UN APORTE A LA DISCUSIÓN POLÍTICA "DE CARA AL FUTURO"

El país vive nuevos tiempos. Los chilenos y chilenas manifiestan disposición y energía para enfrentar los desafíos. Las mentes están puestas en el futuro que anhelan y la forma de transformarlo en un mejor presente.

Queremos entrar a ese debate y hacerlo desde lo que somos. De cara al país, como siempre hemos actuado.

Quienes pensamos, soñamos y escribimos lo que estas páginas expresan, somos parte de esos muchos que lucharon por restablecer la libertad y por construir un Chile más próspero, equitativo y solidario, así como jóvenes de esos tiempos que nos sentimos solidarios con la tarea realizada. Estamos orgullosos de la obra lograda en más de 20 años de gobierno de la Concertación: hoy impera la democracia, el país es otro, y se han ampliado las posibilidades para que todos puedan realizar sus proyectos de vida.

Sabemos que se abre un nuevo ciclo para el desarrollo del país. Participar en el debate serio de las ideas que lo deben inspirar, es el propósito de este documento.

Nuestro orgullo por lo hecho no nubla la autocrítica por lo pendiente. Si fuimos derrotados en las últimas elecciones fue porque nuestros éxitos y fracasos nos llevaron a ello.

Nuestros éxitos, debido a que la identidad concertacionista dejó de ser diferenciadora, porque la hicimos identidad de todo el país: democrática, transformadora, garantía de gobernabilidad y sobre todo, comprometida con los problemas, dolores, sueños y protección de nuestro pueblo. Nuestros fracasos, porque con el correr del tiempo, algunos dejaron de entender la sociedad que cambiaba, en gran medida gracias a nuestra propia acción política, y a la vez, porque desalentamos y enrabiamos a muchos con divisiones y rencillas sin sentido en la dirigencia de la Concertación.

Sería absurdo proclamar que la obra hecha fue perfecta, pero sí decimos con convicción que esos más de 20 años, que van desde el plebiscito de 1988 hasta el término del gobierno de Michelle Bachelet, están entre los más exitosos de nuestra historia patria: se dibujó y se puso en marcha el proyecto político de un mejor país para todos. Lo decisivo en la hora presente es no extraviar la brújula, para poder retomar aquel rumbo. Precisamente por la maciza obra que construimos, hoy podemos plantearnos como nación metas más ambiciosas que antes no podíamos ni siquiera imaginar.

La historia es una sucesión de peldaños donde todo se construye a partir de lo que otros hicieron o dejaron de hacer, y no la obra de individualistas iluminados que piensan que con ellos el mundo comienza desde cero. Tener pasado es parte de las certezas que da la experiencia para enfrentar el futuro, sabiendo que al terminar no llegaremos tampoco a la perfección y que otros emprenderán obras hoy impensables, gracias a lo que nos disponemos a hacer. Siempre habrá desafíos e injusticias nuevas que superar, nunca habrá espacio para el conformismo entre nosotros.

Ad portas de importantes eventos electorales, que serán decisivos para definir el rumbo que adopte el país, invitamos al debate a todos los chilenos y chilenas que anhelan un Chile más inclusivo y justo.

I.- Un proyecto de país vigente

El país que dejamos al partir del gobierno no tiene nada que ver con aquel que recibimos, cualquiera que sea el ámbito que se mire: el avance democrático, la promoción y el respeto de los derechos fundamentales, la subordinación militar a la autoridad civil, los avances en modernización del Estado y la transparencia pública, lo hecho en protección social, el Auge, la triplicación del ingreso per cápita, la disminución drástica de la pobreza, la cobertura sanitaria, las carreteras e infraestructura en todo Chile, ese 70% del millón de estudiantes universitarios que es primera generación en ella, los tratados de libre comercio con países que contienen más de 3.000 millones de personas y el 85% del PIB mundial, el prestigio internacional del país, la libertad para investigar, debatir y crear, y así podríamos seguir.

Pero es mucho más que una suma de obras. Es el éxito de un camino político claro y nuevo que se abrió en Chile cuando concluía la guerra fría y se aceleraba la globalización. En un mundo donde a la creencia ramplona de que “crecer” es un verbo de derecha y “distribuir” lo es de izquierda, opusimos una visión en que crecer y distribuir se condicionan y se potencian, echando las bases de un equilibrio dinámico entre Estado, mercado y sociedad civil.

Fue un diseño audaz y original que tuvo fuerte impacto en América Latina y fue valorado en todo el mundo. Una política de resultados visibles, que armonizó los esfuerzos y anhelos de la sociedad civil, con una economía de mercado dinámica y un Estado actuando para elevar la protección social, disminuir la pobreza y las desigualdades y asegurar la vigencia de los derechos de los ciudadanos. Una acción cultural orientada a terminar con un Chile de represiones, impunidades y censuras, construyendo una sociedad y una institucionalidad más libres, y más acogedoras de nuestra creciente diversidad.

La historia juzgará, finalmente, el éxito de nuestra tarea pasada. Pero serán los ciudadanos quienes evalúen y escojan nuestra propuesta de futuro. Seguimos siendo la apuesta de un contingente de ciudadanos de centro y de izquierda, que recogen la mejor tradición comunitaria y libertaria de nuestro pueblo. El socialcristianismo, la socialdemocracia y el liberal-progresismo confluyen en un proyecto republicano que hoy debemos saber retomar. Ahí radicó el éxito de la Concertación.

Mirado desde hoy, toda nuestra obra suena como algo que siempre existió. Pero el esfuerzo duró más de 20 años, enfrentando con frecuencia los bloqueos de una derecha que resistió muchos cambios atrincherada en un sistema institucional que, por la vía de los senadores designados, el sistema electoral binominal y los quórums elevados para aprobar ciertas leyes, le permitía empatar su minoría con la mayoría.

Por cierto, aquellos con alma de detractores, siempre encontrarán “insuficiente” la obra de constructores de realidades nuevas. No nos dejamos amilanar. Transformamos el país de punta a cabo. Y ese cambio fue avalado por el mundo popular, a la vez protagonista y beneficiario de él: así lo confirman los altos índices de apoyo de los gobiernos concertacionistas, que contrastan con el escuálido respaldo del gobierno actual.

Debemos retomar el rumbo de futuro que la sociedad chilena se había planteado. No se trata de volver a hacer lo mismo. Debemos emprender nuevos desafíos, más exigentes, más complejos, más profundos, donde el progreso y la justicia social tal como aquí se señala, guíen la acción de los gobiernos y los ciudadanos.

2.- Nuevos y viejos problemas

Cuando las sociedades prosperan, no es sólo necesario hacerse cargo de los rezagos que quedaron sin respuesta: cada estadio alcanzado trae consigo nuevos problemas y también nuevas expectativas y sueños. Porque tenemos claro cuál debe ser el rumbo que el país debe adoptar, queremos participar en el debate sobre el futuro.

Nuestra sociedad cambió y da muestras que no continuará conformándose con el actual esquema de desigualdades vigente, partiendo por la mala distribución del ingreso y las nuevas desigualdades que se traducen en diferentes oportunidades para progresar y vivir. Cuando el PNUD ajusta el índice de Desarrollo Humano alcanzado por el país según las desigualdades en educación, salud e ingresos, Chile pierde un 19% de su potencial. Hay desigualdades carentes de toda justificación en la configuración de los barrios de las ciudades, en el transporte, en el uso del tiempo libre, en el acceso y costo del crédito, o el riesgo frente a la delincuencia y las drogas. A ello se suma un sentimiento difuso de precariedad y desamparo frente a los abusos de poder.

Tenemos un sistema económico en que los éxitos alcanzados no nos pueden hacer olvidar el alto grado de endeudamiento de los más pobres y los sectores medios, los abusos a los consumidores, los elevados costos de la energía, la escasa innovación, las altas tasas de desempleo juvenil y femenino, así como el creciente grado de concentración económica que amenaza la competencia en el mercado interno y se transforma en una barrera para la innovación y el emprendimiento que, es sabido, encuentran una cantera privilegiada en las pequeñas empresas y entre los jóvenes.

La economía chilena muestra un buen dinamismo y expectativas de crecimiento, aun en medio de las consecuencias de la crisis internacional del 2008. Pero tenemos que mejorar la productividad, especialmente de los sectores no exportadores, multiplicar las oportunidades de trabajo sobre todo para jóvenes y mujeres, potenciar nuestra matriz energética, ser mucho más audaces en destinar recursos a investigación científica y tecnológica y asegurar una institucionalidad que no transforme en incertidumbre los riesgos de emprender. El crecimiento de la economía nunca es un dato asegurado. Siempre es una conquista.

Nuestro desafío es evitar el péndulo que se concentra, por un lado, en la expansión económica sin priorizar el valor de la igualdad, frente a otro polo extremo en que todo es repartir, sin cuidar nuestra capacidad para generar riqueza, empleos y mejores oportunidades.

Tenemos una sociedad más próspera e instruida. Es aquélla de las masivas manifestaciones callejeras, más consciente de sus derechos ciudadanos, que presiona por una mayor participación en el reparto de la riqueza y en la toma de decisiones en los diversos niveles del sistema político. Ello se expresa en nuevas demandas en educación, salud, medio ambiente, las etnias, las diversidades y minorías sexuales, las regiones, etc. La emergencia de una nueva clase media, con sus movilizaciones masivas es una realidad central del Chile actual.

Necesitamos una política de mejor calidad. Tenemos un sistema político estrecho, centralizado y desprestigiado, con partidos e instituciones desgastados ante la opinión pública. Nos parece nefasto prolongar el empate institucionalizado del sistema electoral binominal, que favorece una política elitista e inmovilista, la cual, a su vez, abona el terreno para el surgimiento de caudillos populistas que erosionan el prestigio y la validez del sistema democrático. Es el momento de presionar con fuerza para cambiar este esquema institucional, porque más allá de las resistencias de la UDI, contamos, según las encuestas, con un pueblo favorable al cambio. El espectacular aumento del cuerpo electoral gracias a la inscripción automática, debe abrir paso a un nuevo impulso de transformaciones políticas y constitucionales que favorezcan la más amplia y libre deliberación democrática y un desarrollo más equilibrado de las regiones.

Tenemos un nuevo escenario global, con crisis que exceden las posibilidades de respuesta de cada país y provocan incertidumbre, con redes sociales por Internet que borran fronteras y globalizan demandas, con una interminable cadena económica donde las oportunidades, la competencia, las amenazas y las oportunidades pueden venir de cualquier rincón de la tierra. En tal contexto, debemos redoblar los esfuerzos por el protagonismo activo y solidario de una América Latina unida, que en los últimos 15 años ha sabido enfrentar los desafíos económicos con responsabilidad.

3.- Los desafíos que vienen

Estos viejos y nuevos problemas nos hablan de los retos que tenemos por delante, en un escenario mundial en continua transformación:

El primer desafío es la desigualdad: nos referimos a la desigualdad económica, pero también a la política y a las nuevas desigualdades propias de una sociedad más compleja.

Las cifras muestran una inaceptable desigualdad de ingresos autónomos, la que paradójicamente se mantiene antes y después del pago de impuestos. Esa mala distribución se corrige parcialmente gracias a las políticas sociales diseñadas e implementadas durante los últimos 20 años, que implican transferencias monetarias o creación de bienes y servicios públicos, todo ello en beneficio de los sectores más pobres, y en cierta medida, de las clases medias. La brecha entre el primer y el último decil de ingresos se reduce a la mitad cuando se considera la acción del Estado a través de sus distintos beneficios e instrumentos.

Cuando se alcanzan ingresos per cápita de US$ 15.000, el crecimiento pierde fuerza como factor de cohesión social frente a la presión por movilidad social, igualdad de oportunidades, acceso a la educación, la salud y al empleo, todas cuestiones ligadas más bien a la acción política.

No podemos competir en el mundo global sobre la base de los bajos costos de la mano de obra. Nuestro ingreso per cápita es de los más altos de América Latina y duplica aquéllos de China o India. Necesitamos competir con más conocimiento, que tiene que ver con la educación de nuestros jóvenes, con la calidad de los trabajos y con nuevos tipos de emprendimiento, todo ello gracias a un redoblado impulso en ciencia y tecnología.

Necesitamos, entonces, generar más riqueza, pero también distribuirla de mejor manera. Eso pasa por una reforma tributaria audaz y sensata, que sea eficaz y allegue mayores recursos, pero a la vez, que sea más justa en su recaudación. Asimismo, el sistema regulatorio en defensa de los consumidores y de la competencia debe fortalecerse.

El país ha alcanzado un grado de solidez y madurez en sus fundamentos macroeconómicos y fiscales que permite colocarse objetivos más ambiciosos. Sólo para financiar una reforma educacional de avanzada se requiere un esfuerzo de enorme magnitud en gasto permanente. A eso se suma el gasto que debemos afrontar para profundizar el sistema de protección social que hemos ido creando en los últimos años. Por eso necesitamos recaudar más. Porque hemos aprendido que todo gasto permanente del fisco debe tener asociado un ingreso también permanente.

Y por otro lado, se requiere mayor equidad en el sistema. El sistema regulatorio en defensa de consumidores y de la competencia requiere cambios.Son demasiadas las franquicias tributarias que hoy carecen de sentido económico, y que solo terminan beneficiando a las personas de más altos ingresos.

Por todo ello, hoy es la hora de proponer una reforma tributaria verdadera, que siente las bases para un nuevo pacto fiscal que vaya en beneficio de la mayoría.

Hay que prestar atención también a las nuevas desigualdades nacidas del progreso y a la mayor conciencia que la gente tiene de su carencia de justificación. Entre ellas destaca la desigualdad de género, tan presente en nuestra sociedad. Las mujeres siguen teniendo salarios más bajos, sufren violencia intrafamiliar y otros abusos y discriminaciones que debemos erradicar. Uno de los temas sensibles es la baja incorporación de la mujer al mundo del trabajo remunerado. No es exageración afirmar que la pobreza en Chile tiene cara de mujer. En los próximos años debemos acometer el más grande esfuerzo para acabar con esta desigualdad. Empleo, educación, capacitación, salas cuna, brecha salarial, entre otros, deben ser conceptos que orienten muy centralmente la acción social de un próximo gobierno. Pero sobre todo: respeto, igualdad de trato, protección frente al abuso y a la violencia. El país debe enfrentar con sentido de comunidad la interpelación que le hace la situación de la mujer.

Pero también la desigualdad se refleja en la política. El empate entre minoría y mayoría en el Congreso Nacional ha provocado la indiferencia de millones de personas, especialmente jóvenes, y ha favorecido la imagen de los políticos como un grupo encerrado entre cuatro paredes de espaldas a la voluntad ciudadana, con partidos políticos cuya legislación no incentiva normas claras de democracia interna y transparencia. A ello se suma el verdadero cerrojo institucional que imponen las leyes de quórum supra mayoritario, que impiden algo tan básico en una democracia, como es la regla de mayoría. Y se agrega el excesivo centralismo de nuestra estructura administrativa, que provoca un fuerte desequilibrio regional. Si hay un denominador común en las variadas manifestaciones sociales que se han visto en los últimos meses, es que en ninguna de ella existió un mecanismo institucional adecuado para resolver políticamente el tema.

Tampoco podemos obviar las desigualdades culturales: de género, de minorías sexuales, de los pueblos originarios y tantas otras. La diversidad cultural, valórica y regional de Chile es parte de su riqueza desperdiciada por causa de la intolerancia y atavismos del pasado.

Tenemos que continuar cambiando profundamente el país. Hay que introducir mayor igualdad en todos sus ámbitos. Nos proponemos avanzar en la igualdad de oportunidades, incentivando conjuntamente la iniciativa de personas, localidades, comunidades y empresas. Para saltar al futuro, necesitamos convertir la solidaridad y la inclusión en principios de convivencia y fundamento de las políticas públicas. Hay que volver a articular la libertad de elección de cada persona con un “piso” garantizado que proteja a los más vulnerables y mitigue los riesgos y fracasos a que se ven expuestos ciertos grupos sociales y personas.

Así entendida, en toda la amplitud que abarca, la lucha contra las desigualdades no es una suma de medidas aisladas. Es una lógica, una actitud, una manera de mirar y actuar a favor del progreso de Chile.

El desafío productivo. Chile no puede seguir actuando como hasta ahora si quiere mantener altas tasas de crecimiento que creen más y mejores empleos así como espacio para mayores recaudaciones fiscales.

A la luz de todos los antecedentes mundiales, la productividad y la capacitación laboral son la clave más decisiva y de más rápido impacto en la superación de las desigualdades. Aparte de las necesidades de toda la economía, solo el sector minero está demandando 300.000 personas calificadas para emprender su plan de expansión sin parangón en volumen y tecnología. Necesitamos una capacidad laboral mucho mayor a la actual.

Asimismo el mundo se ha hecho más competitivo y los tratados de libre comercio dejan de aportarnos ventajas similares a aquéllas de sus inicios. La calidad de nuestras exportaciones, el valor agregado de nuestros bienes y servicios, se transforman en un desafío ineludible si queremos mantener en los próximos 20 años el dinamismo económico del país. Nuestras exportaciones se encuentran concentradas en no más de una decena de productos, parte sustancial de ellos, commodities (cobre, otros minerales, papel y celulosa). Debemos “descommoditizar” lo que ahora producimos y crear nuevos sectores económicos, tomando la delantera en materia tecnológica y comercial, abriendo nuevas posibilidades al emprendimiento y fortaleciendo, de paso, las ciencias aplicadas que están asombrosamente postergadas en su acceso a recursos públicos respecto a las ciencias básicas.

En otras palabras, nuestro desafío no es solo la cantidad de crecimiento, sino muy centralmente su calidad.

El desafío ambiental. El país necesita y demanda un mayor rigor ambiental en nuestras prácticas como individuos, como sector productivo y como comunidad. Los desafíos ambientales son de tal magnitud, que solo puede aumentar la sensibilidad de la población sobre los riesgos de la contaminación, como lo ha señalado recientemente las NU.

El mundo enfrenta un peligro cierto de calentamiento global. Para el caso de nuestro país, tenemos una baja emisión de CO2 por habitante en comparación con los países desarrollados, pero debemos reducirla a menos de la mitad para el 2050, y eso requiere un gigantesco esfuerzo. Mayor, cuando nuestra generación termoeléctrica va en aumento. No es solo un tema de calidad ambiental para quienes vivimos en Chile, sino una exigencia mundial que abrirá o cerrará puertas a nuestras exportaciones. Ya la medición de la “huella de carbono” es una exigencia creciente en el mundo, especialmente para materias primas, alimentos y productos forestales que representan el grueso de nuestras exportaciones.

En un país como el nuestro, que es una potencia emergente en la producción de alimentos de la dieta mediterránea (frutas, paltas, salmones, vinos, etc.), el calentamiento global anuncia, además, serias amenazas para nuestra agricultura, sector que da empleo a muchas más personas que la minería. Todo indica que enfrentamos el riesgo de una mayor desertificación en el Norte Chico y la Zona Central del país, mientras aumentan las lluvias en la zona austral. Esto puede provocar desplazamientos dramáticos de cultivos hacia el sur. Y no estamos preparados para ello.

La “huella de agua” (cantidad de agua para que un producto llegue al consumidor final) es la exigencia que viene tras la huella de carbono. Seremos 9.000 millones de seres humanos en 2050 en toda la tierra. El agua no alcanzará si no se hace un considerable esfuerzo de racionalización. En el caso de Chile, y no solo por la sequía que ahora nos ha aquejado, hay zonas completas donde el agua escasea. No alcanza para cubrir la suma del consumo humano, más las necesidades de riego y los requerimientos del sector productivo. La desalinización es una realidad en el Norte Grande. Las prácticas, inversiones y políticas en el uso del agua, tanto públicas como privadas, deben responder a esta situación crecientemente restrictiva. Las regulaciones en el uso y propiedad del agua deben ajustarse a ellas, por lo cual es indispensable una revisión de la actual legislación aumentando las facultades de la autoridad respectiva.

Las normas ambientales con que operan nuestras industrias y ciudades han mejorado, pero están bajo los estándares alcanzados por países de igual o superior nivel de ingreso. Esas normas deben hacerse más rigurosas, en especial aquéllas relativas a los medios de transporte, centrales termoeléctricas, fundiciones, faenas mineras y uso de la leña, que son grandes generadores de CO2. Por otra parte, el trámite de los nuevos proyectos de inversión debe ser más ágil: la lentitud y engorro nunca ha sido sinónimo de rigor. La nueva institucionalidad ambiental y la entrada en vigencia de los Tribunales Ambientales ofrecen una buena oportunidad de avanzar en la línea señalada; sin embargo, la judialización exacerbada, la indecisión para definir reglas y criterios claros, por ejemplo en materia energética, conspiran contra la actividad productiva y una real defensa del medio ambiente.

El fomento del transporte público, el rechazo a rebajas demagógicas de los impuestos a los combustibles (lo que termina abaratando la contaminación), la creación de “impuestos verdes” que castiguen a los contaminadores, son todas políticas que el futuro del país nos impone.

El desafío educacional. El tema educacional ha sido puesto con fuerza en la agenda pública por el movimiento estudiantil y se transformó en una demanda que atraviesa todos los demás desafíos que vivimos como país. No partimos de cero, porque en los últimos años, contrariamente a lo que algunos intentan hacer aparecer, ha habido importantes avances. Pero afirmamos categóricamente que para acelerar la mejora de la calidad y la equidad en el sistema, debemos emprender reformas estructurales.

En primer lugar, debemos retomar el importante impulso que se le dio a la educación pre escolar en el gobierno anterior. Nuestra meta no puede ser otra que la cobertura universal, porque de otra manera, estaremos condenando a los niños provenientes de familias más vulnerables a un comienzo desigual que después no se podrá revertir. Paralelamente se impone una revisión profunda en todo el sistema escolar. Afortunadamente contaremos con la institucionalidad recientemente aprobada para asegurar la calidad en todos los establecimientos, públicos, particulares subvencionados y privados pagados. Debemos ahora asegurar que esa institucionalidad funcione con todo el rigor que requiere, de manera que nadie pueda hacer de la educación un negocio lucrativo a costa de la calidad de la enseñanza. Debemos reformar, también, el actual sistema de financiamiento compartido. La evidencia muestra que el sistema de copago en los liceos y colegios ha generado una segregación inaceptable en nuestro sistema educacional. Y debemos hacernos cargos de dos deudas. Por un lado, la de fortalecer la carrera docente y la gestión de escuelas porque, sabemos, gran parte de esta tarea se juega al interior de las escuelas y de la sala de clases. Por otro lado, tenemos como país una deuda con la educación pública. Debemos invertir fuertemente en aquel sistema, priorizar inversión en ella, llevar a los mejores maestros a sus aulas, y otorgarle una nueva arquitectura institucional que logre superar las falencias evidentes de la municipalización.

Los estudiantes también colocaron el tema de la educación superior al frente de las prioridades. Las falencias del sistema universitario actual se han hecho notorias en estos meses. Se debe recuperar para el sistema en su conjunto, esa noble tradición de excelencia que tuvieron nuestras universidades, las que fueron internacionalmente reconocidas y prestigiadas. Para ello es indispensable que ellas mismas hagan un esfuerzo en tal sentido y que el país cuente con una institucionalidad de acreditación ajena a los intereses de los afectados, rigurosa, de alto estándar y objetiva, capaz de valorar la calidad en la formación de profesionales y en la investigación científico técnica. Así mismo, el sistema de financiamiento para estudiantes exige una revisión profunda a fin de garantizar que no sea el ingreso de sus familias una barrera para la juventud que anhela y tiene méritos para acceder a la universidad. Al igual, el país tiene una deuda con la educación superior técnico profesional que la equidad y el desarrollo nacional nos exigen superar.

El desafío energético. Chile tiene costos de energía entre los más altos de los países de la OCDE y son los que más han aumentado en los últimos años. Ese incremento también incide en la pérdida de competitividad de nuestras actividades productivas. Según el Consejo Asesor para el Desarrollo Eléctrico, la situación será más crítica a partir de 2017 , o sea, durante el próximo gobierno. Impedir esa crisis anunciada supone iniciar ahora las obras que puedan estar en operación para esa fecha. El tema ha adquirido dimensión de problema-país y nadie serio puede rehuirlo.

La forma más barata de aumentar capacidad eléctrica en el mundo es mediante más eficiencia energética, o sea, la capacidad para seguir haciendo lo mismo pero con menos electricidad, lo que incluye ampolletas y electrodomésticos más eficientes, mejorar los sistemas de transmisión y distribución, así como un uso mejor en el sector productivo. Pero ni aun con el nivel alcanzado por los países más eficientes en esta materia, será suficiente para enfrentar el problema.

Nos vemos obligados, entonces, a recurrir a otras formas de generación que han alcanzado su desarrollo en el último tiempo., como las energías renovables no convencionales (ERNC), para las cuales el país tiene inmejorables condiciones geográficas. El impulso de centrales hidroeléctricas de pasada, de la energía eólica, del seguimiento de los avances en la generación mareomotriz para un país de miles de kilómetros de costa, de la geotermia, pero muy especialmente, de la energía solar que se ha expandido en diversas latitudes, para lo cual la zona norte presenta condiciones excepcionales. Hoy la energía solar está reduciendo sus costos. Chile debe ponerse a la punta de ese esfuerzo no solo como generador sino como centro tecnológico de punta.

Pero no vendamos ilusiones: por si solas, las ERNC no resuelven el problema actual, y por ende, no es evitable hacer opciones en otras formas de generación energética, algunas limpias, como la hidráulica, y otras por ahora insustituibles, pero contaminantes, como la termoeléctrica, que sin embargo puede mejorar su estándar de pureza con nuevas tecnologías. La opción ambiental que se expresa en la movilización contra energías limpias, es una de las paradojas del país.

El desafío de un nuevo trato con los pueblos originarios.

El país tiene una deuda con los pueblos originarios. Luego de la Ley Indígena en 1993 y de la aprobación del Convenio 169 de la OIT en 2009, es indispensable establecer un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y sus derechos.

Chile debe asumir la multiculturalidad en todas sus dimensiones y dotarse de un aparato institucional capaz de diseñar e implementar políticas indígenas al más alto nivel. Para ello, debe crearse un Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas que los represente y que siendo autónomo, sea capaz de interactuar con los diversos órganos del Estado y la sociedad.

Debe diseñarse un plan especial de restitución de tierras para quienes cuenten con títulos ancestrales reconocidos y favorecer el desarrollo indígena combinando los avances propios de la economía moderna con sus tradiciones, tanto en las regiones del sur como en el norte. Hay que implementar, también, el estatuto especial de la isla Rapa Nui y de la ley sobre borde costero, llamado lafquenche.

Las políticas públicas deben implementarse con pertinencia indígena en aquellas localidades donde haya una presencia significativa de pueblos originarios. Debe dictarse una ley sobre consulta y participación de los pueblos originarios para alcanzar una adecuada implementación del Convenio 169 de la OIT, tanto a nivel de los órganos centrales del Estado como de los Gobiernos Regionales y los Municipios.

Debe favorecerse el desarrollo cultural de los pueblos originarios fomentando el uso de sus lenguas y haciendo un catastro nacional de sus costumbres para que tengan adecuado valor jurídico.

El desafío de la revolución en el pensamiento social. El desarrollo científico tecnológico, la expansión de las redes sociales, la conciencia de la globalidad y de la insuficiencia de las recetas clásicas para enfrentar los nuevos desafíos, han generado una revolución del pensamiento social en el mundo, incluido nuestro país. Entre los pilares de este cambio está la alta revalorización de lo colectivo. Ello se expresa en el valor de las redes, de la pertenencia a espacios compartidos que deben ser más abiertos y equitativos, de la necesidad de la acción común para lograr anhelos que individualmente son imposibles de alcanzar, la defensa de intereses colectivos o difusos, especialmente de los consumidores y en el medio ambiente. Esta no es solo una referencia a los movimientos sociales de los últimos tiempos. Abarca toda la sociedad, incluidas las empresas, donde se hace central el rol que juegan las personas y el trabajo en equipo en la creación de valor y donde se extiende la conciencia que la empresa es un espacio de colaboración entre muchos (trabajadores, proveedores, entorno) para competir exitosamente. Todo esto reafirma el rol de lo colectivo en el conjunto de la sociedad, cambiando una mirada excesivamente individualista de tiempos anteriores.

El desafío de nuevos cambios políticos.

Es urgente revalorizar la acción política haciendo primar el bien común por sobre los intereses de grupo o personales; volver a despertar en los ciudadanos el interés y la preocupación por el país y su futuro. Ya lo dijimos: para lograr nuestros desafíos, hay que dar un nuevo impulso al sistema político. Se requiere un profundo cambio en la Constitución, para abrir paso a una institucionalidad política más amplia, más libre y más participativa. Necesitamos la mayor deliberación democrática. Debemos reemplazar el sistema electoral binominal por uno proporcional corregido; terminar con el sistema de leyes de quórum supramayoritario; impulsar una verdadera regionalización y formas nuevas de participación directa de los ciudadanos en la decisión de los asuntos públicos, como el plebiscito y la iniciativa popular de ley; promover la participación de la mujer en la política a través de medidas legales que la favorezcan; fortalecer a los partidos políticos; regular mejor y aplicar el máximo grado de transparencia en la relación entre dinero y política; redefinir las políticas públicas orientadas a integrar y a apoyar nuevas formas de contribución al desarrollo y la equidad; mejorar la protección de los derechos fundamentales a través de la creación del defensor de los ciudadanos y la justicia contencioso administrativa.

4.- Una amplia alianza social y política por los cambios

La discusión sobre las alianzas políticas en la oposición quizás tenga ingredientes instrumentales y electorales, pero subyacen en ella visiones divergentes. La tesis de una Concertación que se abre a un pacto electoral con otras fuerzas opositoras, como el PC, el MAS u otras colectividades, no es conciliable con la tesis de un “frente de izquierda” excluyente que posteriormente buscaría concordar con la DC. La fuerza matriz del cambio en Chile, como lo ha demostrado la historia, es la alianza del centro y la izquierda, con un solo programa y un accionar unido desde el inicio, bajo la impronta de un proyecto político compartido de transformaciones viables. Que la derrota en la última elección presidencial no nos haga olvidar lo que tan duramente aprendimos.

La Concertación expresó en estos últimos decenios la convicción de que sólo una alianza sólida entre el centro y la izquierda democrática constituye un piso para impulsar los cambios que se necesitan. Fue esa alianza la que derrotó a la dictadura y más tarde hizo prosperar al país, favoreciendo especialmente a los más vulnerables.

No compartimos la decisión de terminar con el bloque mayoritario por los cambios que congrega a la izquierda democrática y el centro, para ilusionarse con un agrupación solo de izquierda que sería incapaz de impulsar transformaciones sólidas e irreversibles.

Mantenemos la convicción, grabada a punta de desgarros por el quiebre de la democracia en 1973, luego por la victoria sobre la dictadura y más tarde por la obra de la Concertación, que un bloque mayoritario por los cambios -–sea cuál sea el nombre que éste finalmente adopte-- unido en propuestas y accionar, es condición indispensable para promover transformaciones reales y profundas. Cambios con la solidez que dan la gradualidad y la paz, a diferencia de esa inmediatez y radicalidad que “en nombre del pueblo” pero sin parte suficiente de él, lejos de ampliar nuestra base de apoyo social la reduce, marginando a muchos y perpetuándonos en una minoría electoral que imposibilita materializar los cambios que el nuevo Chile requiere.

Nos sentimos parte de aquellos que en la Concertación han tenido el valor de hacer oír su reclamo frente al intento de liquidar la alianza del centro con la izquierda, soñando con inviables entendimientos posteriores, a partir de propuestas en confrontación precisamente por entrar a disputar un mismo electorado. Los que callan también son responsables.

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Todo nos habla de nuevos tiempos. El gobierno de derecha no ha logrado dibujar una promesa de futuro para el país. Está en nosotros ganar la próxima elección presidencial. Tal como en las vísperas del año 90 la Concertación bulló en trabajo intelectual para enfrentar responsablemente los desafíos que aproximaban, hoy es necesario ponerse a la tarea, con renovado entusiasmo, con responsabilidad política y sentido de urgencia.

Todo Chile mira hacia el futuro. Los llamamos a emprender juntos este desafío.

PD: Consecuentes con este llamado final, nuestro documento esta abierto a la adhesión de todos los que suscriban los contenidos centrales que lo atraviesan. Si desea adherir puede hacerlo al correo pjc@invquilimari.cl