Fueron los últimos 6 años en los que la derecha chilena, hizo del discurso de la inseguridad, el temor y la delincuencia su bandera de lucha y la más eficiente arma electoral: “el gobierno ha perdido la batalla contra el delito” “los delincuentes se tomaron el país”, “estamos viendo un gobierno de mano blanda”... Estas eran algunas de las frases de la oposición de entonces destinadas a descalificar a la autoridad.
Veamos lo ocurrido desde el 11 de Marzo. El primer hito lo marcó la Encuesta de Victimización, según la cual durante el gobierno de Bachelet los delitos disminuyeron de 38,4 a 33,6%, superando la meta autoimpuesta y dejando una ardua tarea para la nueva administración.
Luego el Gobierno tuvo un buen inicio con el lanzamiento del Plan Chile Seguro. Un instrumento integral, adecuado y ordenador de las prioridades en materia de seguridad con una meta pública de reducir la victimización.
Un Ministro empoderado, en terreno, a cargo del tema, parecía una buena iniciativa. El problema es que la ardua función política que exige tal investidura ha circunscrito el accionar de la autoridad a “aparecer” en allanamientos, decomisos, en anuncios de medidas o acciones de persecución, dejando el seguimiento de la ejecución de la política pública en equipos intermedios.
Se anunciaba una nutrida agenda legislativa en materia de seguridad. Lo cierto es que a 9 meses de asumido el gobierno, sólo se encuentran en vigencia las leyes que aumentan las dotaciones de Carabineros y de la PDI, quedando pendiente -de envío al parlamento o de aprobación en él- gran parte de dicha agenda.
Aún no se logra aunar conceptos y capacitar a los funcionarios intermedios en materia de seguridad. Así, es posible observar cómo el Intendente de la Región Metropolitana mensualmente realiza análisis delictuales que carecen de fundamentos técnicos. Aseverar la disminución de homicidios con cifras policiales, revela el profundo desconocimiento del tema ya que dicha cifra sólo es posible determinarla a partir de información del Ministerio Público y del Servicio Médico Legal.
De igual forma persisten aquellos que con el loable objetivo de crear “sensación” de seguridad intentan afirmar la baja de delitos fundada en la baja de denuncias. Situación que revela la falta de preparación técnica de quienes esgrimen este argumento. Toda vez que a menor denuncia, existe mayor impunidad al no alertar al organismo persecutor y, por el contrario, debiera ser motivo de preocupación institucional.
Con todo, la última encuesta Adimark revela un problema de mayor complejidad, se consolida una tendencia a la baja en la evaluación del desempeño del gobierno en materia de lucha contra la delincuencia.
Es decir, más allá de la inexistencia de debate público sobre las medidas adoptadas, de la evidente disminución de difusión de noticias sobre delincuencia, del aporte de la oposición en los diversos proyectos de ley en discusión en el Parlamento; de la omnipresencia del ministro del Interior en los medios de comunicación; existe la percepción ciudadana de que la seguridad no mejora.
Ahora bien, ¿es exigible a un gobierno que lleva 9 meses la disminución considerable del delito? Ciertamente no. La razón: existen muchas causas del delito y la violencia. Su disminución dependen de la articulación de diversas autoridades e instituciones y la coordinación con entidades constitucionalmente autónomas. Así es, la “lucha contra la delincuencia” es mucho más compleja de lo que aparenta desde afuera.
Hoy, las actuales autoridades están viendo que lo que prometían con llamativas frases no es posible cumplirlo en el corto plazo, no por mala voluntad ni por incapacidad probada, sino porque muchas de las medidas requeridas para ello no dependen de sus facultades sino de otras instituciones y coordinarlas en el marco de la legalidad de la administración pública resulta extremadamente complejo.
Porque además se requiere continuidad de políticas públicas y la conformación de una política de Estado en esta materia, que trascienda a los gobiernos de turno donde la prevención social y la rehabilitación (políticas de mediano y largo plazo) juegan un rol políticamente atemporal.
La reducción de la victimización es un desafío país, pero la responsabilidad de ello está hoy radicada en el gobierno de Sebastián Piñera. Muchos ciudadanos votaron por el actual presidente porque logró convencerlos de que él sería mucho mejor en el control del delito y los delincuentes.
A juzgar por los hechos y, en particular por los recientes números de la encuesta Adimark que ya marcan tendencia, los ciudadanos no están percibiendo mejoras en este tema y, lo que es más complejo, cada mes que pasa son más los que se suman a esta opinión. Ciertamente otra cosa es con guitarra.
Veamos lo ocurrido desde el 11 de Marzo. El primer hito lo marcó la Encuesta de Victimización, según la cual durante el gobierno de Bachelet los delitos disminuyeron de 38,4 a 33,6%, superando la meta autoimpuesta y dejando una ardua tarea para la nueva administración.
Luego el Gobierno tuvo un buen inicio con el lanzamiento del Plan Chile Seguro. Un instrumento integral, adecuado y ordenador de las prioridades en materia de seguridad con una meta pública de reducir la victimización.
Un Ministro empoderado, en terreno, a cargo del tema, parecía una buena iniciativa. El problema es que la ardua función política que exige tal investidura ha circunscrito el accionar de la autoridad a “aparecer” en allanamientos, decomisos, en anuncios de medidas o acciones de persecución, dejando el seguimiento de la ejecución de la política pública en equipos intermedios.
Se anunciaba una nutrida agenda legislativa en materia de seguridad. Lo cierto es que a 9 meses de asumido el gobierno, sólo se encuentran en vigencia las leyes que aumentan las dotaciones de Carabineros y de la PDI, quedando pendiente -de envío al parlamento o de aprobación en él- gran parte de dicha agenda.
Aún no se logra aunar conceptos y capacitar a los funcionarios intermedios en materia de seguridad. Así, es posible observar cómo el Intendente de la Región Metropolitana mensualmente realiza análisis delictuales que carecen de fundamentos técnicos. Aseverar la disminución de homicidios con cifras policiales, revela el profundo desconocimiento del tema ya que dicha cifra sólo es posible determinarla a partir de información del Ministerio Público y del Servicio Médico Legal.
De igual forma persisten aquellos que con el loable objetivo de crear “sensación” de seguridad intentan afirmar la baja de delitos fundada en la baja de denuncias. Situación que revela la falta de preparación técnica de quienes esgrimen este argumento. Toda vez que a menor denuncia, existe mayor impunidad al no alertar al organismo persecutor y, por el contrario, debiera ser motivo de preocupación institucional.
Con todo, la última encuesta Adimark revela un problema de mayor complejidad, se consolida una tendencia a la baja en la evaluación del desempeño del gobierno en materia de lucha contra la delincuencia.
Es decir, más allá de la inexistencia de debate público sobre las medidas adoptadas, de la evidente disminución de difusión de noticias sobre delincuencia, del aporte de la oposición en los diversos proyectos de ley en discusión en el Parlamento; de la omnipresencia del ministro del Interior en los medios de comunicación; existe la percepción ciudadana de que la seguridad no mejora.
Ahora bien, ¿es exigible a un gobierno que lleva 9 meses la disminución considerable del delito? Ciertamente no. La razón: existen muchas causas del delito y la violencia. Su disminución dependen de la articulación de diversas autoridades e instituciones y la coordinación con entidades constitucionalmente autónomas. Así es, la “lucha contra la delincuencia” es mucho más compleja de lo que aparenta desde afuera.
Hoy, las actuales autoridades están viendo que lo que prometían con llamativas frases no es posible cumplirlo en el corto plazo, no por mala voluntad ni por incapacidad probada, sino porque muchas de las medidas requeridas para ello no dependen de sus facultades sino de otras instituciones y coordinarlas en el marco de la legalidad de la administración pública resulta extremadamente complejo.
Porque además se requiere continuidad de políticas públicas y la conformación de una política de Estado en esta materia, que trascienda a los gobiernos de turno donde la prevención social y la rehabilitación (políticas de mediano y largo plazo) juegan un rol políticamente atemporal.
La reducción de la victimización es un desafío país, pero la responsabilidad de ello está hoy radicada en el gobierno de Sebastián Piñera. Muchos ciudadanos votaron por el actual presidente porque logró convencerlos de que él sería mucho mejor en el control del delito y los delincuentes.
A juzgar por los hechos y, en particular por los recientes números de la encuesta Adimark que ya marcan tendencia, los ciudadanos no están percibiendo mejoras en este tema y, lo que es más complejo, cada mes que pasa son más los que se suman a esta opinión. Ciertamente otra cosa es con guitarra.
No hay comentarios:
Publicar un comentario