OPERACIÓN TRANSPARENCIA

Impactado y decepcionado es la palabra que me describe en estos momentos.

He tomado razón de una operación del gobierno para disparar al corazón de la ley de transparencia. En efecto, solapadamente el Ministro Larroulet inició conversaciones destinadas a lograr apoyo político para no renovar a 2 consejeros del Consejo de Transparencia. Se trata del actual Presidente del Consejo, el académico y ex diputado de RN, Raúl Urrutia y del consejero y ex presidente de dicha entidad el abogado y académico Juan Pablo Olmedo.

Las razones de Larroulet son simples. No les perdona que ejerzan sus cargos con independencia del poder político. El historial no es reciente. El primer round entre ellos se produjo en el marco de la discusión del presupuesto del año 2011 cuando el Consejo de Transparencia solicitó reiteradamente recursos para crear un portal autónomo con información sobre (in)cumplimientos de la ley de transparencia en los servicios públicos. Ante la negativa del Ministro Segpres, el Consejo decidió hacer pública su discrepancia dando origen a un enfrentamiento a través de los medios de comunicación debiendo intervenir algunos legisladores para lograr un incremento presupuestario para fortalecer las funciones autónomas del Consejo de transparencia. Luego las divergencias en la visión sobre protección de datos personales profundizaron sus diferencias. Mientras el consejo sostiene la posición de asumir esa función en los ámbitos públicos y privado. Larroulet es un conocido defensor de la no regulación en esta materia ya que sostiene “es el mercado” quien debe autoregularse.

Un tercer enfrentamiento relevante se produjo hace algunas semanas cuando a petición de un alcalde, el Consejo de transparencia solicitó al Subsecretario del Interior copia de los mails con las instrucciones entregadas al gobernador de Melipilla para la asignación de fondos de reconstrucción. La situación encendió las alarmas en palacio por el riesgo que podría significar entregar copia de mails a una institución como el consejo de transparencia. La dilación en la respuesta de parte del Ministerio del Interior confirmó las sospechas del mundo político, periodístico y, en particular del Consejo de transparencia. A través de la Secretaría General de la Presidencia se estaba articulando la posición oficial del gobierno. Fue Larroulet quien designó a su hombre de confianza, el abogado Sebastián Soto, para que redactara una respuesta negativa al consejo de la transparencia afirmando que no darían a conocer el contenido de dichos e mails por considerarlos “privados” a pesar se tratarse de instrucciones de una autoridad pública a otra autoridad pública, respecto de fondos públicos, enviados desde un computador del estado y a través de una cuenta entregada por el estado que opera sus comunicaciones por un servidor público.

Así las cosas el tema se judicializó y actualmente mantiene enfrentados al Gobierno con el Consejo de Transparencia. Lo que correspondía entonces era que el gobierno argumentara en tribunales sus diferencias con el consejo y no que recurriera a la más autoritaria de las formas que posee una autoridad. Cesar en sus funciones (técnicamente no renovar su mandato) a quienes piensan distinto y no se dejan presionar. Para lograr su cometido Larroulet inició contactos con algunos senadores de la concertación y de la alianza para dividir al Senado ya que es éste órgano el que debe aprobar o rechazar la propuesta del gobierno. Obviamente hubo algunos Senadores que tentados por la posibilidad de “poner a un operador propio” se abrieron a la posibilidad. Pero espero eso se revierta dentro de las próximas horas.

Es de esperar que el Presidente de la República Sebastián Piñera tome conciencia de la gravedad de esta situación. No se trata de un gobierno de turno, se trata entonces de que de su decisión dependerá si la ley de transparencia y sus instituciones sobreviven o bien se da la señal de que los consejeros deben sumisión al poder político lo que terminará por destruir lo avanzado entre todos hasta hoy.