INVOCAR LA LEY DE SEGURIDAD DE ESTADO

El gobierno ha anunciado la aplicación de la ley de seguridad del estado para enfrentar la quema de un bus del transantiago.

Lo primero que creo se debe despejar es mi condena hacia la violencia en cualquiera de sus formas y, la distinción clara entre las movilizaciones sociales y la delincuencia como saqueos, destrucción de propiedad y quema de vehículos o buses. Mientras lo primero constituye un derecho fundamental que debemos proteger, lo segundo no debe ser justificado por ningún sector ya que por un lado afecta a la movilización social y por el otro genera daños y temor en la ciudadanía.

Ciertamente el anuncio del gobierno tiene un alto sentido mediático. Busca endurecer el discurso ante una ciudadanía que observa con preocupación la creciente ocurrencia de hechos de violencia en las diversas ciudades y aprovecha de entregar un mensaje a sus electores -amantes del orden- que ven con estupor un gobierno incapaz de salvaguardar uno de sus bienes más preciados, el orden público.

Lo cierto es que al invocar la ley de seguridad del estado, el gobierno opta por utilizar un instrumento punitivo excepcionalísimo, la Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado. En particular se invoca el artículo 6° letra c), que ubicado en el Título relativo a los Delitos contra el orden público, prescribe:

“Cometen delito contra el orden público:

c): “Los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho, por cualquier medio, destruyan, inutilicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública, o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales de comunicación, de transporte y de distribución, o los que, en la misma forma, impidan o dificulten el acceso a dichas instalaciones, medios o elementos; (…)”

Para evitar confusiones que han aparecido en algunos medios de comunicación, la invocación de la norma que anunció el gobierno se refiere exclusivamente al hecho de la quema del bus del transantiago; lo que se traduce en la práctica en la presentación de una querella criminal interpuesta por el ministerio del Interior (Intendencia).

Si el objetivo real es evitar la impunidad de este tipo de hechos, a mi juicio el gobierno equivoca el punto, toda vez que no estamos en presencia de una falta de tipo penal para el caso particular ni de un tipo penal con baja penalidad como veremos a continuación:

El delito consignado en la letra c) del artículo 6° de la ley 12.927 posee una sanción que de conformidad al artículo 7° inciso quinto de la misma ley va desde presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo; es decir, desde los 3 años y 1 día hasta 10 años de presidio.

Al tratarse el hecho que se persigue de un incendio de un bus, podría perfectamente invocarse la norma contenida en el artículo 477 del Código Penal para el delito de incendio, la que en su numeral 1° consigna la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de 11 a 15 UTM si el daño causado a terceros excediere de 40 UTM. Es decir, el tipo penal de incendio contemplado en el Código Penal contempla una sanción similar (3 años y 1 día a 10 años de presidio) la diferencia de esta norma es que además de la sanción privativa de libertad, se contempla una multa pecuniaria al condenado.

En consecuencia, si el objetivo del gobierno es incrementar la pena de los hechores de la quema del bus, al invocar la ley de seguridad del estado no lo logrará ya que como vimos, el delito de incendio y la norma invocada tienen igual sanción punitiva.

Despejado el tema de la penalidad entonces corresponde analizar el verdadero problema que enfrenta el actual gobierno. A mi juicio el problema real de las autoridades no radica en la inexistencia de un tipo penal o la baja penalidad de los delitos asociados a la quema de un bus; sino que está en la incapacidad institucional del estado para lograr la identificación de los autores de estos delitos. En efecto, ya nos hemos acostumbrado a observar el actuar impune de encapuchados o de personas que queman vehículos o buses. ¿Por qué no es posible lograr su identificación? Mi percepción es que los violentistas han cambiado sus técnicas a fin de evadir su identificación y captura, mientras el sistema de inteligencia no ha evolucionado con igual rapidez. En consecuencia, el esfuerzo del gobierno debe centrarse en mejorar la gestión de información, la coordinación de los diversos actores institucionales a fin de lograr la identificación y captura de esa pequeña minoría que produce daños y violencia. No se saca nada con realizar detenciones masivas de participantes en manifestaciones ya que un gran porcentaje queda en libertad por falta de pruebas. Lo que se requiere es que se aísle, identifique y detenga a los violentistas, los que saquean, queman y destruyen sin importar la causa de la manifestación. Esos que utilizan las manifestaciones o fechas conmemorativas para intentar un manto de impunidad a sus hechos delictuales. Se requiere mejorar la eficacia de la inteligencia nacional.

Cabe recordar que este ministerio del interior, como ningún otro en 20 años, cuenta con todas las facultades para coordinar a las policías y a la ANI, ya que la creación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública ubicó bajo se dependencia las instituciones policiales. Es decir, hoy el ministerio del interior tiene más herramientas y menos resultados.

Un segundo orden de problema radica en la incapacidad o impericia probatoria de los desmanes o daños causados por los detenidos. En efecto, en conversación con fiscales he podido constatar que la nula calidad probatoria de los partes policiales que acompañan las actas de detención atenta contra la efectiva persecución penal. Esto resulta especialmente delicado ya que como corresponde en un estado de derecho, las imputaciones deben ser probadas en juicio y, sin ellas, o la persecución se debilita o la justicia termina por absolver. No se trata con incrementar el número de detenidos; sino por el contrario, a lo mejor sería conveniente focalizarse en quienes efectivamente cometen delitos acompañando medios de prueba para hacer efectiva su responsabilidad penal ante el órgano jurisdiccional.

En conclusión, coincido con el gobierno y con los dirigentes estudiantiles en orden a condenar la violencia que estamos viendo a diario. Hago un llamado a la autoridad a no equivocar el foco de discusión y concentrar los esfuerzos en coordinar los sistemas de información a fin de prevenir (en lo posible) la ocurrencia de delitos o, una vez acaecidos, lograr la pronta identificación de los responsables. Contar con mecanismos que permitan adjuntar los elementos probatorios que acrediten la participación activa de los detenidos en los hechos que se les imputan a fin de facilitar la labor persecutoria de los fiscales y el rol de administración de justicia de los jueces.

Más allá de la dispar evaluación política que se pretenda hacer de los últimos 20 años. Existe consenso que Chile ha transitado por el camino de la paz y la tranquilidad y los que pensamos de una u otra forma hemos podido avanzar en superar nuestras diferencia por la vía del dialogo y la movilización social.

No es aceptable que nos estemos acostumbrando a escenas de violencia, ya que ello altera el normal desarrollo de la vida individual y familiar de nuestros compatriotas. El gobierno fue elegido para gobernar y, dentro de esa función está la de conducir el país en paz y tranquilidad. Ciertamente ha habido impericia política para enfrentar el tema de fondo y el despertar de la ciudadanía; pero no resulta aceptable que para controlar un problema social, se utilice una fórmula policial, con el desgaste de los funcionarios policiales y el riesgo permanente de agresiones y lesiones recíprocas.

Es hora de que el gobierno comprenda que el camino del control de la violencia no va por el lado del incremento de penalidades, sino por el mejoramiento de la gestión y eficacia de detección, individualización y captura de esos aislados sujetos que hacen de la violencia y el delito su actividad habitual.