Durante estos días algunos parlamentarios de oposición han iniciado una campaña destinada a promover la idea de que Chile es un país inseguro y que las políticas adoptadas para el combate a la delincuencia han sido sobrepasadas por el incremento de las tasas de denuncias.
En primer lugar creo necesario señalar que un estudio realizado por la revista internacional America Economía ubicó a la ciudad de Santiago en el primer lugar en el ranking de las mejores ciudades del mundo para hacer negocios, uno de cuyos principales indicadores es la seguridad que ofrece para sus habitantes, superando a ciudades como Miami, Sao Paulo, Buenos Aires y otras capitales. Es decir, las opiniones objetivas de los organismos internacionales contravienen lo señalado por aquellos que pretenden hacer de la inseguridad una imagen país que no se condice con la realidad de Chile y que poco ayudan en la construcción de un país más seguro y un clima de tranquilidad y confianza internacional.
Lamentablemente aún persiste en algunos dirigentes de la derecha la idea que seguridad es sinónimo de represión. Una fórmula reducida para justificar sus incontrolables deseos de coerción y disminución de libertades o un desconocimiento profundo de la forma de enfrentar el flagelo delictual.
Lo cierto es que la seguridad debe ser abordada bajo una concepción más amplia, no por ello menos eficaz; que aborde las causas que generan la actividad delictual y las formas de enfrentarlas, mecanismos de prevención policial o fortalecimiento de las policías, instrumentos jurídicos modernos para la sanción a los delincuentes habituales, mecanismos de rehabilitación y de política carcelaria.
En efecto, al observar la encuesta nacional de victimización, surge que más del 60% de los encuestados señala como causas de la delincuencia al desempleo, pobreza y deserción escolar. Es decir, son los propios afectados los que le responden a la derecha señalando que más que aumento de penas y restricción de libertades, se requiere fortalecer las políticas sociales destinadas a disminuir las condiciones de riesgo que pueden gatillar el ingreso a la carrera delictual.
En ese orden de cosas, el programa Chile Solidario que a la fecha se encuentra implementado en 332 comunas de nuestro país, beneficiando a más de 115.000 familias, permite insertar dentro de la red pública a muchas familias que carecían de ayuda social, o bien la ayuda les era inorgánica. Hoy, estas familias al ingresar a la red social del Estado podrán enfrentar las causas de fondo de su condición de pobreza, accediendo a programas de salud, programas de vivienda y educación, con lo cual muchos de los hijos de estas familias tendrán una alternativa real a la delincuencia como modo de subsistencia, como lo serán la educación y oportunidades laborales.
En segundo orden, la creación de un incentivo económico del Estado a los municipios y sostenedores de establecimientos educacionales por cada joven desertor que logren reinsertar en el sistema educacional, constituye una medida concreta y eficaz para enfrentar uno de los tres aspectos señalados como las principales causas de la delincuencia, la deserción escolar.
Es decir, el gobierno le está entregando a cada sostenedor educacional una suma de dinero por cada joven que logren reinsertar en sus establecimientos educacionales, a fin de dar una oportunidad social a los jóvenes que hoy hacen de la delincuencia su actividad habitual. Hoy, más de 1.300 niños vinculados a las familias del programa Puente del Chile Solidario han sido reinsertados en establecimientos educacionales.
Como las anteriores iniciativas existen otras de igual o mayor impacto social que no es el objetivo de la presente columna detallar; como los programas de recuperación de espacios públicos, de prevención social como el comuna segura o barrios seguros, deporte y prevención social y otros. Sino mas bien dejar sentada la idea de que la lucha contra la delincuencia, vale decir, la política nacional sobre seguridad pública, no sólo debe contener aspectos sancionadores a quienes hacen de la delincuencia su actividad cotidiana, sino que también debe hacerse cargo de las causas que originan la delincuencia y dar alternativas de superación de ellas, en eso estamos y seguiremos avanzando.
Ciertamente las políticas de prevención social del delito no son tan atractivas para su difusión mediática, pero no por ello menos importantes, ya que a través de ellas nos hacemos cargo del fondo del problema, cuyos resultados se observarán en el mediano y largo plazo cuando los hijos de esas familias puedan insertarse dentro de nuestro crecimiento y desarrollo como país desde su condición de ciudadanos libres y honestos; y no necesariamente desde un centro de reclusión que es donde algunos quisieran verlos.
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