Toda política pública busca tener un impacto y corregir situaciones de la realidad consideradas problemáticas. En este contexto, una de las etapas más decisivas en la implementación de programas encaminados a favorecer estos cambios, es su monitoreo y evaluación. Desde este prisma, uno de los errores más recurrentes del actual gobierno ha consistido en presentar, a veces de manera apresurada y poco prolija, la evolución de los indicadores disponibles para mostrar la eficacia de su gestión. Lo vivimos en estos días con la publicación de los resultados de la encuesta CASEN 2012, metodología que adolece de importantes falencias y que, por consiguiente, llama a interpretar los datos con extrema cautela. ¿Qué hizo el gobierno?.Se obstinó en mostrar los resultados de tal modo que le favorecieran comunicacionalmente, haciendo gala de un supuesto enorme descenso de la pobreza, en circunstancias que dicha baja estaba dentro de los márgenes de error y sólo retomaban la senda de caída pre crisis de 2008. ¿El desenlace de esta obstinación?, que después de la avalancha de críticas que suscitó la interpretación de los resultados, a chilenos y chilenas nos queda medianamente claro que la pobreza en Chile no se ha reducido de manera significativa y que se ha puesto en entredicho un instrumento de medición respecto el cual deberían existir consensos importantes e interpretaciones consistentes para avanzar con mayor celeridad en un tema como la pobreza en el que siempre la urgencia ha sido y seguirá siendo la consigna.
Y ahora le toca el turno a las estadísticas del delito. El día jueves 2 de agosto recién pasado, las autoridades anunciaron como indicador de reducción de la delincuencia la baja de las cifras de denuncias y de detenciones en flagrancia por delitos de mayor connotación social (12,4% y 11,3%, respectivamente). Lo curioso, es que hace un año, en igual período, las alzas exhibidas en estos mismos indicadores eran presentadas por las mismas autoridades como una buena noticia, esgrimiendo que reflejaban un aumento de la confianza de las víctimas en el sistema de justicia, lo que les hacía denunciar más, y en la mejora de la eficacia policial. Más allá del hecho anecdótico, estas interpretaciones contrapuestas reflejan en gran medida la debilidad del propio indicador que, en vez de dar cuenta de la realidad de modo lo más objetivo posible, permite interpretarla de manera antojadiza.
Pero más allá de la casuística, los ejemplos mencionados, reflejan un problema grave de este gobierno: un afán desmedido por mostrar, a cualquier precio y sin rigor metodológico un mejor desempeño en áreas que sabe son claves para la ciudadanía.
Pero eso no es todo. Recientemente la Fundación Paz Ciudadana ha publicado los datos de la encuesta de victimización que realiza con Adimark. Los resultados nos muestran que la victimización se mantiene estable en los niveles más altos desde que se realiza la encuesta (39,3% de los hogares victimizados). Por su parte, la revictimización, el segundo indicador duro de este estudio, se ubica en los niveles más altos observados desde que se tienen registros, mostrando que más del 90% de los delitos se concentra en un número reducido de hogares. Y si bien una buena noticia es que los niveles de temor bajaron, el comportamiento cíclico de este indicador no permite decir aún que se trata de una tendencia.
Pese a la existencia de estudios que concluyen que no se ha podido demostrar la contribución del trabajo policial en la reducción del delito, el gobierno dice haber implementado una estrategia policial efectiva. Sin embargo, esta estrategia consiste principalmente en el despliegue de tecnologías de la información para apoyar la toma de decisiones. ¿Cuántas de ellas son atribuibles a la actual gestión? Carabineros viene desarrollando desde hace años un proceso de modernización que le ha permitido introducir estos dispositivos. Nombremos los procesos mas importantes: la automatización de su base de datos (AUPOL) para su utilización en tiempo real (2000), la introducción de cartografía para facilitar el análisis territorial del delito (2008), los paneles de control y los indicadores que componen el sistema de control de gestión (2004), la elaboración de orientaciones que permiten trabajar en torno a objetivos estratégicos de mediano plazo (2000), el diseño y la implementación de una estrategia policial innovadora como es el plan cuadrante de seguridad preventiva (1998), la implementación de una metodología para establecer la demanda y la oferta de los servicios policiales (1998), y finalmente, la difusión de metodologías para mejorar el uso de la información en las comisarias a través del manual del plan cuadrante (2002). Nos queda el famoso Sistema Táctico de Análisis Delictual (STAD) que consiste en agrupar las estadísticas de denuncias y detenciones en un solo tablero, cosa que en la práctica ya se estaba haciendo, y en realizar reuniones mensuales para monitorear a las unidades operativas, situación que también se estaba produciendo a través del sistema AGEOP (Análisis de la Gestión Operativa).
No es mi intención juzgar intensiones, pero lo que se publicó en los diarios con bombos y platillos como el cierre de la implementación de un “nuevo” e “innovador” Sistema Táctico de Análisis Delictual, no es más –ni menos tampoco- que una reorganización de estrategias ya existentes.Puede decirse que no es tan grave, incluso que es hasta legítimo que el gobierno quiera mostrar resultados. Evidentemente que el problema no está en ello, si no en que interpreta los datos a su conveniencia, se apropia de acciones que los organismos públicos de manera sistemática ya venían realizando hace años y, por si fuera poco, fuerza las estadísticas para presentar como cambios sustantivos, leves fluctuaciones en indicadores que cómo ya dijimos no siempre son sólidos metodológicamente hablando. Lo más preocupante de esta dinámica es que las autoridades transforman el instrumento de medición en un objetivo en sí mismo, en un fetiche comunicacional dejando en un segundo plano la evaluación seria y efectiva de los impactos que están teniendo las políticas públicas.
El ejemplo de las grandilocuentes interpretaciones de los resultados de la encuesta Casen, la ENUSC 2011, la evolución de las tasas de denuncias y la reciente medición de la Fundación Paz Ciudadana, revelan una mirada autocomplaciente por parte de las autoridades que en vez de identificar fortalezas y debilidades para corregir programas y políticas, evade la realidad y por tanto su responsabilidad. Dicha actitud le hace muy mal a la actividad pública en general, ya que favorece la instalación de la mediocridad y el conformismo en los equipos de trabajo; y lo que es peor, infunden un daño estructural en la credibilidad que tienen expertos y ciudadanos en los indicadores y sus órganos emisores, llevando a la disputa pequeña datos que debieran servir de orientación para políticas públicas de largo alcance, que trasciendan la mirada cortoplacista y nos ayuden a generar los cambios de fondo que necesita nuestra sociedad.
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