martes, 14 de diciembre de 2010

OPORTUNISMO DE CRISIS

Cada vez que tenemos una crisis, aparecen los “estudiosos y expertos” del momento. Fue así con el terremoto y posterior tsunami. Opinólogos proponían mecanismos de despacho de emergencias, acusaban negligencias y pregonaban fórmulas de mejoramiento del sistema de alerta temprana. Incluso, los más osados alardeaban de ciertas capacidades de predicción de los fenómenos naturales. El gobierno por su parte, anunciaba una “gran reforma al sistema de emergencias”.

Luego con el accidente de la mina San José, el público se volvió a especializar en cosa de minutos. Ya muchos hablaban del Sernageomin como institución cercana y conocida (cuando en realidad muy pocos sabían de su existencia). Luego proliferaron las tesis sobre el desprendimiento de roca, la mala calidad del suelo, se especuló sobre las responsabilidades de los gobiernos anteriores sin siquiera conocer las normas vigentes. En fin, la minería fue lo nuestro. Por su parte, el gobierno anunciaba una “gran reforma a la institucionalidad fiscalizadora de la minería”.

En paralelo, los más profundos hacían mención a la mala calidad de las condiciones de trabajo en las diversas industrias y daban a conocer cifras escalofriantes de muertes laborales en la industria del salmón, forestal, cuprífera, etc. ¿Y el gobierno? Obviamente, anunciaba una “gran reforma de las normas de protección de los trabajadores”.

Hoy se trata de las cárceles y sus habitantes. Un tema incómodo que pocos quieren tocar, pero del cual muchos gustan de opinar. Hasta antes de la tragedia, un sector de la sociedad pregonaba “la mano dura” contra los delincuentes, el “candado a la puerta giratoria”, el fin de “las libertades provisionales a los delincuentes”. Hoy, a horas de la mayor tragedia carcelaria, todos cuestionan el no haber hecho modificaciones al sistema carcelario. ¿Acaso el mundo político y periodístico no conocía dicha realidad? Por favor, existen sendos informes de diversas instituciones que instan al mejoramiento de las condiciones de reclusión. Surgen entonces los neo-expertos en temas de seguridad y carcelarios que opinan de todo sin saber nada. ¿Sabrán estos opinólogos sobre los avances que hemos tenido en esta materia? Más allá de lo pendiente, creo necesario refrescar la memoria.


Evolución de la población penal:
En 1990 teníamos 38.711 personas sujetas a vigilancia de gendarmería, de las cuales 22.593 eran internos y 16.118 sujetos a alguna medida alternativa.
El año 2009 la cifra total de personas bajo vigilancia de Gendarmería llegaba a 105.958 personas; de las cuales 53.038 eran internos y 52.920 sujetas a alguna medida alternativa.

Entre el año 2000-2005 el incremento de la población recluida llegaba a 3,6% anual. Entre los años 2005-2008 dicha cifra se incrementó a 6,9% anual, lo que en términos reales significó un incremento aproximado de 3.000 presos anuales.

En el caso de las personas sujetas a medidas alternativas, entre los años 2000-2005 disminuyeron en -3,1%. Entre los años 2005-2008 sufrió un incremento explosivo de 16,1%; lo que en términos reales significó que al año la cantidad de personas sujetas a medidas alternativas creció en aproximadamente 7.000.

El 2003 (inicio de la Reforma Procesal Penal en todo Chile) la población penal estaba compuesta por 35% de condenados y 65% de internos a espera de condena. El año 2010 la relación es inversa 72% de condenados y 28% de internos a espera de condena.

En materia de Infraestructura:
Entre el año 1990 y el año 2010 los metros cuadrados de cárceles crecieron un 150%, pasando de 400.000 a 691.000 m2. Es decir, en 20 años se invirtió en cárceles más de lo invertido en toda la historia de nuestra república. Así, entre 2000-2010 se incrementó en 7.500 la capacidad carcelaria con la construcción de nuevos penales. (Santiago 1, Puerto Montt, Valdivia, El Manzano (Concepción)).

Además se entregó financiado el proyecto de la nueva cárcel de Antofagasta. Con terrenos comprados los nuevos penales de Talca (con diseño hecho) y Santiago 2. (AMBOS PROYECTOS DETENIDOS POR EL ACTUAL GOBIERNO)
De igual forma, se anunció el 2° programa de 5 nuevas cárceles concesionadas con la entrega de recursos para compra de terrenos para el año 2010 para nuevos penales de:
Calama, Copiapó, V Región Interior, VIII región Norte (Chillán) y Temuco. TODOS DETENIDOS POR EL NUEVO GOBIERNO)

Al observar el presupuesto del año 2010[1], el Ministerio de Justicia contaba para INVERSION con $48.591 millones y su ejecución a Septiembre alcanza sólo al 48% ($23.000 millones); mientras que el año pasado se ejecutó el 94% del presupuesto destinado a inversión. 

Por otra parte, para el presupuesto 2011, el gobierno REDUCE el presupuesto de inversión en infraestructura penitenciaria bajando de $48.000 millones a $34.000 millones, es decir, $14.000 MILLONES MENOS para inversión de infraestructura penal.

En resumen: El actual gobierno sólo ha ejecutado el 48% del total disponible para invertir en infraestructura penitenciaria. Luego de 9 meses sigue evaluando los proyectos de 7 nuevos recintos penales, sin licitar ni iniciar la construcción de ninguno de ellos. Además en el presupuesto 2011, el gobierno REDUCE el presupuesto de inversión en 14.000 millones.

¿Dónde está entonces el sentido de urgencia de este gobierno en materia de infraestructura penitenciaria?

En materia de dotación de Gendarmería cabe señalar que:
La dotación de Gendarmería se aumentó el 2004 en 4.000 plazas. Luego por ley 20.426 se incrementó en 5.800 nuevas plazas, lo que equivale a un incremento de 56% del total de la planta de Gendarmería. Con ello, desde 1990 el incremento porcentual de la dotación de Gendarmería alcanza el 190%. Aún falta, pero se ha avanzado.

Presupuesto 2010 de Gendarmería fue el más alto de la historia. El 2011 se incrementa en 15% pero sólo el 3% va a rehabilitación.

¿Cuál es el tema de fondo: + cárceles o – presos?

Hoy es un hecho que existen 54.000 personas a las cuales la justicia las ha puesto tras las rejas por su participación en algún delito. Lo que procede entonces, es construir recintos penitenciarios destinados a albergar a dicha población penal, de manera que dicho encierro no signifique contacto criminógeno e incentive o propenda a la rehabilitación social, y se encuentre dotado de infraestructura y tecnología adecuada para evitar hacinamiento y accidentes como el ocurrido en la cárcel de San Miguel.

Algunos académicos han planteado el tema de disminuir la cantidad de personas privadas de libertad e intentan asociar este tipo de accidentes a la alta penalidad existente en nuestro ordenamiento jurídico. Sin duda, algo de eso hay, pero muchos han sido incapaces de aportar mecanismos reales para el control delictual. ¿Se imagina usted un gobierno que para disminuir el hacinamiento carcelario abriera sus puertas; o un sistema judicial que no condene a penas privativas de libertad por el hacinamiento existente?
Ciertamente sería un escándalo. La respuesta debe ser más seria y más profunda. La academia debería propender con debates al establecimiento de una política criminal clara, que estableciera parámetros diversos para la protección de los diferentes bienes jurídicos. Así, los delitos contra la vida, la integridad física y la libertad sexual de las personas (y en particular de los menores) debieran contar con una penalidad muy superior a aquellos que afectan la propiedad en cualquiera de sus formas, sea material o inmaterial. No resulta razonable observar a reos por infracción a la propiedad intelectual compartiendo celda con violadores u homicidas. Ciertamente el parámetro delictual de ambos reclusos es (o era) completamente diverso, tanto en su representación moral como en lo que estaba dispuesto a hacer, y el bien jurídico dispuesto a afectar para proveerse de bienes o causar daño. Mientras el primero estaba dispuesto a vulnerar las normas de propiedad intelectual y desafiar las normas de orden público, el segundo estaba dispuesto a atentar contra la libertad sexual de una tercera persona para satisfacerse; y el tercero incluso a disponer de la vida de otro para lograr sus pretensiones.

Mientras los académicos siguen discutiendo al respecto, la ciudadanía clama por seguridad y exige a sus autoridades adoptar medidas para garantizar sus derechos básicos, en particular su vida, su libertad sexual y ambulatoria, muchas veces coartadas por el delito.

En consecuencia, será responsabilidad de las autoridades lograr avanzar en la disminución de la victimización y del mejoramiento de las condiciones carcelarias. Mientras lo primero requiere de la articulación de medidas integrales que van desde la prevención social, situacional, el control, la sanción y la rehabilitación; el segundo desafío requiere de decisiones urgentes, toda vez que el retraso en la construcción de recintos penales sólo posterga una nueva crisis y no aporta al proceso de rehabilitación y reinserción social necesarios para quebrar las conductas delictivas de los clientes frecuentes de nuestros recintos penitenciarios. En paralelo, la implementación de los jueces de cumplimiento de condenas parece una buena alternativa en cuanto se le entrega a una autoridad jurisdiccional diversa, la obligación de verificar las condiciones y el cumplimiento de las medidas alternativas a la privación de libertad. Los tribunales de tratamiento de drogas también aparecen como un importante aporte al proceso de desintoxicar –y con ello atacar la causa del delito- a muchos condenados que cometieron sus delitos a causa de la droga o para proveerse de la misma.

Estos son los debates que debemos dar y sobre los cuales debemos abocar nuestros esfuerzos. El oportunismo de crisis y la experticia coyuntural, denotan una falta de compromiso con la superación real de las adversidades de nuestro país; y los que más vociferan, a la hora de proponer o de trabajar, guardarán majestuoso silencio hasta la otra crisis donde su “especialización”, será aún mayores que en los anteriores.


[1] Partida 10, Capítulo 01, programa 01; Subtítulo 31: “Inversión”

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