En recientes notas de prensa se señala que la venta de las acciones públicas en las sanitarias es una continuación de lo hecho por la Concertación. Es necesario precisar los elementos diferenciadores entre el proceso realizado en la década de los 90 y el actual, donde el gobierno pretende enajenar la totalidad de los derechos del Estado en dichas entidades.
El proceso original buscaba mejorar el servicio a los usuarios. Para ello se necesitaba financiar las inversiones necesarias y el Estado no contaba con recursos suficientes para abordar esa enorme tarea. En pocos años se logró el 100% de cobertura de agua potable, un 95% de cobertura de alcantarillado y un 85% de las aguas tratadas, disminuyendo el riesgo de enfermedades producidas por contaminación y ubicándonos al nivel de los países desarrollados. La decisión fue polémica, generó un amplio debate y tuvo detractores en la propia Concertación, pero finalmente se aprobó en el Congreso e incluyó un marco regulatorio para contener abusos en la posición monopólica. Se fortaleció la Superintendencia de Servicios Sanitarios para mejorar la fiscalización y el Estado conservó un porcentaje de la propiedad para representar al gobierno en un tema esencial para la comunidad y estratégico para el país.
Hoy no hay proceso ni debate alguno. Se trata sólo de vender rápido las acciones del Estado en estas empresas. Más allá de su equívoca justificación sin exigir regulación adicional ni preservación del interés general.
Hay temas que el gobierno debe enfrentar previamente. Los avances en los servicios sanitarios se han logrado a costa de un alza excesiva en las tarifas para los usuarios. En la Región Metropolitana, durante los años 2008 y 2009, el excedente acumulado para la empresa alcanzaría al 22%, muy por sobre la rentabilidad regulada, lo que se explica en un sobreprecio a los consumidores en sus tarifas de agua potable. Esto exige una revisión previa y urgente de la normativa del proceso de fijación tarifaria para evitar sobreprecios a millones de usuarios de un producto esencial como el agua potable. Vender la participación del Estado en las sanitarias sin abordar este problema es una irresponsabilidad que puede perjudicar a millones de ciudadanos.
El estatuto de las sanitarias exige un quórum del 75% de los accionistas para que las empresas puedan vender sus derechos de agua o destinarlos a un uso distinto del consumo humano. Al vender su participación, el Estado perderá todo control sobre los derechos de agua de dichas sanitarias.
¿Está el gobierno de Sebastián Piñera dispuesto a vender las acciones del Estado de Chile sin resolver previamente estos puntos arriesgando a millones de usuarios a cobros excesivos y sin un debate democrático del tema?
Por lo dicho, es necesario diferenciar ambos procesos. Mientras el primer proceso se hizo por ley, el actual es por decreto. Mientras en el original se mantuvo presencia del Estado en las empresas ahora se entrega todo el control al mercado. Mientras en los 90 se generó un marco regulatorio, aquí se pretende vender sin hacer las correcciones evidentes que éste requiere, lo que afectará a los consumidores y los intereses permanentes del estado más allá del gobierno de turno.
El proceso original buscaba mejorar el servicio a los usuarios. Para ello se necesitaba financiar las inversiones necesarias y el Estado no contaba con recursos suficientes para abordar esa enorme tarea. En pocos años se logró el 100% de cobertura de agua potable, un 95% de cobertura de alcantarillado y un 85% de las aguas tratadas, disminuyendo el riesgo de enfermedades producidas por contaminación y ubicándonos al nivel de los países desarrollados. La decisión fue polémica, generó un amplio debate y tuvo detractores en la propia Concertación, pero finalmente se aprobó en el Congreso e incluyó un marco regulatorio para contener abusos en la posición monopólica. Se fortaleció la Superintendencia de Servicios Sanitarios para mejorar la fiscalización y el Estado conservó un porcentaje de la propiedad para representar al gobierno en un tema esencial para la comunidad y estratégico para el país.
Hoy no hay proceso ni debate alguno. Se trata sólo de vender rápido las acciones del Estado en estas empresas. Más allá de su equívoca justificación sin exigir regulación adicional ni preservación del interés general.
Hay temas que el gobierno debe enfrentar previamente. Los avances en los servicios sanitarios se han logrado a costa de un alza excesiva en las tarifas para los usuarios. En la Región Metropolitana, durante los años 2008 y 2009, el excedente acumulado para la empresa alcanzaría al 22%, muy por sobre la rentabilidad regulada, lo que se explica en un sobreprecio a los consumidores en sus tarifas de agua potable. Esto exige una revisión previa y urgente de la normativa del proceso de fijación tarifaria para evitar sobreprecios a millones de usuarios de un producto esencial como el agua potable. Vender la participación del Estado en las sanitarias sin abordar este problema es una irresponsabilidad que puede perjudicar a millones de ciudadanos.
El estatuto de las sanitarias exige un quórum del 75% de los accionistas para que las empresas puedan vender sus derechos de agua o destinarlos a un uso distinto del consumo humano. Al vender su participación, el Estado perderá todo control sobre los derechos de agua de dichas sanitarias.
¿Está el gobierno de Sebastián Piñera dispuesto a vender las acciones del Estado de Chile sin resolver previamente estos puntos arriesgando a millones de usuarios a cobros excesivos y sin un debate democrático del tema?
Por lo dicho, es necesario diferenciar ambos procesos. Mientras el primer proceso se hizo por ley, el actual es por decreto. Mientras en el original se mantuvo presencia del Estado en las empresas ahora se entrega todo el control al mercado. Mientras en los 90 se generó un marco regulatorio, aquí se pretende vender sin hacer las correcciones evidentes que éste requiere, lo que afectará a los consumidores y los intereses permanentes del estado más allá del gobierno de turno.
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