HASTA QUE LLEGÓ EL TERCER CAMBIO DE GABINETE

Hasta que llegó el tercer cambio de gabinete. Rodrigo Hinzpeter incluido. Los presidenciables salen a la calle a enfrentarse directamente en una batalla electoral para conseguir el apoyo de la derecha y el presidente decide poner a su primo como ministro del Interior. Lo cierto es que más allá de lo que se había especulado se trató de un ajuste ministerial acotado aunque acertado para los tiempos que vienen.

La salida de Golborne y Allamand era cuestión de días. Ambos se ubicaron en la pole position de la disputa presidencial de la derecha. Atrás quedaron Longueira y Matthei, quienes en su fuero íntimo aún albergaban esperanzas de participar de dicha carrera. Se nota la diferencia de tonelaje de ambos. Allamand con vasta experiencia prefirió no ser parte de la derrota electoral, mientras que un entusiasta (e inexperto) Golborne recorrió 14 comunas donde su candidato(a) fue derrotado(a). Casos emblemáticos fueron Zalaquett en Santiago y Sol Letelier en Recoleta.

De los otros movimientos creo necesario destacar la salida de Hinzpeter desde interior y su paso a Defensa. Era unánime que su desempeño no había sido bueno. Llegó con intención de asumir un desafío inédito. Liderar la lucha contra la delincuencia. Su inexperiencia no le permitió advertir la incompatibilidad de dicho desafío con la necesidad de ejercer como jefe de gabinete y articulador político del gobierno. Se le dieron más herramientas (Ministerio del Interior y seguridad pública y dependencia de policías) y presupuesto que a ningún otro ministro del interior para combatir el delito, pero la última encuesta de victimización reveló un aumento de 10,3% de los delitos entre 2011 y 2010 y su gestión era rechazada por el 83% de los ciudadanos. Era natural, más allá de sus buenas intenciones, el cargo de Ministro del Interior demanda un conjunto de responsabilidades adicionales que le impedían dedicarse por completo a tan importante misión. No fue capaz de convertirse en el articulador político que requería el gobierno. Sus roces con la UDI por temas valóricos, sus malas relaciones con el poder judicial, ministerio público, defensores públicos y con los partidos de oposición hacían inviable que se convirtiera en un “panzer” a pesar de haber contado con inusitados niveles de confianza presidencial. Su paso a Defensa fue una salida digna para un colaborador leal y estrecho. Me recordó lo de Vidal en 2008 cuando se selló su paso desde la vocería a defensa.

Un acierto la conformación del nuevo equipo político. Chadwick de vasta trayectoria y habilidad política imprimirá un sello distinto donde el diálogo y la articulación política serán destacados. La seguridad será un tema en cuanto no se transforme en un gran “costo político” pero ciertamente su misión será otra. Recomponer relaciones con los diversos actores e intentar un buen “cierre” para Sebastián Piñera. La nueva vocera sin duda pondrá en aprietos a la oposición. Carismática, política y cercana, Cecilia Pérez quien en un gesto de lealtad absoluta con el presidente renunció a su opción parlamentaria para quedarse en palacio y aportar cercanía y habilidad política a un gobierno que comienza su retiro.

Es de esperar que el equipo político comprenda que el poder político ya enrumbó hacia las sedes de los partidos políticos y, por lo tanto, les queda administrar bien el cierre y lograr acuerdos con la oposición que permitirán que el presidente Piñera más allá de sus convicciones entienda que de estos últimos 11 meses dependerá el juicio político y ciudadano a su paso por la moneda.

¿Y DÓNDE ESTÁN LOS VOTOS?

Por décadas los procesos electorales en Chile han gozado de transparencia y oportunidad. Quizás el recuerdo de un agotado y desafiante Alberto Cardemil la noche del 5 de Octubre de 1988 cuando dilató por largas horas los resultados de aquél plebiscito llevaron a los “hombres de la transición” a instaurar un sistema de organización de elecciones extremadamente riguroso, transparente y oportuno para evitar dilaciones o especulaciones sobre sus resultados. Desde 1990 los Subsecretarios del Interior sin abandonar su naturaleza política se transforman en garantes del proceso electoral; se trata de una función de estado que trasciende al gobierno de turno y su natural adhesión partidaria. El subsecretario se encuentra investido de una función republicana: Velar por el recto ejercicio de uno de los pilares fundamentales de la democracia, el derecho a sufragio. Desde la impresión de los votos, la distribución de materiales, sistemas informáticos y hasta la transmisión de los resultados componen el mayor desafío de dicha subsecretaría.

Lo que vimos en esta elección fue un episodio para olvidar. Múltiples disputas por falta de comunicación oportuna marcaron los días previos. Pero lo peor estaba por venir. El domingo 28 de Octubre el Subsecretario del Interior junto con entregar los resultados relativos a Alcaldes publicó el resultado relativo a concejales faltando el 18% de las mesas. El problema fue que la página web señalaba que se trataba del 100% de los votos emitidos, cuando las cifras reflejaban el resultado de sólo el 82% de los votos emitidos. Así por ejemplo, en la comuna de Santiago figuraban 80.000 votos en la elección de Alcaldes y sólo 55.000 en la elección de concejales. ¿y dónde están los votos de concejales? Se preguntó mucha gente. La explicación era fácil: El sistema informático detectó inconsistencias en el 18% de las mesas por lo que se reenviaron a los colegios escrutadores los que revisaran las actas y dentro de 2 dias el Servel publicará los resultados definitivos. Junto con ello la autoridad debió asumir el error de la web y corregir señalando que los resultados publicados correspondían al 82% de los votos totales y no al 100% como aún hace mención. Pero el subsecretario del Interior no fue capaz de explicar la situación, optó por abandonar su rol de garante y prefirió salir a combatir acusando a la oposición de enlodar el proceso y como ya es su tradición intentó empatar con la elección anterior. Equivocó el camino ya que a diferencia de esta elección, en la anterior se tuvo la precaución de informar los porcentajes y, las inconsistencias no superaron el 8%, mientras que aquí llegaron al 18% con casi 1 millón de votos sin ingresar al sistema y sin información alguna. Cundió el pánico, algunos dirigentes irresponsablemente comenzaron a hablar de la “pérdida de un millón de votos”, otros en medio de una plaza gritaban “se robaron los votos” y la situación se descontroló por la porfía o incapacidad de la autoridad de no explicar clara y oportunamente el proceso electoral. El sistema se encuentra cuestionado situación inédita desde el retorno a la democracia. La actual autoridad destruyó una tradición republicana por arrogancia o ineptitud. Como agravante, a través de un twitter de @fernandopaulsen se conoció un documento oficial de la empresa que se adjudicó el sistema de líneas de transmisión de datos para el proceso electoral fechado 5 días antes de las elecciones, donde le advierte al ministerio del Interior de omisiones graves e incumplimientos de parte de la Subsecretaría de interior que ponen en riesgo la seguridad y el recto funcionamiento del proceso de transmisión de datos electorales.

Todo lo anterior refleja que la autoridad no estuvo a la altura del desafío que significa organizar una elección de carácter nacional, ni menos aún de dar oportuna conducción a las dudas legítimas de la opinión pública frente a inconsistencias de información en la elección de concejales. El gobierno "de los mejores" una vez más queda al debe, pero lo que más preocupa es que el próximo año ni siquiera habrá autoridad que anuncie los resultados ya que la ley de inscripción automática terminó con la tradición republicana del subsecretario del Interior otorgando los resultados (con mi voto en contra), lo que se traducirá que si ocurre lo mismo, no habrá a quien reclamar, o quizás sólo podremos hacerlo marcando un ya cada vez más común (e insoportable) número 800.

SEGURIDAD EN SANTIAGO: ALGO DE HISTORIA

Recientemente apareció en el cuerpo C del diario El Mercurio, que los delitos violentos registrados por Carabineros de Chile se habrían reducido en un 20% en el centro de Santiago como resultado del trabajo focalizado que realizaron la policía uniformada, el Gobierno y la Fiscalía Norte. La autoridad arguye que estas bajas se deben a los esfuerzos crecientes por atrapar a los delincuentes y a las bandas que allí operan. Sin embargo, la nota no presenta datos sobre las sentencias condenatorias pronunciadas en el periodo ni sobre la evolución de las aprehensiones en el sector. Estos datos resultan fundamentales para poder justificar estas bajas.

Una primera observación es que la autoridad no puede asimilar “denuncias” o “casos policiales” con delitos ya que existe un considerable número de delitos que efectivamente se cometen y que –por diversas consideraciones- las policías y el sistema de persecución no conocen (cifra negra).

Una segunda observación dice relación con la falta de información respecto de la cantidad de sentencias condenatorias obtenidas y el número de las privativas de libertad en el período, ya que resulta común para locatarios y vecinos observar el efecto de la “puerta giratoria” donde luego de las denuncias se producen detenciones y a las horas el hechor vuelve al lugar para seguir delinquiendo.

Un tercer elemento lo constituye la imperiosa necesidad de reponer una estrategia colectiva utilizada hace algunos años cuando junto al entonces alcalde Raúl Alcaíno pusimos énfasis en la reducción de actividades que facilitaban conductas predelictivas como el comercio ilegal y las aglomeraciones aprovechadas por lanzas para cometer sus delitos. En aquella oportunidad los esfuerzos conjuntos de municipio, gobierno, Fiscalía, carabineros, PDI, Cámara Nacional de Comercio y el SII, arrojaron en este mismo sector importantes bajas en los delitos (no sólo denuncias) por robos violentos (-36%) y robos por sorpresa (-21%).

Este trabajo se baso en la idea de reducir los factores de riesgo asociados a la comisión de delitos en lugares donde se concentra gran cantidad de población flotante. Estos espacios, que presentan menos vínculos de solidaridad entre las personas, pueden ser abordados con políticas basadas en los postulados de la teoría de las ventanas rotas (Kelling y Wilson, 1982). En aquella oportunidad mediante la acción fiscalizadora que pueden ejercer el municipio y las policías se buscó desmantelar el comercio ambulante no autorizado para restablecer el imperio de la ley en el área y desincentivar, con ello, las conductas delictivas. También se instalaron diversos cuarteles móviles para facilitar las denuncias y se sensibilizó a los transeúntes sobre la importancia de denunciar y sobre las conductas de autoprotección. Al mismo tiempo, mediante reuniones periódicas, se facilitó el trabajo de coordinación entre las policías y la fiscalía para desmantelar las bandas que operaban en el sector.

A diferencia de la actual intervención, para monitorear el trabajo y medir sus resultados se utilizaron dos fuentes adicionales de información: las sentencias condenatorias aplicadas a delincuentes que operaban en el sector lo que permitió medir la eficacia de la acción penal y encuestas locales realizadas a transeúntes.

Los resultados fueron importantes para su evaluación. Las sentencias condenatorias aumentaron en algunos periodos a más del 80% de los imputados por robos por sorpresa. Mas de la mitad de lo consultados percibió que el comercio ambulante había disminuido, los ciudadanos que consideraron que la presencia de carabineros había aumentado en el periodo se incremento en más de 10 puntos porcentuales (30%) y casi la mitad de las personas entrevistadas considero que el centro de Santiago había mejorado sustancialmente luego de la intervención.

Si ponemos en la balanza ambas intervenciones podemos decir que la actual autoridad centra todos sus esfuerzos en la reducción de las denuncias, lo que constituye un riesgo en cuánto evalúa sus políticas públicas en función de un indicador que –como ya se dijo- es parcial.

Por otra parte, si las instituciones policiales serán evaluadas en razón del número de denuncias que reciben, ciertamente se estará incentivando la no recepción de las mismas, experiencia vivida en el pasado, que termina por disminuir aún más la confianza´ass la cal. za ciudadana en el sistema de protecciue termina por disminuir aos receptores de ellas a elaborar estrategias desti ciudadana en el sistema de protección y persecución delictual.

Otro aspecto que debe considerarse es que delito que no se denuncia es un delito impune ya que nadie lo investiga. Por ello es que si bien las denuncias son un indicador complementario relevante, deben analizarse conjuntamente con los indicadores de victimización para obtener resultados reales.

Así, al cruzar los datos de victimización y denuncias en la comuna de santiago surge una preocupación inicial. Mientras los delitos de robo por sorpresa suben 30,6%[1], las denuncias por ese delito caen -4,8%[2]. Similar situación ocurre con el robo con fuerza a la vivienda que sube 5,9%[3] y sus denuncias caen -8,0%[4]. Es decir, mientras los delitos suben, el conocimiento del sistema es menor, lo que favorece la impunidad de los delincuentes.

La peor ecuación que puede obtenerse en materia de seguridad es el incremento de la victimización y la disminución de las denuncias. Por el contrario, un sistema serio y responsable debe propender a disminuir los niveles de victimización e incrementar las denuncias para que los delitos que se cometen sean efectivamente investigados y perseguidos.

El país no se inició el año 2010. Existe una historia de ensayos y experiencias acumuladas en la lucha contra el delito. Algunas positivas y otras fallidas. La literatura es amplia al respecto y existen funcionarios civiles y policiales que forman parte de dichas historias y experiencias y constituyen un patrimonio del estado de chile. No de un gobierno de turno; y por tanto deben ser aprovechadas para no repetir errores y avanzar en la consolidación de un sistema de seguridad que permita prevenir la ocurrencia de delitos y perseguir y sancionar proporcionalmente a quienes los cometen.

El ejercicio de las libertades supone condiciones básicas de seguridad y para ello la innovación, la experiencia y la permanente evaluación constituyen elementos que propenden a mejorar nuestras condiciones de seguridad y, por tanto de protección de la libertad.

No se trata entonces de criticar políticamente la actuación de la autoridad, sino de aportar con experiencia técnica y política avalada por resultados objetivos a la disminución de los niveles de inseguridad en nuestro país.

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[1] ENUSC 2011, INE

[2] Ministerio del Interior, reporte de denuncias recibidas por Carabineros de Chile y PDI.

[3] Idem 1

[4] Idem 2

A MAYOR PRESUPUESTO MÁS DELITOS

En el marco de la discusión presupuestaria del año 2011 algunos legisladores planteamos la necesidad de revisar técnicamente los programas preventivos “piloto” que el gobierno había implementado durante el año 2010. En aquella oportunidad la autoridad nos acusó de obstruccionismo. Lejos de ello nuestra intención fue exigir -como corresponde- una evaluación técnica externa para medir los impactos reales de dichos programas de seguridad a fin de fortalecerlos o exigir modificaciones, segun fueren sus resultados.

Ad portas de una nueva discusión presupuestaria, las cifras de delitos lamentablemente nos dieron la razón. El organismo emisor (INE) afirma que durante 2011 la victimización se elevó en 10,3% y entre otros, el delito de robo con fuerza en la vivienda aumentó un 34%.

Por su parte, la Fundación Paz Ciudadana a través de su instrumento de medición reveló un incremento aún mayor en los niveles de victimización de hogares en el mismo período. Al observar los resultados comunales de la ENUSC, es posible advertir que en el 56% de las 101 comunas medidas aumentó la delincuencia, el temor y la percepción de los encuestados que en los próximos doce meses serán víctimas de un delito. En el 30% de dichas comunas se estaba implementando el programa preventivo Barrio en paz, lo que permite concluir que dicha estrategia preventiva local no logró reducir ni el delito ni el temor, sino por el contrario subieron el delito y el miedo y sólo bajaron las esperanzas de mejoras en el futuro.

Por su parte, el plan preventivo para el sector comercial tampoco está dando los frutos esperados. Según la encuesta especializada de la Cámara de Comercio y Adimark, durante 2011 uno de cada dos locales comerciales fue víctima de algún tipo de delito, aún cuando un 60% de ellos había realizado inversiones en seguridad. ¿Seguirá la autoridad obstinada en mantener programas sin resultados prácticos; o reducirá la discusión a una disputa política descalificando a quienes pretendemos mejoras en la seguridad pública? 
En todos los estudios de opinión, la seguridad constituye la principal preocupación ciudadana, por ello es que es imperativo que la autoridad asuma con liderazgo acciones eficaces y eficientes, convoque a todas las instituciones a cooperar y promueva las reformas que se requieran para prevenir mejor, controlar más y disminuir la impunidad delictual por el bien común de nuestro país. La innovación parece adecuada, pero debe acompañarse de evaluaciones periódicas para evitar incremento de gastos sin resultados.

El Congreso Nacional le aprobó a este gobierno el año 2011 el presupuesto en seguridad más alto de la historia y aún así los resultados son negativos. Es de esperar que en este nuevo proceso legislativo, la autoridad deje de lado la autocomplacencia y comprenda que habemos muchos que consideramos que la seguridad es condición básica para el desarrollo individual, familiar, económico y social de un país y, por tanto, no hay que escatimar esfuerzos por recuperar la senda de disminución de la victimización y la criminalidad en Chile.

CENTRAL CASTILLA, LUZ AMARILLA A LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL

En un reciente congreso convocado por el Ministerio del Medio ambiente se me pidió emitir opinión sobre la nueva institucionalidad jurisdiccional ambiental. Los tribunales ambientales. Junto con valorar la consolidación de un modelo institucional que distingue entre el rol de elaborar política pública; evaluar técnicamente proyectos; supervigilar el cumplimiento de la legislación; y la resolución de controversias o litigios; me permití advertir sobre la inconveniente participación del Senado en su integración y la excesiva competencia sobre normas de carácter técnico-político como el PPDA. Pero mi reflexión central radicó en que con la creación de los tribunales ambientales estábamos creando una institucionalidad jurisdiccional para resolver en sede judicial lo que la sede administrativa no era capaz de superar. Es decir partimos del supuesto que los proyectos se decidirán en sede jurisdiccional, lo que acarrea dilaciones, resta valor a la decisión administrativa y crea inseguridad jurídica.

El reciente fallo de la Excma. Corte Suprema sobre el proyecto “Central Castilla” es fiel reflejo de lo advertido. La incapacidad del sistema administrativo para resolver las falencias o divergencias surgidas en el marco de la tramitación administrativa medioambiental. Sin realizar juicio de valor sobre la sustentabilidad del proyecto, el hecho objetivo es que a pesar de que la administración técnico ambiental había aprobado el proyecto, la justicia revocó dicha autorización. Es decir, lo que la administración no fue capaz de observar en su largo camino y diversidad de instancias, la justicia lo sancionó de manera negativa. Quienes lucharon contra la termoeléctrica hoy están de fiesta porque el proyecto ha sido declarado judicialmente inviable. Pero me permito advertirles del riesgo evidente de nuestra institucionalidad ambiental al resolver –de manera creciente- por la vía judicial los proyectos sometidos a evaluación ambiental. ¿Qué pasaría si la institucionalidad ambiental administrativa rechazara un determinado proyecto y su titular recurriera a la justicia y fuere ésta la que le diera la autorización?

El camino de la vía judicial es definitivamente más larga que la vía del “telefonazo” que nos mostró el presidente de la república hace algún tiempo. Pero ambas tienen en común el debilitamiento del sistema de evaluación ambiental y la decisión de autoridad investida para ello.

El valor de la decisión administrativa hoy tiene menos peso que ayer. Lo que la Corte Suprema ha dicho es que más allá que todas las instancias administrativas consideren positiva (o negativamente) un determinado proyecto, la vía judicial es la que resuelve las divergencias, por tanto el estado de chile no podrá decir a un inversionista que si cumple con la norma ambiental, estudios y exigencias establecidas por al administración, su proyecto será aprobado. Hoy además habrá que relativizar la decisión de la autoridad pública en función de la resolución judicial. Situación que me parece riesgosa cualquiera sea la decisión sobre un futuro proyecto sometido a su consideración.

El tema no radica (solamente) en la (in)conveniencia de implementar tal o cual proyecto sino en la necesidad de contar con un sistema sólido que evite el creciente proceso de judicialización de los proyectos sometidos al sistema de evaluación y que de certezas a quienes pretenden invertir y a quienes se oponen al proyecto. Porque de lo contrario la creación de los tribunales ambientales habrá sido sólo la creación de una nueva instancia en el largo camino de evaluación de un proyecto.

¿Proceden las críticas de la ministra del medio ambiente a los fundamentos del fallo de la Corte Suprema? Ciertamente la autoridad –como cualquier ciudadano- es libre de emitir opinión. El tema radica que la autoridad pública –a diferencia de cualquier ciudadano- debe seguir normas estrictas de actuación, una de las cuales le prohíbe cuestionar el fundamento de las resoluciones judiciales, justamente lo que ha hecho la señora ministra. Lo peor es que según recientes informaciones, sus críticas habrían sido “visadas” por el primer mandatario. ¿cuál sería el objetivo político de ello? Aparecer solidarizando con el empresariado crítico con dicha decisión judicial. Pero más allá de el efecto buscado por la moneda, lo cierto es que no resulta creíble ya que quien inauguró el daño a la institucionalidad ambiental fue justamente el Presidente Sebastián Piñera con el “telefonazo” que botó a barrancones, hecho que el empresariado no olvidará.

Independiente del debate político resulta indispensable que se reponga la capacidad del sistema de evaluación para decidir sobre los proyectos sometidos a su evaluación y así poner término a la incertidumbre que hoy ronda en nuestro país.

EXPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES…OTRA VEZ

Hemos visto una nueva publicación de parte del Servel de nombres y domicilios de millones de ciudadanos electores. La finalidad de dicha publicación es permitir que cada elector se informe del registro definitivo de su inscripción electoral y, en caso de errores u omisiones, poder reclamar oportunamente ante el mismo servicio electoral.

Para efectos de dar cumplimiento a lo determinado por el artículo 32 de la ley 18.556, el Servicio electoral ha procedido a publicar el denominado "padrón auditado" de electores para la próxima elección municipal. Según la normativa vigente, el padrón auditado debe contener el nombre, rut, sexo, domicilio electoral, circunscripción, mesa y registro de votación. Dicha información, de conformidad al inciso 4º de dicha norma debe ser publicado en el sitio web del Servel. Lo que no dice la norma es la forma de publicación. Es decir, era perfectamente posible que el padrón pudiere haber sido publicado en el sitio web y cada elector pudiere haber consultado su situación electoral ingresando su número de rut y algún código de autenticación a fin de evitar el acceso universal a los datos del padrón electoral.

Esta situación fue largamente debatida en la comisión de constitución ella Cámara de diputados sonde me permití ingresar una serie de indicaciones destinadas justamente a dar debida protección a los datos que contendría el padrón electoral (provisorio, auditado y definitivo). Más tanto el gobierno a través del Ministro secretario General de la Presidencia, diputados de gobierno como de oposición no estuvieron por acoger mis indicaciones que buscaban crear un mejor estándar de protección de los datos personales. Recuerdo que en el marco de la discusión, el asesor de la Segpres, Andrés Tagle, argumentó en contra de mis indicaciones asegurando que era bueno que todos los chilenos conocieran de manera transparente los datos de los padrones electorales, a lo cual me opuse habida consideración de los peligros que podría acarrear la publicación de domicilios de ciudadanos sujetos a medidas de protección judicial, o de personas que en razón de sus cargos pudieren sufrir algún tipo de amedrentamiento en sus domicilios particulares.

Esta situación no es nueva, ya que hace aproximadamente 2 meses, fuimos testigos de una situación similar ya que de conformidad al artículo 31 de la ley 18.556 el Servel con 110 días de anticipación debió publicar el "padrón provisorio" donde por primera vez se dio acceso universal a los datos del padrón electoral. Se produjo una gran convulsión en las redes sociales y medios de comunicación. Allí se argumentó que era la ley la que obligaba al servil a realizar dicha publicación y que vendría una segunda (padrón auditado) y tercera (padrón definitivo) publicación con similar información. En aquella oportunidad la autoridad de gobierno se comprometió a legislar para restringir la cantidad y naturaleza de la información que debía ser publicada por el Servel. Sin mediar proyecto de parte del gobierno, un grupo de diputados presentó una moción parlamentaria destinada a restringir la información que debía publicarse. Dicha moción fue objeto de una indicación del gobierno destinada a perfeccionarla. Conscientes de la urgencia de su aprobación, la Cámara de diputados el día 11 de Julio recién pasado la aprobó por amplia mayoría (92 votos a favor y 0 en contra) enviándola al Senado para su segundo trámite constitucional. Transcurridos mas de 30 días desde que la Cámara de Diputados lo aprobó, el Senado de la república aún no lo discute y somos testigos como nuevamente millones de electores vuelven a sufrir la sobre exposición de sus datos, en particular de su domicilio.

Probablemente para muchos y muchas la publicación de sus domicilios no pase más allá de una molestia por exponer una parte de su privacidad. No obstante, para otros puede constituir un elemento de riesgo. Así, la publicación de domicilios particulares de policías, fiscales, periodistas o ciertas autoridades puede significar un incremento en los riesgos producto de la naturaleza de sus funciones, decisiones, fiscalizaciones o reportajes, según corresponda. De igual forma, la publicación de domicilios de personas víctimas de violencia intrafamiliar o abusos sexuales sujetas a medidas de protección puede incrementar el nivel de riesgos de ser revictimizados. Es decir, puede aumentar su nivel de riesgo.

Ciertamente el Servicio Electoral no ha pretendido nada de lo anterior, sino más bien cumplir con la ley y publicar de manera transparente la información electoral para que cada ciudadano pueda ejercer oportunamente el derecho de impugnación frente a errores u omisiones de dicho registro. Pero lo cierto es que mientras se mantenga poublicada la información en las actuales condiciones, resultará imposible que personas o instituciones las bajen, las almacenen, las traten, vendan, cedan o transfieran para fines distintos de los buscados por el servicio electoral. En otras palabras, el cumplimiento de la ley y la buena intención del servil no serán suficientes para evitar que dichos datos terminen sirviendo para fines muy diversos, incluso comerciales o fuente de defraudaciones. Por ello es que resulta extremadamente relevante que el gobierno le ponga “discusión inmediata” al proyecto de ley que hoy duerme en el senado a fin de que la restricción de la información de parte del Servel tenga sustento jurídico y en la próxima publicación que de conformidad al artículo 33 de la ley 18.556 debe realizar el servil del "padrón definitivo" con 30 días de anticipación a la elección lo que se publique, o la forma en que se publique incremente el estándar de seguridad de los datos de los electores.

Finalmente creo pertinente insistir en una idea que vengo planteando desde hace algún tiempo en cuanto a la necesidad imperiosa de crear una Agencia de protección de datos personales, a fin de elevar los estándares de seguridad del manejo, almacenamiento, seguridad y tratamiento de nuestros datos personales y comerciales. Contar con una autoridad especializada para velar por el cumplimiento de las normas de protección de datos y sancionar a las empresas o instituciones públicas que vulneren la ley y dar así la debida protección a un nuevo derecho fundamental de toda persona, el derecho de protección de sus datos personales.

PRESENTACIÓN DE CIFRAS Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: CUANDO LA AUTOCOMPLACENCIA SEDUCE LA AUTORIDAD Y LA CIFRA SE TRANSFORMA EN UN FIN

Toda política pública busca tener un impacto y corregir situaciones de la realidad consideradas problemáticas. En este contexto, una de las etapas más decisivas en la implementación de programas encaminados a favorecer estos cambios, es su monitoreo y evaluación. Desde este prisma, uno de los errores más recurrentes del actual gobierno ha consistido en presentar, a veces de manera apresurada y poco prolija, la evolución de los indicadores disponibles para mostrar la eficacia de su gestión. Lo vivimos en estos días con la publicación de los resultados de la encuesta CASEN 2012, metodología que adolece de importantes falencias y que, por consiguiente, llama a interpretar los datos con extrema cautela. ¿Qué hizo el gobierno?.Se obstinó en mostrar los resultados de tal modo que le favorecieran comunicacionalmente, haciendo gala de un supuesto enorme descenso de la pobreza, en circunstancias que dicha baja estaba dentro de los márgenes de error y sólo retomaban la senda de caída pre crisis de 2008. ¿El desenlace de esta obstinación?, que después de la avalancha de críticas que suscitó la interpretación de los resultados, a chilenos y chilenas nos queda medianamente claro que la pobreza en Chile no se ha reducido de manera significativa y que se ha puesto en entredicho un instrumento de medición respecto el cual deberían existir consensos importantes e interpretaciones consistentes para avanzar con mayor celeridad en un tema como la pobreza en el que siempre la urgencia ha sido y seguirá siendo la consigna.

Y ahora le toca el turno a las estadísticas del delito. El día jueves 2 de agosto recién pasado, las autoridades anunciaron como indicador de reducción de la delincuencia la baja de las cifras de denuncias y de detenciones en flagrancia por delitos de mayor connotación social (12,4% y 11,3%, respectivamente). Lo curioso, es que hace un año, en igual período, las alzas exhibidas en estos mismos indicadores eran presentadas por las mismas autoridades como una buena noticia, esgrimiendo que reflejaban un aumento de la confianza de las víctimas en el sistema de justicia, lo que les hacía denunciar más, y en la mejora de la eficacia policial. Más allá del hecho anecdótico, estas interpretaciones contrapuestas reflejan en gran medida la debilidad del propio indicador que, en vez de dar cuenta de la realidad de modo lo más objetivo posible, permite interpretarla de manera antojadiza.

Pero más allá de la casuística, los ejemplos mencionados, reflejan un problema grave de este gobierno: un afán desmedido por mostrar, a cualquier precio y sin rigor metodológico un mejor desempeño en áreas que sabe son claves para la ciudadanía.

Pero eso no es todo. Recientemente la Fundación Paz Ciudadana ha publicado los datos de la encuesta de victimización que realiza con Adimark. Los resultados nos muestran que la victimización se mantiene estable en los niveles más altos desde que se realiza la encuesta (39,3% de los hogares victimizados). Por su parte, la revictimización, el segundo indicador duro de este estudio, se ubica en los niveles más altos observados desde que se tienen registros, mostrando que más del 90% de los delitos se concentra en un número reducido de hogares. Y si bien una buena noticia es que los niveles de temor bajaron, el comportamiento cíclico de este indicador no permite decir aún que se trata de una tendencia.

Pese a la existencia de estudios que concluyen que no se ha podido demostrar la contribución del trabajo policial en la reducción del delito, el gobierno dice haber implementado una estrategia policial efectiva. Sin embargo, esta estrategia consiste principalmente en el despliegue de tecnologías de la información para apoyar la toma de decisiones. ¿Cuántas de ellas son atribuibles a la actual gestión? Carabineros viene desarrollando desde hace años un proceso de modernización que le ha permitido introducir estos dispositivos. Nombremos los procesos mas importantes: la automatización de su base de datos (AUPOL) para su utilización en tiempo real (2000), la introducción de cartografía para facilitar el análisis territorial del delito (2008), los paneles de control y los indicadores que componen el sistema de control de gestión (2004), la elaboración de orientaciones que permiten trabajar en torno a objetivos estratégicos de mediano plazo (2000), el diseño y la implementación de una estrategia policial innovadora como es el plan cuadrante de seguridad preventiva (1998), la implementación de una metodología para establecer la demanda y la oferta de los servicios policiales (1998), y finalmente, la difusión de metodologías para mejorar el uso de la información en las comisarias a través del manual del plan cuadrante (2002). Nos queda el famoso Sistema Táctico de Análisis Delictual (STAD) que consiste en agrupar las estadísticas de denuncias y detenciones en un solo tablero, cosa que en la práctica ya se estaba haciendo, y en realizar reuniones mensuales para monitorear a las unidades operativas, situación que también se estaba produciendo a través del sistema AGEOP (Análisis de la Gestión Operativa).

No es mi intención juzgar intensiones, pero lo que se publicó en los diarios con bombos y platillos como el cierre de la implementación de un “nuevo” e “innovador” Sistema Táctico de Análisis Delictual, no es más –ni menos tampoco- que una reorganización de estrategias ya existentes.Puede decirse que no es tan grave, incluso que es hasta legítimo que el gobierno quiera mostrar resultados. Evidentemente que el problema no está en ello, si no en que interpreta los datos a su conveniencia, se apropia de acciones que los organismos públicos de manera sistemática ya venían realizando hace años y, por si fuera poco, fuerza las estadísticas para presentar como cambios sustantivos, leves fluctuaciones en indicadores que cómo ya dijimos no siempre son sólidos metodológicamente hablando. Lo más preocupante de esta dinámica es que las autoridades transforman el instrumento de medición en un objetivo en sí mismo, en un fetiche comunicacional dejando en un segundo plano la evaluación seria y efectiva de los impactos que están teniendo las políticas públicas.

El ejemplo de las grandilocuentes interpretaciones de los resultados de la encuesta Casen, la ENUSC 2011, la evolución de las tasas de denuncias y la reciente medición de la Fundación Paz Ciudadana, revelan una mirada autocomplaciente por parte de las autoridades que en vez de identificar fortalezas y debilidades para corregir programas y políticas, evade la realidad y por tanto su responsabilidad. Dicha actitud le hace muy mal a la actividad pública en general, ya que favorece la instalación de la mediocridad y el conformismo en los equipos de trabajo; y lo que es peor, infunden un daño estructural en la credibilidad que tienen expertos y ciudadanos en los indicadores y sus órganos emisores, llevando a la disputa pequeña datos que debieran servir de orientación para políticas públicas de largo alcance, que trasciendan la mirada cortoplacista y nos ayuden a generar los cambios de fondo que necesita nuestra sociedad.