Mucho se ha hablado sobre la posibilidad de instaurar la modalidad de policías municipales en nuestro país. El aceptar la instauración de policías municipales implica en primer término que el Estado se desprendería de una de sus mas importantes funciones, como es la de brindar seguridad de manera equitativa a la población a través de una institución seria, responsable, técnica, unitaria y profesionalmente preparada para ejercer la fuerza dentro de un estado de derecho democrático y de los principios de transparencia y legalidad.
En segundo orden implicaría desmembrar la actual estructura policial de carácter nacional y jerárquica, que garantiza ciertos niveles de independencia en su actuar y son sometidos a un control jerárquico desde el mando institucional y la autoridad civil.
En tercer lugar, la consagración municipal de cuerpos de seguridad conllevaría una inmediata discriminación de la calidad de los servicios de seguridad sobre la base de los ingresos municipales, toda vez que sólo los Municipios con más recursos tendrían la opción de optimizar sus servicios de seguridad; en contrapartida, los municipios de escasos recursos verían deteriorados sus niveles de protección debido a la imposibilidad presupuestaria de costear dichos servicios, lo cual implicaría extender las desigualdades planteadas por los obispos a un aspecto tan relevante de la vida cotididiana como lo constituye la oferta de tranquilidad y seguridad para las familias de nuestro país.[1]
En cuarto lugar, porque un servicio de seguridad policial de carácter nacional, regido por normas constitucionales y dependencia centralizada del Estado, permiten garantizar que el actuar se realizará dentro de los marcos de la legalidad y ajenos a cualquier influencia de alguna autoridad local, frente a un cuerpo municipal donde el Alcalde se erigiría como el principal actor y empleador de la policía con los riesgos asociados para la independencia en el actuar policial y en la equidad en la administración del ejercicio de la fuerza policial.
En quinto lugar porque la división político administrativa del país no es aplicable al fenómeno de la seguridad interior, ya que al existir multiplicidad de policías con límites territoriales se producirían contiendas de competencia o jurisdicción, existiendo multiplicidad de criterios para enfrentar el fenómeno delictivo, lo que atentaría contra la eficacia policial.
Por último porque un Estado eficiente realiza ofertas de servicios de forma unívoca, es decir, servicios que otorguen al ciudadano pretaciones claras y determinadas, donde la comunidad tenga la certeza de qué servicio le prestará cada institución. Mientras que la proliferación de policías apunta en la dirección opuesta brindando al ciudadano ofertas equívocas donde éste deberá dilucidar las competencias de cada uno de los servicios policiales prestandose para confusiones y descoordinaciones lo que se traduciría en aumento de la sensación de inseguridad.
1] Mientras la comuna de Vitacura puede invertir $301.000 por habitante, la comuna de Lo Prado sólo pude invertir $42.000 por habitante y Los Vilos $27.000. (Fuente: Estudio de Ingresos municipales. Subdere)
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