¿POR QUÉ LA CAMPAÑA FIN A LOS ABUSOS DEL DICOM?

Mucha gente me ha preguntado el por qué de la campaña para terminar con abusos del Dicom. La respuesta fácil sería decir “porque es injusto”. Ciertamente lo es, pero las razones son mucho más profundas y dicen relación con nuestro nuevo Chile y la necesidad de lograr que la política como actividad se haga cargo de los procesos y desafíos que nos está exigiendo la ciudadanía, de lo contrario las angustias ciudadanas seguirán y con ellas el descrédito de una actividad necesaria para la democracia, simplemente por no ser capaz de entender los procesos que enfrenta nuestra sociedad.

Nuestro país durante los últimos 20 años cambió de manera radical, con él también lo hicieron nuestros compatriotas. La familia, el trabajador, el estudiante y el emprendedor no son similares a los de los 90. El sostenido crecimiento, el desarrollo del mercado y la consolidación de un modelo donde el consumo juega un rol relevante, cambiaron de manera definitiva a nuestros ciudadanos. Muchas familias que en los 90 sólo aspiraban a contar con servicios básicos, hoy poseen vivienda, sus hijos están en el sistema escolar y la calidad del empleo de sus integrantes le permite el acceso a mayor cantidad de bienes y servicios. Quizás incluso le permita el acceso al crédito de casas comerciales y de financieras. Es decir, hoy el endeudamiento (o sobreendeudamiento) es parte del paisaje cotidiano de la denominada “clase media emergente”.

El 48% de compatriotas que a comienzos de los 90 estaba bajo la línea de pobreza, hoy pertenece en gran proporción a esta nueva categoría social. Más allá de la estadística, no estoy seguro si esa gente, económicamente corresponda ubicarla en esa categoría, al considerar sus altos niveles de endeudamiento, que los hace disfrutar (angustiosamente) de un nivel de vida que probablemente no les corresponda de acuerdo a su nivel de ingreso real. Pero lo cierto, es que al preguntarle a ellos mismos, se consideran parte de la clase media al observar familias en peores condiciones sociales.

A ellos, las políticas públicas asistenciales los abandonaron desde el momento en que la encuestadora se dio cuenta del plasma, el DVD o pudo ver que la casa era sólida. Desde ese instante se le colgó un número (puntaje) que la transformó en indigna de recibir ayuda social del estado. Fue como un castigo a la superación. ¿Qué hizo esa familia para mantener su condición? Extremar sus esfuerzos para encontrar otra fuente laboral para otro integrante y así allegar recursos para mantener su “nivel de vida”; o subirse al carro del crédito e iniciar la escalada de (sobre) endeudamiento. Comprar en cuotas, pedir avances en efectivo, repactar sus deudas una vez al año, privilegiar una cuota por sobre la otra, en fin, asumir la angustia del sobreendeudamiento para poder seguir accediendo al consumo y mantener su “nivel de vida”.

El modelo económico fue calando profundamente en las definiciones valóricas familiares y, por consiguiente en la formación de las nuevas generaciones. En esta sociedad del siglo XXI consumir ya no es pecado y, muy por el contrario para algunos constituye sinónimo de status social. “Se vale en cuanto lo que se tiene y no en cuanto lo que se es”. Consumir para adquirir bienes resulta obviamente legítimo. Sobre consumir como elemento de status parece inapropiado. Pero sobre endeudarse para adquirir bienes lejos de mejorar la “calidad de vida” sólo mejora el acceso a los mismos y con ello quizás, cierto reconocimiento social de éxito y superación.

Cuando más del 48% de los chilenos vive en esta condición, la política (si quiere ser representativa de la sociedad) debe reflexionar y adoptar medidas destinadas a minimizar los impactos sociales negativos que está generando el sobreendeudamiento familiar; una verdadera explosión social silenciosa que angustia a miles de familias e incrementa los indicadores de pobreza de nuestro país.

En este escenario, el sistema bancario y comercial fomenta el endeudamiento de manera desproporcionada, ofreciendo alternativas de bancarización o acceso a créditos de casas comerciales o tarjetas de crédito a personas o familias que a todas luces carecerán de capacidad de pago en el mediano plazo. De hecho, el modelo de negocio de las casas comerciales ha ido variando hacia un modelo basado en el crédito de sus clientes fomentando su endeudamiento a través de incentivos a la compra en cuotas con sus propias tarjetas de crédito. Lo anterior junto con fundarse en el atractivo modelo de negocios, encuentra respaldo en el sistema ya que las garantías exigidas a los clientes les permiten asumir sus riesgos inmediatos fundados en garantías reales (generalmente inmuebles) y la garantía general del acreedor, por medio de la cual pueden perseguir el pago de sus deudas con la totalidad de los bienes de sus deudores.

El sistema no se quedó ahí, creó sus propios centros de información destinados a servir de “evaluadores de riesgo crediticio”. En ellos se incluyeron antecedentes personales de ciudadanos (adquiridos de manera desleal), comportamientos de pago, incumplimientos mercantiles y otros antecedentes, los que en conjunto permitirían evaluar a las personas en cuánto sujetos de crédito. Más allá de lo subjetivo de los juicios y de las clasificaciones que se hacen, el sistema inició una ofensiva de posicionamiento en nuestro sistema comercial, y hoy a pesar de ser una empresa privada actúa como un instrumento, que en la práctica, coarta el acceso o ejercicio de derechos fundamentales.

No parece justo que exista un sistema destinado a discriminar y segregar social y laboralmente a personas en atención a retrasos o moras mercantiles. Por ello es que iniciamos la campaña “Firma para borrar tu Dicom”. Al principio teníamos muchas dudas de que resultara, que la gente confiara y que tuviéramos la capacidad de mantener una campaña en el tiempo. No queríamos que fuera sólo una conferencia de prensa y después nada. Utilizamos redes sociales para convocar a voluntarios(as), como Twitter, Facebook y el portal harboeaccion.cl, que fueron los puntos de encuentro y contacto con los voluntarios que llegaron en el momento peak a ser aproximadamente 1.200 personas, chilenos y chilenas que comprendieron el problema y no se quedaban impávidos ante esta discriminadora medida del Dicom. Ellos, decidieron sumarse y salir a la calle, al barrio, al oficina, en la familia, en fin, en su entorno y buscar firmas para apoyar esta campaña. Contamos con el apoyo de “rostros” de la televisión que demostraron tener un gran “corazón” por los que estaban sufriendo por el Dicom. Luego comenzaron a llegar vecinas, concejales, alcaldes, diputados(as) de diversos sectores y simplemente querían sumarse y ayudar. Sorpresa nos causó cuando un grupo de jóvenes innovadores se ofreció para hacernos un portal web para la campaña y que resultó todo un éxito. En fin, la ciudadanía comenzó a movilizarse por una causa, por un sueño que se traduciría en una medida concreta. Comenzábamos a despertar a los ciudadanos de verdad, los de la calle, los que sufrían con el Dicom o los que veían cómo otros lo hacían y no querían más injusticias. Luego de 7 meses de trabajo de calle, 1.086.314 personas firmaron para terminar con los abusos del Dicom. Logramos el primer paso. Ahora vamos por la aprobación del proyecto.

El proyecto se hace cargo de un drama social que afecta a cerca de 4 millones de personas, y que significa para muchas familias angustia, discriminación, marginalidad y pobreza. En efecto, lo que originalmente buscaba ser un evaluador de riesgos para créditos, hoy se ha transformado en un certificado de conducta de los ciudadanos, siendo para los efectos de la vida cotidiana, incluso peor que poseer antecedentes penales.

De hecho estar en Dicom, impide a muchos el acceso a fuentes laborales, a la matrícula en algunos establecimientos de educación privada o el acceso a centros de salud, a fondos de emprendimiento e incluso a la compra de un teléfono móvil.

Lo anterior parece ilógico e injusto, ya que muchos compatriotas siendo personas honestas han caído en insolvencia temporal por causas involuntarias como la enfermedad catastrófica de un familiar, la muerte del proveedor, la ruptura familiar o la cesantía. Si queremos que un deudor pague sus deudas, no parece lógico impedirle el acceso al trabajo por tenerlas, ya que es un círculo vicioso que termina condenando a personas y sus familias a la marginalidad y exclusión social, incrementando los niveles de pobreza en nuestro país. Todo lo que las políticas públicas logran al aumentar los ingresos de los más desposeídos, se contradice con un sistema que al menor traspié discrimina, margina y condena a pequeños deudores.

Si Chile quiere fomentar el emprendimiento y la innovación, sin terminar con estos abusos será imposible. ¿Cómo le decimos a un emprendedor que se arriesgue a innovar si a la primera de fracaso informamos a todos que es un deudor y lo exponemos como un cuasi delincuente y además le negamos acceso a créditos y al mercado laboral? ¿Cuál es el incentivo para emprender nuevos negocios?

Es decir, todo aquello que la política pública busca incentivar, innovación, emprendimiento, inclusión social, equidad, ascenso social y acceso al mercado laboral, lamentablemente la desnaturalización del sistema de información de deudas mercantiles, lo contradice y lo afecta. Por ello es que se hace necesario terminar con estos abusos del Dicom. Debemos aplicar en Chile el principio de finalidad de los datos, en virtud del cual la información recolectada sólo puede ser utilizada para los fines declarados, esto es, para evaluación de riesgos de crédito, quedando completamente prohibida su utilización para otros aspectos como el acceso a trabajo u otro derecho fundamental. De igual forma, el proyecto termina con el acceso universal a la información para evitar que cualquier persona acceda a información comercial propia de otro ciudadano sin su consentimiento, ya que se presta para abusos y discriminación en ámbitos que nada tienen que ver con el riesgo crediticio. Con el proyecto se reconocerá que cada uno de nosotros somos dueños y titulares de los datos, y que las empresas que hoy los poseen son meros administradores de los mismos para los efectos establecidos en la ley, con ello no podrán comercializarlos a espaldas nuestras y, sólo cada uno de nosotros podrá acceder a dicho registro cuando los necesitemos, tal como ocurre en la actualidad con el certificado de antecedentes penales que sólo puede pedir su titular y evitar que cualquier persona lo obtenga para fines desconocidos por su dueño y por la autoridad.

En el marco de a discusión del anteproyecto, los abogados tuvieron reuniones con diversos parlamentarios para escuchar sus observaciones al texto. Una de las adiciones del proyecto, fue la relativa a la repactación de deudas con casas comerciales. Hoy quien demora el pago de una deuda de casa comercial es ingresado al Dicom. Hay empresas que permiten repactar la deuda y por esa disposición la empresa aumenta la cantidad de cuotas de la deuda original e incrementa el costo final para el cliente. Es decir, al momento de repactar, el cliente está asumiendo un costo adicional impuesto por la empresa. La deuda cambia (novación) y, por tanto, si se trata de una nueva deuda, no se observa razón para que el cliente repactado sea mantenido en Dicom por el retraso en la deuda original. Esto viene a poner fin a un sistema donde los ciudadanos honestos morosos intentan superar tal condición acercándose voluntariamente a la casa comercial a regularizar su situación mercantil y, a pesar de asumir un costo adicional, la empresa lo mantenía en Dicom con los perjuicios conocidos y la afectación de sus derechos como ciudadano.

Hemos avanzado, qué duda cabe. Lo que parecía imposible, hoy sólo nos parece difícil, pero la política requiere de audacia y coraje para enfrentar los problemas que afectan el diario vivir y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Ciertamente este proyecto no terminará con el sobre endeudamiento de nuestra sociedad ni significará un cambio en los valores relativos al consumo ni tampoco variará el modelo económico. Pero mientras iniciamos el debate de fondo, debemos poner freno a la angustia de la discriminación y marginalidad generada por el Dicom que condena en vida a ciudadanos.

Espero en una futura columna poder escribir con alegría que la clase política parlamentaria estuvo a la altura y logró aprobar oportunamente un proyecto transversal destinado a ayudar a quienes a diario duermen angustiados por no encontrar trabajo producto de un verdugo llamado Dicom.