lunes, 29 de agosto de 2005

EL FUTURO DEL INDULTO

Incierta se ve la pervivencia del indulto presidencial. Bachelet ha anunciado que estudiará su derogación. Lavin reitera que no indultará delincuentes y particularmente a narcotraficantes, pero luego aplaude que se le haya otorgado a Contreras Donaire, como si éste no hubiese delinquido, o como si traficar droga fuese más grave que asesinar a sangre fría. El Presidente de la Corte Suprema declara que el indulto es un anacronismo.
No le corresponde al Gobierno entrar en una discusión de lo que debe o no hacerse con el indulto en un próximo gobierno. Espero se me disculpe de consignar un par de opiniones personales.

Desde un punto de vista fáctico, Chile le debe mucho al indulto. Sólo un ejemplo de hace 14 años: muchos de quienes cometieron delitos por motivos políticos mientras Pinochet ejercía el poder continuarían presos de no ser por el indulto que les concedió el Presidente Aylwin. Sólo así se puso fin a una situación injusta e innecesaria; se solucionó un problema que habría amenazado la paz social y permitió al país presentarse en la comunidad internacional a establecer relaciones políticas y comerciales.

El indulto permite introducir criterios de equidad, de política criminal o de política general con posterioridad a las decisiones de los jueces que deben seguir con fidelidad los mandatos de una ley que, por su generalidad o por el momento que se dictó, no pudo contemplarlos. Las penas no constituyen fines en si mismo, ni su extensión queda determinada por principios indiscutibles. Las penas son instrumentos de la justicia, sirven particularmente para reafirmar que la sociedad valora aquello que el delito quebranta, y repudia el acto delictivo, defendiéndose del riesgo de que el mismo delincuente u otros puedan en el futuro atentar en contra de aquello que se valora. 

El indulto puede operar por razones de equidad. Un delincuente enfermo terminal de cáncer o parapléjico ya no representa un peligro para la sociedad y la compasión se puede hacer presente para disminuir el tiempo de su pena. También razones de Estado pueden justificar un indulto: Los peligros que enfrenta una sociedad varían y lo que ayer debió atacarse con penas severas puede no ser ya una amenaza latente. Eso ha ocurrido con la violencia política, al punto que no se conoce que ninguno de los indultados por el Presidente o por el Congreso hayan vuelto a delinquir. En la medida que la causa de los derechos humanos va penetrando la cultura chilena, que cada vez más actores se suman a repudiar las violaciones sistemáticas practicadas por el gobierno militar y que las instituciones armadas se integran a la normalidad democrática, no es descabellado pensar que el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos se alejan de nuestro horizonte.

Mucho podrá discutirse, y sin duda el debate será siempre legitimo, si es que los peligros que ayer nos acechaban están suficientemente alejados como para justificar la reducción de penas a quienes ejercieron la violencia por motivación política o a quienes violaron los derechos humanos desde el Estado. En cambio, atribuirle al indulto de Contreras Donaire, los calificativos de impunidad es simplemente falaz. El crimen de Tucapel Jiménez fue investigado y sancionado (la cuantía de las penas será siempre discutible) y quien ha sido objeto del indulto es un suboficial que no planificó el delito. El indultado no ha quedado impune, estuvo cinco años y medio preso y ahora se le permite cumplir los tres años que le faltaban con medidas que no lo privan de libertad.

No desconozco que así como el indulto puede cumplir fines nobles y socialmente convenientes, puede también prestarse a abusos. Siempre lo estará una institución que, por definición, hace diferencias en la igualdad de la ley (aunque no necesariamente discrimina arbitrariamente). Lo que resulta inconsistente para el futuro del indulto, es que éste sea, por ley, un acto enteramente reservado, cuyos fundamentos no pueden siquiera darse a conocer. En una sociedad transparente, toda decisión pública exige de argumentos en el debate ciudadano. Lo anacrónico no es que exista el indulto, institución que si bien viene de las monarquías, no es la única de aquella época que logra adaptarse a las características republicanas y democráticas. Lo anacrónico es la reserva, no el perdón.

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