LA TOMA DEL SENADO

Que el ambiente está que arde no cabe ninguna duda. De la incapacidad del gobierno para dialogar y resolver políticamente sus conflictos tampoco. Esta incapacidad ha ido calentando los ánimos en la sociedad.

Los estudiantes observan con desconfianza el futuro del debate por la educación. Los vecinos angustiados por los desmanes y agresiones de sus hogares y barrios. Los carabineros exhaustos, molestos y preocupados por las largas jornadas de enfrentamiento y creciente agresividad en las manifestaciones. Los parlamentarios de la alianza preocupados por la constatación en terreno de la decepción generalizada de los ciudadanos para con este gobierno. La oposición se siente agredida por la descalificación permanente de parte del gobierno y por su propio “fuego amigo”. Molestia en el Poder Judicial por el cuestionamiento de sus fallos y enojo en el Ministerio Público por la negativa de la autoridad de financiar su plan de fortalecimiento. Los empresarios preocupados por la potencial “generalización” del debate sobre el lucro; y decepcionados de la falta de capacidad de conducción política de la actual autoridad.

En este ambiente de falta de diálogo, recriminaciones cruzadas y “pasadas de cuenta” se produce un hecho que aún teniendo precedentes históricos, requiere de un breve análisis. La toma del Senado.

Un grupo de ciudadanos, militantes y operadores sociales decide tomarse la sede del Senado de la República. Reduciendo a un carabinero logran ingresar, interrumpen una sesión de trabajo y permanecen durante algunas horas. El episodio finaliza con la salida “voluntaria” y pacífica de los manifestantes. Si bien el resultado final es positivo al no generarse enfrentamientos, no se puede dejar pasar e hecho de validar las tomas como mecanismo de presión.

Por muy legítimas que sean las reivindicaciones, las formas de exigirlas deben ser con pleno respeto a las garantías individuales y al funcionamiento institucional. La libertad ambulatoria, la integridad física y el respeto a las instituciones se vieron mermadas con la acción realizada en el Senado. Irrumpir en una institución requiere primeramente de una decisión anticipada y planificada. Requiere concoer la seguridad existente, la agenda en desarrollo y la posibilidad de contar con presencia mediática para difundir la acción. Es decir, esta acción no fue espontánea. Fue debidamente planificada por sus organizadores. La toma de una institución denota en quien la realiza la falta de confianza y respeto por la institución que se afecta. Denota la molestia por la incapacidad de resolución de un problema, sea personal o colectivo. Situación que por lo general se encuentra dentro del ámbito de ejecución y, por tanto del poder ejecutivo.

Al tratarse de la toma del Senado de la república es importante considerar que se trata de una institución fundamental de la democracia donde confluye un grupo de ciudadanos elegidos democráticamente por los ciudadanos (aunque excepcionalmente algunos no), para que los representen en la elaboración de leyes. Es decir, en la dictación de normas de conducta que regulen a la sociedad en su conjunto sirviendo de base para plasmar la visión que se tiene de la sociedad. En un sistema de democracia representativa, atentar contra el Senado o la Cámara de Diputados es atentar directamente contra los ciudadanos, ya que quienes allí laboran lo hacen por cuenta de sus electores. Interrumpir su trabajo para intentar imponer una visión sobre la educación es igualmente violento que no ser escuchados por las autoridades. Si la clase política ha criticado la falta de diálogo entre autoridades y estudiantes, entonces no resulta coherente aceptar sin mediar diálogo alguno que un grupo de militantes y organizadores de marchas se tomen una institución representativa de los ciudadanos y condicionen su salida pacífica a la adopción de compromisos destinados a garantizar la defensa de su visión sobre un determinado tema. Legitimar ese tipo de actos podría llevar a aceptar que la presión sobre las instituciones sea la forma de resolver las divergencias que coexisten en una sociedad. La coacción de quien debe decidir para obligarlo o al menos condicionar el sentido de su decisión no puede ni debe ser aceptado, ya que de lo contrario se estaría legitimando una forma de conducción de la sociedad basada en la amenaza y la agresión de sus representantes.

El sistema de democracia representativa debe ser mejorado para lograr mayor representatividad de la ciudadanía. Pero ningún perfeccionamiento será suficiente para aquellos que pretenden imponer su visión por la vía de la coerción o amenaza. Debemos ser capaces de acelerar el proceso de cambios de nuestro sistema de representación política. Para ello se requiere que de una vez por todas y sin miramientos particulares, los líderes de los cuerpos intermedios que participan de las decisiones del país (partidos políticos) se pongan de acuerdo en función de una reforma del sistema de elección, reemplazos, partidos, transparencia y regulación de la actividad política, ya que de lo contrario el creciente descrédito de la actividad podría masificar la sensación de “la política por mano propia” y, afectar de manera definitiva a las instituciones republicanas de representación ciudadana.

INVOCAR LA LEY DE SEGURIDAD DE ESTADO

El gobierno ha anunciado la aplicación de la ley de seguridad del estado para enfrentar la quema de un bus del transantiago.

Lo primero que creo se debe despejar es mi condena hacia la violencia en cualquiera de sus formas y, la distinción clara entre las movilizaciones sociales y la delincuencia como saqueos, destrucción de propiedad y quema de vehículos o buses. Mientras lo primero constituye un derecho fundamental que debemos proteger, lo segundo no debe ser justificado por ningún sector ya que por un lado afecta a la movilización social y por el otro genera daños y temor en la ciudadanía.

Ciertamente el anuncio del gobierno tiene un alto sentido mediático. Busca endurecer el discurso ante una ciudadanía que observa con preocupación la creciente ocurrencia de hechos de violencia en las diversas ciudades y aprovecha de entregar un mensaje a sus electores -amantes del orden- que ven con estupor un gobierno incapaz de salvaguardar uno de sus bienes más preciados, el orden público.

Lo cierto es que al invocar la ley de seguridad del estado, el gobierno opta por utilizar un instrumento punitivo excepcionalísimo, la Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado. En particular se invoca el artículo 6° letra c), que ubicado en el Título relativo a los Delitos contra el orden público, prescribe:

“Cometen delito contra el orden público:

c): “Los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho, por cualquier medio, destruyan, inutilicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública, o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales de comunicación, de transporte y de distribución, o los que, en la misma forma, impidan o dificulten el acceso a dichas instalaciones, medios o elementos; (…)”

Para evitar confusiones que han aparecido en algunos medios de comunicación, la invocación de la norma que anunció el gobierno se refiere exclusivamente al hecho de la quema del bus del transantiago; lo que se traduce en la práctica en la presentación de una querella criminal interpuesta por el ministerio del Interior (Intendencia).

Si el objetivo real es evitar la impunidad de este tipo de hechos, a mi juicio el gobierno equivoca el punto, toda vez que no estamos en presencia de una falta de tipo penal para el caso particular ni de un tipo penal con baja penalidad como veremos a continuación:

El delito consignado en la letra c) del artículo 6° de la ley 12.927 posee una sanción que de conformidad al artículo 7° inciso quinto de la misma ley va desde presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo; es decir, desde los 3 años y 1 día hasta 10 años de presidio.

Al tratarse el hecho que se persigue de un incendio de un bus, podría perfectamente invocarse la norma contenida en el artículo 477 del Código Penal para el delito de incendio, la que en su numeral 1° consigna la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de 11 a 15 UTM si el daño causado a terceros excediere de 40 UTM. Es decir, el tipo penal de incendio contemplado en el Código Penal contempla una sanción similar (3 años y 1 día a 10 años de presidio) la diferencia de esta norma es que además de la sanción privativa de libertad, se contempla una multa pecuniaria al condenado.

En consecuencia, si el objetivo del gobierno es incrementar la pena de los hechores de la quema del bus, al invocar la ley de seguridad del estado no lo logrará ya que como vimos, el delito de incendio y la norma invocada tienen igual sanción punitiva.

Despejado el tema de la penalidad entonces corresponde analizar el verdadero problema que enfrenta el actual gobierno. A mi juicio el problema real de las autoridades no radica en la inexistencia de un tipo penal o la baja penalidad de los delitos asociados a la quema de un bus; sino que está en la incapacidad institucional del estado para lograr la identificación de los autores de estos delitos. En efecto, ya nos hemos acostumbrado a observar el actuar impune de encapuchados o de personas que queman vehículos o buses. ¿Por qué no es posible lograr su identificación? Mi percepción es que los violentistas han cambiado sus técnicas a fin de evadir su identificación y captura, mientras el sistema de inteligencia no ha evolucionado con igual rapidez. En consecuencia, el esfuerzo del gobierno debe centrarse en mejorar la gestión de información, la coordinación de los diversos actores institucionales a fin de lograr la identificación y captura de esa pequeña minoría que produce daños y violencia. No se saca nada con realizar detenciones masivas de participantes en manifestaciones ya que un gran porcentaje queda en libertad por falta de pruebas. Lo que se requiere es que se aísle, identifique y detenga a los violentistas, los que saquean, queman y destruyen sin importar la causa de la manifestación. Esos que utilizan las manifestaciones o fechas conmemorativas para intentar un manto de impunidad a sus hechos delictuales. Se requiere mejorar la eficacia de la inteligencia nacional.

Cabe recordar que este ministerio del interior, como ningún otro en 20 años, cuenta con todas las facultades para coordinar a las policías y a la ANI, ya que la creación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública ubicó bajo se dependencia las instituciones policiales. Es decir, hoy el ministerio del interior tiene más herramientas y menos resultados.

Un segundo orden de problema radica en la incapacidad o impericia probatoria de los desmanes o daños causados por los detenidos. En efecto, en conversación con fiscales he podido constatar que la nula calidad probatoria de los partes policiales que acompañan las actas de detención atenta contra la efectiva persecución penal. Esto resulta especialmente delicado ya que como corresponde en un estado de derecho, las imputaciones deben ser probadas en juicio y, sin ellas, o la persecución se debilita o la justicia termina por absolver. No se trata con incrementar el número de detenidos; sino por el contrario, a lo mejor sería conveniente focalizarse en quienes efectivamente cometen delitos acompañando medios de prueba para hacer efectiva su responsabilidad penal ante el órgano jurisdiccional.

En conclusión, coincido con el gobierno y con los dirigentes estudiantiles en orden a condenar la violencia que estamos viendo a diario. Hago un llamado a la autoridad a no equivocar el foco de discusión y concentrar los esfuerzos en coordinar los sistemas de información a fin de prevenir (en lo posible) la ocurrencia de delitos o, una vez acaecidos, lograr la pronta identificación de los responsables. Contar con mecanismos que permitan adjuntar los elementos probatorios que acrediten la participación activa de los detenidos en los hechos que se les imputan a fin de facilitar la labor persecutoria de los fiscales y el rol de administración de justicia de los jueces.

Más allá de la dispar evaluación política que se pretenda hacer de los últimos 20 años. Existe consenso que Chile ha transitado por el camino de la paz y la tranquilidad y los que pensamos de una u otra forma hemos podido avanzar en superar nuestras diferencia por la vía del dialogo y la movilización social.

No es aceptable que nos estemos acostumbrando a escenas de violencia, ya que ello altera el normal desarrollo de la vida individual y familiar de nuestros compatriotas. El gobierno fue elegido para gobernar y, dentro de esa función está la de conducir el país en paz y tranquilidad. Ciertamente ha habido impericia política para enfrentar el tema de fondo y el despertar de la ciudadanía; pero no resulta aceptable que para controlar un problema social, se utilice una fórmula policial, con el desgaste de los funcionarios policiales y el riesgo permanente de agresiones y lesiones recíprocas.

Es hora de que el gobierno comprenda que el camino del control de la violencia no va por el lado del incremento de penalidades, sino por el mejoramiento de la gestión y eficacia de detección, individualización y captura de esos aislados sujetos que hacen de la violencia y el delito su actividad habitual.

INDULTO, MI VOTO EN CONTRA

Hoy se votó en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto enviado por el Presidente Sebastián Piñera destinado a indultar a cerca de 6.000 personas condenadas por diversos delitos que hoy se encuentran privados de libertad o sujetos a alguna medida alternativa o beneficio extra penitenciario (Boletín 7533-07).

El objetivo del proyecto es disminuir los altos niveles de hacinamiento en las cárceles nacionales conmutándoles las penas privativas o restrictivas de libertad por sanciones en el medio libre (en la calle). Es cierto que nuestras cárceles están hacinadas, pero esto no es casual. Chile se encuentra dentro de los 3 países con mayor población penal de América latina y ocupa el lugar 35 en el mundo, lo que no nos debe enorgullecer, sino más bien preocupar. Pero ¿será la solución al hacinamiento carcelario el indulto propuesto por el gobierno? No lo creo. La solución a este hacinamiento pasa en primer lugar por reforzar la prevención social a fin de evitar que nuevos actores (cada vez más jóvenes) se incorporen en la carrera del delito. En segundo orden crear un sistema de medidas alternativas eficaz que permita condenar a un delincuente a medidas restrictivas de su libertad pero en el medio libre con garantía de que será fiscalizado y se evitará su reincidencia contra algún connacional. En tercer orden, se requiere retomar la construcción de recintos penales donde se separen los condenados en atención a su peligrosidad, para evitar el contacto criminógeno, comúnmente conocido como la “escuela del delito”. Masificar las cárceles donde exista actividad y formación destinada a quebrar la carrera criminal a través del trabajo, educación y apoyo espiritual para quien lo requiera. Fortalecer los Centros de Educación y Trabajo para dar una alternativa lícita de superación personal y familiar. Lamentablemente nada de ello se está realizando.

La construcción de recintos penales se encuentra retrasada en evaluación interminable y los proyectos no avanzan. Los perfeccionamientos al sistema de sanciones alternativas, recién está en tramitación legislativa y su implementación se proyecta lenta y compleja. Es decir, el indulto de éste proyecto entrará en vigencia antes de la existencia de un nuevo y mejor sistema de control de medidas alternativas lo que me permite advertir que muchos de quienes gozarán de este beneficio no estarán sujetos a un sistema moderno y eficaz de fiscalización. Los presupuestos destinados a educación y trabajo al interior de los recintos penales no aumentaron entre 2010 y 2011 y tampoco lo hacen en el presupuesto presentado por el gobierno para el año 2012.

Es decir, estamos frente a una medida reactiva al drama del incendio de la cárcel de San Miguel que dejó 81 internos fallecidos. Drama que nunca debió ocurrir pero que no puede dar origen a legislación reactiva que ponga en riesgo la seguridad de la gran mayoría de la gente honesta de nuestro país.

La forma utilizada por el gobierno del Presidente Piñera para materializar el “uso racional de la cárcel” es un indulto general por ley, endosando en el Congreso Nacional la responsabilidad por eventuales actos delictivos de un indultado. ¿Qué pasará si alguno de los beneficiados por este indulto delinque nuevamente? ¿la autoridad de gobierno asumirá su responsabilidad por motivar la salida masiva de internos a la calle? No lo creo.

Debo señalar que por la falta de una política penitenciaria orientada a la sanción y rehabilitación VOTÉ EN CONTRA de este proyecto.

Creo en la rehabilitación y en la reinserción de quienes han delinquido, pero no creo que la forma de descongestionar las cárceles sea indultando condenados y sacándolos a las calles.

OPERACIÓN TRANSPARENCIA

Impactado y decepcionado es la palabra que me describe en estos momentos.

He tomado razón de una operación del gobierno para disparar al corazón de la ley de transparencia. En efecto, solapadamente el Ministro Larroulet inició conversaciones destinadas a lograr apoyo político para no renovar a 2 consejeros del Consejo de Transparencia. Se trata del actual Presidente del Consejo, el académico y ex diputado de RN, Raúl Urrutia y del consejero y ex presidente de dicha entidad el abogado y académico Juan Pablo Olmedo.

Las razones de Larroulet son simples. No les perdona que ejerzan sus cargos con independencia del poder político. El historial no es reciente. El primer round entre ellos se produjo en el marco de la discusión del presupuesto del año 2011 cuando el Consejo de Transparencia solicitó reiteradamente recursos para crear un portal autónomo con información sobre (in)cumplimientos de la ley de transparencia en los servicios públicos. Ante la negativa del Ministro Segpres, el Consejo decidió hacer pública su discrepancia dando origen a un enfrentamiento a través de los medios de comunicación debiendo intervenir algunos legisladores para lograr un incremento presupuestario para fortalecer las funciones autónomas del Consejo de transparencia. Luego las divergencias en la visión sobre protección de datos personales profundizaron sus diferencias. Mientras el consejo sostiene la posición de asumir esa función en los ámbitos públicos y privado. Larroulet es un conocido defensor de la no regulación en esta materia ya que sostiene “es el mercado” quien debe autoregularse.

Un tercer enfrentamiento relevante se produjo hace algunas semanas cuando a petición de un alcalde, el Consejo de transparencia solicitó al Subsecretario del Interior copia de los mails con las instrucciones entregadas al gobernador de Melipilla para la asignación de fondos de reconstrucción. La situación encendió las alarmas en palacio por el riesgo que podría significar entregar copia de mails a una institución como el consejo de transparencia. La dilación en la respuesta de parte del Ministerio del Interior confirmó las sospechas del mundo político, periodístico y, en particular del Consejo de transparencia. A través de la Secretaría General de la Presidencia se estaba articulando la posición oficial del gobierno. Fue Larroulet quien designó a su hombre de confianza, el abogado Sebastián Soto, para que redactara una respuesta negativa al consejo de la transparencia afirmando que no darían a conocer el contenido de dichos e mails por considerarlos “privados” a pesar se tratarse de instrucciones de una autoridad pública a otra autoridad pública, respecto de fondos públicos, enviados desde un computador del estado y a través de una cuenta entregada por el estado que opera sus comunicaciones por un servidor público.

Así las cosas el tema se judicializó y actualmente mantiene enfrentados al Gobierno con el Consejo de Transparencia. Lo que correspondía entonces era que el gobierno argumentara en tribunales sus diferencias con el consejo y no que recurriera a la más autoritaria de las formas que posee una autoridad. Cesar en sus funciones (técnicamente no renovar su mandato) a quienes piensan distinto y no se dejan presionar. Para lograr su cometido Larroulet inició contactos con algunos senadores de la concertación y de la alianza para dividir al Senado ya que es éste órgano el que debe aprobar o rechazar la propuesta del gobierno. Obviamente hubo algunos Senadores que tentados por la posibilidad de “poner a un operador propio” se abrieron a la posibilidad. Pero espero eso se revierta dentro de las próximas horas.

Es de esperar que el Presidente de la República Sebastián Piñera tome conciencia de la gravedad de esta situación. No se trata de un gobierno de turno, se trata entonces de que de su decisión dependerá si la ley de transparencia y sus instituciones sobreviven o bien se da la señal de que los consejeros deben sumisión al poder político lo que terminará por destruir lo avanzado entre todos hasta hoy.