INDULTO, MI VOTO EN CONTRA

Hoy se votó en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto enviado por el Presidente Sebastián Piñera destinado a indultar a cerca de 6.000 personas condenadas por diversos delitos que hoy se encuentran privados de libertad o sujetos a alguna medida alternativa o beneficio extra penitenciario (Boletín 7533-07).

El objetivo del proyecto es disminuir los altos niveles de hacinamiento en las cárceles nacionales conmutándoles las penas privativas o restrictivas de libertad por sanciones en el medio libre (en la calle). Es cierto que nuestras cárceles están hacinadas, pero esto no es casual. Chile se encuentra dentro de los 3 países con mayor población penal de América latina y ocupa el lugar 35 en el mundo, lo que no nos debe enorgullecer, sino más bien preocupar. Pero ¿será la solución al hacinamiento carcelario el indulto propuesto por el gobierno? No lo creo. La solución a este hacinamiento pasa en primer lugar por reforzar la prevención social a fin de evitar que nuevos actores (cada vez más jóvenes) se incorporen en la carrera del delito. En segundo orden crear un sistema de medidas alternativas eficaz que permita condenar a un delincuente a medidas restrictivas de su libertad pero en el medio libre con garantía de que será fiscalizado y se evitará su reincidencia contra algún connacional. En tercer orden, se requiere retomar la construcción de recintos penales donde se separen los condenados en atención a su peligrosidad, para evitar el contacto criminógeno, comúnmente conocido como la “escuela del delito”. Masificar las cárceles donde exista actividad y formación destinada a quebrar la carrera criminal a través del trabajo, educación y apoyo espiritual para quien lo requiera. Fortalecer los Centros de Educación y Trabajo para dar una alternativa lícita de superación personal y familiar. Lamentablemente nada de ello se está realizando.

La construcción de recintos penales se encuentra retrasada en evaluación interminable y los proyectos no avanzan. Los perfeccionamientos al sistema de sanciones alternativas, recién está en tramitación legislativa y su implementación se proyecta lenta y compleja. Es decir, el indulto de éste proyecto entrará en vigencia antes de la existencia de un nuevo y mejor sistema de control de medidas alternativas lo que me permite advertir que muchos de quienes gozarán de este beneficio no estarán sujetos a un sistema moderno y eficaz de fiscalización. Los presupuestos destinados a educación y trabajo al interior de los recintos penales no aumentaron entre 2010 y 2011 y tampoco lo hacen en el presupuesto presentado por el gobierno para el año 2012.

Es decir, estamos frente a una medida reactiva al drama del incendio de la cárcel de San Miguel que dejó 81 internos fallecidos. Drama que nunca debió ocurrir pero que no puede dar origen a legislación reactiva que ponga en riesgo la seguridad de la gran mayoría de la gente honesta de nuestro país.

La forma utilizada por el gobierno del Presidente Piñera para materializar el “uso racional de la cárcel” es un indulto general por ley, endosando en el Congreso Nacional la responsabilidad por eventuales actos delictivos de un indultado. ¿Qué pasará si alguno de los beneficiados por este indulto delinque nuevamente? ¿la autoridad de gobierno asumirá su responsabilidad por motivar la salida masiva de internos a la calle? No lo creo.

Debo señalar que por la falta de una política penitenciaria orientada a la sanción y rehabilitación VOTÉ EN CONTRA de este proyecto.

Creo en la rehabilitación y en la reinserción de quienes han delinquido, pero no creo que la forma de descongestionar las cárceles sea indultando condenados y sacándolos a las calles.