones periódicas para evitar incremento de gastos sin resultados.
El Congreso Nacional le aprobó a este gobierno el año 2011 el presupuesto en seguridad más alto de la historia y aún así los resultados son negativos. Es de esperar que en este nuevo proceso legislativo, la autoridad deje de lado la autocomplacencia y comprenda que habemos muchos que consideramos que la seguridad es condición básica para el desarrollo individual, familiar, económico y social de un país y, por tanto, no hay que escatimar esfuerzos por recuperar la senda de disminución de la victimización y la criminalidad en Chile.
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