Si bien con el Ministro del Interior he tenido diferencias en muchos temas, no tengo temor a decir que en algunas ocasiones he comprendido la tensión bajo la cual se encuentra sometido. No obstante en esta oportunidad creo como legislador no puedo dejar pasar por alto una acción de la máxima gravedad. La reunión pública que sostuvo con Pedro Orthustegui, Presidente de la Asociación de Fiscales para tratar –según se informó- materias propias de la labor operativa de los fiscales e incluirlo en conversaciones para mejorar el despliegue en terreno de los persecutores.
En la reunión nada quedó al azar, fue todo prolijamente planificado. El sentido, alcance y consecuencias fueron deliberadamente preparados. El sentido de la reunión: Obviamente dar un golpe público al Fiscal Nacional y mostrar una institución fracturada donde los funcionarios “de terreno” apoyan al ministro del interior y no al jefe de servicio. Orthustegui –probablemente sin alcanzar a comprender el alcance que tendría su encuentro con el secretario de estado- llegó sólo a la reunión, sin su directiva. Hablaron de muchas cosas y al momento de finalizar la reunión vino el “detallito” de la foto juntos. El decano de los periódicos lo retrata bien. Ambos de pié, el dirigente gremial con las manos atrás como alumno hablando con el profesor y el Ministro sonriente denotando una cercanía con su interlocutor. Al costado una foto oscura del Fiscal Nacional, sólo, firmando papeles sentado en su escritorio. Es decir, a un lado el “equipo de terreno” y al otro el “de escritorio”.
La gravedad de la acción del ministro del Interior radica en que premeditadamente usó al interlocutor gremial de los fiscales para afectar la unidad del ministerio público al excluir al jefe superior del servicio, el Fiscal Nacional, a sabiendas que la única misión de la asociación de fiscales es velar por el mejoramiento de las condiciones laborales de los fiscales y carece de cualquier tipo de representación para intercambiar opiniones sobre política criminal.
De hecho, según el artículo 13 de la LOC del Ministerio Público el Fiscal Nacional es el jefe superior del servicio y responsable por su funcionamiento y dentro de sus facultades está la de emitir instrucciones sobre criterios de actuación en materias propias de la persecución penal. En cualquier caso, el órgano asesor del Fiscal Nacional y a quien corresponde opinar sobre los criterios de actuación es el Consejo general integrado por la totalidad de los fiscales regionales (artículo12). Si el Ministro del Interior tiene observaciones sobre la forma en que se ejerce la acción penal, lo que corresponde es que en reserva y con fundamentos exponga tal situación a la máxima autoridad de la institución persecutora o pida ser oído por el Consejo general del Ministerio Público, instancia donde podrá intercambiar visiones y coordinar acciones orientadas al logro del objetivo común.
Nunca más debe intentarse lesionar la autoridad por el sólo hecho de diferir de su visión, no es sano para el gobierno, para la política ni menos para el país.
Es posible y más que probable que existan divergencias entre las instituciones del estado. De hecho en el ejercicio de mi cargo tuve algunas divergencias con el Fiscal Nacional. La diferencia es que la forma de solucionarlas no era ni creando conflictos por la prensa ni intentando lesionar su autonomía; sino por la vía del diálogo en el entendido que cada órgano cumple su rol y que para el éxito de los ciudadanos se requiere coordinación interinstitucional. Esa es la capacidad que los ciudadanos esperan de sus autoridades, ponerse de acuerdo para mejorarles las condiciones de vida.
Ciertamente el sistema preventivo, persecutor, sancionador y rehabilitador admiten perfeccionamientos pero en cada caso deben hacer con las respectivas instituciones intervinientes y no contra ellas o prescindiendo de las mismas. Se trata de un trabajo de equipo.
Espero que quede claro que mi opinión no busca una defensa corporativa de ninguna institución, sino más bien apela al debido respeto por las instituciones ya que sobrepasadas que sean lo que se pone en riesgo es la separación de funciones, la autonomía y la garantía de imparcialidad en la persecución penal o en la administración de justicia según sea el caso.
El Ministro del interior debe enmendar el rumbo y concentrar sus esfuerzos en sumar apoyos, incluir instituciones a fin de ampliar el equipo destinado a mejorar las condiciones de paz y tranquilidad de nuestro país. Esa es su misión y su deber.
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