VIOLENCIA, DELINCUENCIA, GOBIERNO Y JUECES

El ambiente está malo. A la crispación política entre gobierno y oposición no se le ve buena salida. Por su parte los estudiantes insisten en no transar sus demandas y el populismo golpea a la puerta. En este cuadro el gobierno haciendo gala de su incapacidad política y sale a granjearse un nuevo conflicto. Ahora con los jueces al cuestionarlos por las “excesivas libertades” en las causas de infracción al orden público. Los jueces respondieron sin anestesia y con cifras irrefutables. 8 de cada 10 solicitudes de prisión preventiva son concedidas por el poder judicial. Es decir, del supuesto garantismo estructural de los jueces…nada.

No contento con la respuesta el Ministro de Justicia en un hecho inédito en la política chilena sale a amenazar a los jueces al sugerir que los ascensos judiciales serían condicionados a buenos fallos en materia de orden público. Es decir, el ministro se permite intentar condicionar los fallos judiciales para promover jueces, olvidando lo preceptuado en el artículo 76 de la Constitución Política que prohíbe al presidente de la República y a miembros del Congreso nacional avocarse a causas pendientes o cuestionar los fundamentos de sus fallos. Un escándalo de proporciones. La Asociación de Magistrados y el pleno de la Corte Suprema rechazaron categóricamente sus declaraciones al considerarlas como un intento por subordinar a un poder autónomo del estado.

Tozudez es la palabra que describe al Ministro de Justicia Teodoro Ribera. No es aceptable que una autoridad política se permita tal nivel de imprudencia e incluso se ponga al borde de la inconstitucionalidad con su sugerencia. O el ministro se retracta o renuncia. Pero una autoridad sin diálogo con el poder del estado materia de su cartera, parece insostenible.

¿Cuál será la razón para tal aberración? Para mi parece obvio. Las encuestas que tiene el gobierno dan un creciente nivel de rechazo a la forma en que el gobierno ha manejado el conflicto de orden público y la delincuencia. Entonces, con sus declaraciones, el gobierno busca excusar su incapacidad y endosar la responsabilidad por la falta de eficacia en la sanción de los encapuchados en otro poder del estado. El Poder Judicial. Así, al “endurecer el discurso” podrían recuperar algunos puntos en la evaluación pública y “reconquistar” al electorado propio que a diario aumenta su insatisfacción. Lo que no esperaban era que el Poder Judicial saliera a defenderse mostrando cifras que avalan que el problema no radica en el “garantismo estructural” de los jueces; sino más bien en la incapacidad del gobierno y sus agencias policiales para identificar a los violentistas y de probar en juicio su participación en los hechos de violencia.

Lo que se requiere entonces no es una modificación legal que incremente las penas ni un condicionamiento de asensos judiciales por los fallos, sino una reformulación del actual sistema de información preventiva a fin de lograr identificar a los violentistas y, una vez detenidos, acompañar profesionalmente en juicio los elementos probatorios suficientes para crear convicción judicial respecto de la participación de los detenidos en los hechos de violencia.

Si bien la estrategia diseñada pudo haber tenido efectos positivos para alguna encuesta, la contundente respuesta judicial permite avisorar un nuevo flanco del gobierno. Su falta de visión para solucionar un problema de alta sensibilidad ciudadana. La violencia y la delincuencia. Ambos temas en los cuales este gobierno sigue al debe y más allá de las construcciones mediáticas, los ciudadanos –transversalmente- lo sienten y en su entorno lo hacen saber.