NUEVAMENTE LA DELINCUENCIA

Las cifras de denuncias de delitos de mayor connotación social correspondientes al 3er trimestre de 2011 vuelven a sembrar el temor de analistas y entendidos en relación a la eficacia de las políticas públicas del actual gobierno en materia de prevención y control delictual. Si bien las denuncias no constituyen un indicador exacto de los delitos; ciertamente un incremento de esta magnitud (+ 10,1%) debe llevar a la autoridad a enmendar el rumbo rápidamente para evitar la afectación de mayor número de personas y hogares.

Al observar las cifras surge como primer análisis de preocupación que las denuncias de delitos que más aumentan son las correspondientes a delitos violentos. Así, del total de denuncias recibidas, el robo con fuerza llega al 37,3 % con un incremento de +10,8% respecto de igual período del año 2010. Dentro del robo con fuerza se observa un incremento de los robos en lugar habitado (+33,9%), en lugar no habitado (+22,3%) y robo de vehículos (+14,5%) sembrando una señal de intranquilidad en la seguridad de hogar y comercio.

Los incrementos de los robos con violencia en 17,9%, robos por sorpresa 2,9%; violaciones +11,5% y violencia intrafamiliar en 9,9% constituyen una luz naranja que el gobierno debe saber leer para implementar una política preventiva agresiva y focalizada en la protección de hogares, personas y comercio.

Dado que la confianza en el sistema de justicia criminal tiende a no variar en el corto y mediano plazo, podemos afirmar que este crecimiento se debe a un aumento real de la delincuencia. Estos resultados son además consistentes con los aumentos observados en las últimas mediciones de victimización disponibles. Según el índice paz ciudadana-Adimark la proporción de hogares victimizados creció en un 14,8% durante el primer semestre 2011.

Respecto de la cifra de homicidios y su alza a 27,8% me permito señalar que a pesar de que pueda aparecer llamativa, técnicamente no es acertada y deberían excluirla de la entrega de este tipo de cifras, ya que quienes determinan técnicamente la ocurrencia de un homicidio no son ni las policías ni el Ministerio público, sino que el Ministerio de salud ya que un caso que pudo ingresar a las policías o al Ministerio público como homicidio, puede derivar judicialmente en muerte accidental, cuasidelito o viceversa. De hecho la única estadística aceptada en organismos internacionales es la que emana de la autoridad de salud.

Para algunos estas cifras deben significar un regocijo al dejar en evidencia la incompetencia de quienes tienen a su cargo la prevención delictual. Para otros resulta más fácil exculparse sindicando como responsables a fiscales y jueces. Ni lo uno ni lo otro resulta del todo cierto ni mejorará las condiciones de seguridad de las familias si la autoridad no asume que la realidad delictual no cesa ante su estrategia disuasiva y por el contrario se incrementa de manera peligrosa.

Observo con preocupación las autocomplacientes declaraciones del Subsecretario de Prevención del delito quien parte exculpándose responsabilizando a jueces y fiscales y al ser contrastado con cifras que no sustentan técnicamente su afirmación decide culpar del alza delictual a las manifestaciones y el uso de carabineros para labores diversas de la seguridad preventiva. Acepto el argumento en la comuna de Santiago y excepcionalmente en otra comuna; pero no es aceptable como argumento general. ¿Qué labor de orden público pueden cumplir los carabineros de La Calera, de la región de Tarapacá o Los Ríos, de la comuna de Vitacura o Cerrillos, donde las alzas superan los 2 dígitos? Ninguna. Consultado Carabineros por eventuales traslados desde dichas comunas para cumplir esas funciones, la respuesta es categórica. No ha habido traslados para esos fines.

Finalmente no puedo dejar pasar el hecho que las cifras aparezcan publicadas en algunos medios de comunicación y la autoridad se refiera a ellas y aún no se encuentren disponibles las cifras oficiales en la web del ministerio del interior, situación que afecta la transparencia y el derecho de los ciudadanos de acceso a la información pública como mecanismo de simple información o análisis de cifras o variables que a la fecha de esta columna no han sido publicadas.

Tal y como lo he señalado en reiteradas oportunidades hoy renuevo mi compromiso de cooperación para con las autoridades en la superación del flagelo. Las cifras no son un fin en sí mismo, constituyen un instrumento de orientación de políticas públicas orientadas a resultados y es justamente eso lo que la autoridad debe entender y utilizar a su favor como herramienta de gestión y no descalificar a quienes con un prisma diverso opinamos para aportar a la solución de un problema que no puede ni debe tener sesgos de ninguna especie.