He considerado necesario escribir unas líneas, a fin de contarles una experiencia personal, que de seguro ocurre habitualmente a muchas personas con consecuencias muy negativas para ellos.
El día lunes 14 de Diciembre, el diario La Segunda hizo un reportaje sobre la “calidad de pagadores de los parlamentarios”. Para fundar dicho reportaje tomaron como indicador un “predictor de riesgo”, elaborado por la empresa DICOM. Dicho predictor, establece un ranking de riesgo en razón de 3 factores principales: Número de protestos que posee la persona; su número de morosidades y número de consultas de sus antecedentes que se han realizado a Dicom sobre dicha persona.
En dicho predictor, se me ubicó en el sector de riesgo entre “moderado y muy alto” con un puntaje 325 sobre 1.000, siendo 0 el más riesgoso y 1.000 el menos riesgoso.
Lo curioso de dicha clasificación es que -tal como se consigna en el informe- yo NUNCA he tenido un protesto de ningún documento y JAMÁS he tenido morosidades siquiera.
Es decir, mi “categoría de riesgo” se funda exclusivamente en la cantidad de personas que han consultado mis antecedentes, en las bases de datos de Dicom, que durante los últimos 3 meses fueron 18, de las cuales 2 corresponden a la empresa editora de La Segunda.
¿Cómo es posible que a alguien se le califique de riesgoso por el sólo hecho de ser consultado por terceros? ¿Es legal realizar “predictores de riesgo” basados en información irrelevante y ajena al ciudadano? ¿Cuáles son las consecuencias que una calificación como esa puede provocar a un ciudadano o a un microempresario?
En mi caso particular, esto no me afecta, pero creo necesario exponer esta situación para denunciar una injusticia que puede estar afectando a muchas personas, con consecuencias nefastas para sus finanzas particulares, por negárseles créditos en función de dicha información.
Qué pasaría si yo consultara 40 veces en un día, al director de un prestigioso medio de comunicación, a un dirigente empresarial, a un adversario político o a un Presidente de la República, con el objeto de afectar su calidad de riesgo, y luego eso se publica para perjudicar su imagen?
¿Qué riesgo puede representar alguien quien no teniendo nunca un protesto ni morosidad alguna, sólo ha sido consultado por terceras personas?
Esto no puede seguir sucediendo, considerando que probablemente esta situación afecta a miles o millones de personas honestas y esforzadas, micro o pequeñas empresas, cuya subsistencia depende de su capacidad crediticia, y que este tipo de información antojadiza e irrelevante, puede marcar la diferencia entre el empleo o la cesantía, entre el emprendimiento o la frustración.
Esta situación devela uno de los principales problemas que tiene la legislación chilena sobre protección de datos. Por ello, presentaré una moción parlamentaria destinada a prohibir este tipo de predictores, que se basan en consultas sin elementos objetivos de responsabilidad, y destinada también a prohibir su publicación en medios de comunicación, a fin de evitar que sean utilizados como elementos de lucha electoral y que además, afectan a ciudadanos indefensos, pues construyen perfiles de la gente, por el tratamiento de datos personales, lo que hace que a éstas se las pueda estigmatizar sin que siquiera exista causa para ello.
Felipe Harboe Bascuñán
Diputado x Santiago
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