En todas las economías desarrolladas existe un sistema de registro de datos personales, donde se consignan diversos documentos, desde antecedentes penales, de identificación, domicilio, en fin, cada día un mayor cúmulo de datos de los individuos. De igual forma las economías requieren conocer el comportamiento comercial o mercantil de sus ciudadanos económicamente activos, lo que se logra a través de los registros de los datos comerciales de las personas. Esta información es relevante para los bancos e instituciones financieras y, de igual manera lo constituye para las empresas, cualquiera sea su tamaño de facturación. En efecto, gracias a este tipo de información, es posible advertir eventuales riesgos de contratación mercantil ante personas de mal comportamiento de pagos, lo que da certeza a las relaciones comerciales y contribuye a disminuir los fraudes en las relaciones mercantiles.
La transparencia y la protección de los datos personales constituyen las dos caras de una misma moneda. Así, mientras se incrementan las normas sobre transparencia en algunos sectores, como contraparte se requiere que los datos recabados sean administrados, guardando la debida confidencialidad de dicha información para no perjudicar, o al menos exponer innecesariamente a sus titulares.
Un principio rector de la protección de antecedentes personales, es el denominado “principio de la finalidad del dato”. Este principio reconoce primariamente, el derecho de propiedad que todos los individuos poseen sobre todos sus datos personales, salvo aquellos que la ley expresamente consigne como públicos. En tal sentido, la legislación asociada, mantiene un sistema de protección de los datos personales destinado a evitar el uso y abuso de los mismos, de parte de terceras personas; permitiendo su acceso excepcional a quienes justifiquen un interés objetivo en dicho dato, lo que debe ser probado y previamente conocido por el titular de los datos. Con este, se evita que empresas privadas constituyan bases de datos destinadas a comercializar los antecedentes o datos personales de terceras personas, lucrando con datos ajenos y exponiendo a riesgos innecesarios a los titulares de los mismos.
En Chile el desarrollo del mercado de datos de carácter personal, se ha desarrollado de manera inorgánica. En efecto, hoy existe un prolífico mercado destinado a la constitución, administración y comercialización de bases con datos personales de personas naturales y también personas jurídicas. El desarrollo de este segmento de negocios ha ido mucho más rápido que su regulación, tanto así que hoy en día, existen múltiples proyectos de ley de diverso origen, que buscan regular este mercado, conteniendo los impactos negativos que la práctica desregulada ha generado en el país.
Es dable pensar que exista una entidad que sea capaz de almacenar y administrar los antecedentes comerciales de personas naturales y jurídicas, a fin de orientar a quien pretenda contratar, respecto de su historia y comportamiento mercantil. Uno de los problemas actuales, radica en que la información comercial disponible se reduce sólo a los incumplimientos y no a la historia positiva y negativa del ciudadano en cuanto sujeto de pago. Hoy por hoy, a través de Dicom o el Boletín Comercial, sólo es posible conocer los incumplimientos o morosidades mercantiles de un ciudadano, pero no se dispone del historial completo, es decir incorporando también su comportamiento positivo. La relevancia de ello es que al no consignar la información positiva, una persona que tradicionalmente ha pagado sus deudas, puede sufrir un inconveniente coyuntural e inesperado que afecte su capacidad de pago, sea el accidente de un familiar, la muerte del proveedor del hogar o la enfermedad catastrófica de algún miembro de la familia. Esta situación mermará su capacidad de pago y, al no consignar su positivo historial de pagos, sólo aparecerá al mundo de las bases de datos con la información negativa, generando un prejuicio de eventuales contratantes, haciéndole perder oportunidades o lisa y llanamente, marginándolo del mundo del crédito y hasta del laboral.
Otro problema actual es el acceso indiscriminado que se hace de dichas bases de datos. En efecto, hoy, se puede acceder a los datos personales de cualquier ciudadano, con el sólo pago de una determinada cantidad de dinero. Es decir, no hay mayor filtro que la capacidad económica del solicitante. ¿Por qué se puede cobrar por acceder a datos de terceras personas sin su consentimiento? La respuesta la ha dado el mercado, al señalar que lo que se cobra es la administración y ordenamiento de la información y no el acceso a la información misma. El resultado, sigue siendo la desprotección absoluta, vulneración del principio de la finalidad del dato y exposición imprudente de la vida personal y comercial de los ciudadanos, a manos de empresas que lucran con ello. Lo que es peor aún, es que la praxis ha llevado a instituciones públicas y privadas a utilizar estas bases de datos como elemento de selección, ya no sólo en los accesos a créditos, sino en el acceso a fuentes laborales. Así, a pesar de la expresa prohibición legal, muchas empresas, en particular de outsorcing, utilizan este elemento para discriminar a la hora de seleccionar personal para empresas o el estado. ¿Tener documentos impagos debe inhabilitar a un ciudadano para realizar actividades profesionales o laborales? Una mirada social señala que ciertamente no es sostenible ni justificable, toda vez que de no ser así, el dato mercantil se transforma en una condena que persigue al moroso, a fin de evitar que pueda trabajar y con ello saldar su deuda, generando un círculo vicioso entre la deuda y la incapacidad de encontrar fuente de trabajo. Pero lamentablemente la práctica está indicando otra respuesta. Cada día son más las empresas y servicios públicos, que discriminan en razón de los antecedentes comerciales (parciales como ya se dijo) y, lo que es peor es que se ha sumado a este proceso las entidades de educación privada. Así, hoy el 45% de los estudiantes de educación básica y media, asisten a colegios particulares subvencionados. El particular subvencionado es a la educación lo que para la vivienda es la casa propia. Es decir, el sueño de muchos en nuestro país. Lamentablemente, muchos establecimientos con este tipo de educación, exigen documentar mediante letras o pagaré, la colegiatura de los niños y, al observar los antecedentes comerciales de sus padres, muchas veces se produce el rechazo de dicha forma de documentación, impidiendo el ingreso de los menores a este tipo de educación, situación condenable en todas sus formas.
Por otra parte, la misma imposibilidad de documentar, afecta a quienes deben ingresar de urgencia a un establecimiento de salud privado, ya que al derogar la exigencia del cheque en garantía, muchas clínicas están exigiendo la suscripción de pagaré o letras de cambio con similares consecuencias que las descritas anteriormente.
Si pretendemos formar una sociedad donde la inclusión sea un principio inspirador, debemos ser capaces de enfrentar de una buena vez el tema de las bases de datos y los antecedentes comerciales de las personas, ya que por mejor voluntad que exista de la autoridad de turno, mientras siga usándose y abusándose de los datos de carácter personal mercantil de las personas, éstas se verán marginadas del desarrollo del país y de la sociedad; cada vez tendremos mayor cantidad de personas (y por ende familias) excluidas del progreso, obligadas a mirar el desarrollo como espectadores sin posibilidad de sumarse a la sociedad, ya que la existencia de una coyuntura o accidente personal o familiar que pudo afectar su capacidad de pago, los perseguirá de por vida, impidiéndoles acceder a créditos como forma de acceso a la vivienda, educación e incluso a una fuente laboral, lo que facilita la informalidad, marginalidad y en algunos casos desesperados la delincuencia como forma de proveerse de los medios de subsistencia personal y familiar.
Recientemente la iglesia católica ha solicitado a S.E. el Presidente de la República, que considere la posibilidad de otorgar un indulto especial del bicentenario a una cantidad considerable de presos por diversos delitos. Por su parte, el gobierno se ha abierto a dicha posibilidad y en la actualidad se encuentra estudiando la solicitud.
En razón de lo anteriormente expuesto y, considerando la importancia que para la reconstrucción nacional significa el emprendimiento y la posibilidad de optar a apoyo crediticio para la auto reparación, es que he solicitado a S.E. el Presidente de la República un indulto bicentenario a las personas que en la actualidad figuran en los registros de Dicom y que NO hayan sido condenadas por delitos económicos. La medida sería excepcional, por una única vez en nuestro país y con ocasión del bicentenario de la República. Serían beneficiados todos quienes figuran en dicho registro y que no hayan sido condenados por delitos económicos. El indulto sólo consistiría en borrar los antecedentes NO significando un perdonazo de sus deudas, ya que dicha situación afectaría el patrimonio de sus acreedores. De igual forma, éste no obsta a la continuidad de las acciones judiciales derivadas de las deudas vencidas. En consecuencia, el sentido del indulto solicitado es dar una segunda oportunidad a nuestros compatriotas que por alguna razón cesaron en el cumplimiento de sus obligaciones mercantiles, y que quieren volver a empezar, pero mientras persistan sus antecedentes, no podrán hacerlo en perjuicio personal, familiar y de la sociedad toda.
Junto con lo anterior debemos iniciar un profundo debate sobre el sistema de registro y protección de datos personales, donde se consignen a futuro los incumplimientos con la misma fuerza de la información positiva del cumplimiento de obligaciones comerciales. Dicho sistema, deberá consignar el principio de la finalidad del dato y generar protección de tan importante activo personal. Sólo así crearemos un sistema que por una parte de certeza mercantil a las relaciones comerciales y, por la otra no se funde sólo en los incumplimientos, generando un historial completo de comportamientos comerciales, los que permitirán observar con mayor perspectiva la real voluntad y capacidad de pago de chilenas y chilenos.
