MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DELINCUENCIA

Probablemente debería partir esta opinión con el título anverso, “delincuencia y medios de comunicación”, ya que como señalan los periodistas “los medios sólo intentan reflejar los problemas sociales”. No lo hice en razón de que durante los últimos días los medios de comunicación han sido el centro de la noticia.

La prensa en un régimen democrático donde impera el estado de derecho tiene asegurada su facultad de informar y, por consiguiente, los ciudadanos tienen derecho a ser oportunamente informados. Nadie ha discutido ni cuestionado tales derechos y quienes intenten desviar la discusión hacia dicho tema estarán aportando a que nuestro país no dé un paso más hacia la madurez socio política que requiere.

El trabajo de los medios de comunicación puede ser muchas veces incomprendido por aquellos que se sienten afectados, pero desde el punto de vista doctrinario deben mantenerse en su rol social de informar de manera veraz a la principal fuerza política difusa: la opinión pública.

Pero la emisión de noticias no puede convertir a los medios de comunicación en meros intermediarios de los hechos y los ciudadanos. Cada medio de comunicación, entonces, intenta darle un valor agregado, diferenciarse de su competencia a fin de captar audiencias y lograr su sustentabilidad económica dentro de un mercado concentrado pero muy competitivo.

En ese proceso, cada medio, de acuerdo con sus líneas editoriales va orientando este deber de informar hacia la captura de un público altamente disputado. Algunos optan por el espectáculo como tema principal, otros por el deporte, otros por la polémica y hay quienes han hecho de su línea editorial la inseguridad.

¿Qué diferencia hay entre estas diversas líneas editoriales?

Formalmente ninguna, todas responden a la libre orientación que sus propietarios quieren otorgarle a sus medios con el fin de aumentar su audiencia. Sin embargo, una mirada más de fondo permite advertir que difieren sustancialmente.

La vida de los artistas y el mundo del espectáculo generan un rédito a quienes las difunden, muchas veces potenciando artificialmente conflictos entre programas diferentes, buscando instalar dentro de las primeras audiencias a sus respectivos medios. Legítimo, ya que finalmente se trata de un negocio que debe lucrar.

Pero cuando en la línea editorial se utiliza un tema tan sensible como la seguridad de las personas y sus familias, las consecuencias pueden ser insospechadas. Basta observar los resultados de la encuesta nacional de victimización donde al ciudadano se le consultó ¿Ud. cree que la delincuencia ha aumentado en: a) su barrio; b) su comuna o c) el país?

Las respuestas fueron invariables. Un pequeño porcentaje consideró que la delincuencia había aumentado en su entorno inmediato, su barrio. Un porcentaje mayor, en su comuna y un porcentaje aún más alto, en el país. ¿Qué nos dice esta respuesta?, que a medida que el espacio donde se desenvuelve el ciudadano diaria y cotidianamente es más lejano, su sensación de inseguridad aumenta. A contrario sensu, en su entorno inmediato, recurrente y habitual, se siente mucho más seguro que en un espacio lejano y difuso.

¿Qué ocurre entonces? Sucede que la prominente difusión en los medios de comunicación de hechos delictivos está creando una sensación de inseguridad en los entornos lejanos y, lo que es peor, también en los cercanos, potenciando el encierro, rejas, alarmas y hasta la autodefensa, soluciones lucrativas para algunos pero inútiles para la gran mayoría.

A este respecto, me permitiré recoger una vivencia en la comuna de Lago Ranco, X Región, donde en el marco de una reunión con carabineros y la comunidad, una vecina sostuvo que vivía con miedo. Al señalarle el oficial de carabineros que en la comuna los últimos 6 meses se habían registrado sólo 2 delitos (hurto de animales), ésta señaló que la noche anterior un canal de televisión había transmitido durante 2 horas un programa especial que daba cuenta del comercio ilegal en el centro de santiago (“La tía Chela”). Al observar tal temor le manifesté que nos encontrábamos a mas de 500 kilómetro de distancia del centro de Santiago, que la “Tía chela” había sido detenida y que como habitante de Lago Ranco, disfrutara el hecho de ser residente de una de las comunas objetivamente más seguras del país.

Según el censo del año 2002, la gran mayoría de nuestra población posee televisores, los que se encuentran en un lugar de reunión familiar o la habitación. Si dichos medios transmiten un promedio de 25 minutos diarios de delitos, o de un total de 72 notas de prensa en un día, el 50% de ellas están relacionadas con la delincuencia, resulta absolutamente lógico que al igual que la vecina de Lago Ranco, muchos ciudadanos se sientan atemorizados ante el aparente incremento de los hechos ilícitos. ¿Cuál será entonces la responsabilidad social de los medios de comunicación? ¿Está supeditada a la obtención del rating? ¿Es la competencia económica más fuerte que los principios inspiradores de la comunicación o existe un tinte ideológico o electoral?

¿Será acaso necesario no informar de los delitos? La respuesta es categórica: NO. Lo que correspondería es que junto con dar a conocer la ocurrencia delitos, se realizaran notas relativas a la prevención y solución de los mismos, programas de inserción social, participación comunitaria preventiva, detenciones, condenas, testimonios de los cientos de ciudadanos que se han visto beneficiados con el nuevo sistema procesal. En fin, plantear el problema en su más amplia dimensión, poniendo el punto medio entre la prevención, el delito y sus soluciones, ya que sólo así se podrá dar fiel cumplimiento al rol de los medios en cuanto a informar y no deformar o magnificar una realidad objetiva. Estudios realizados por organismos independientes, nacionales e internacionales, dan cuenta de una estabilización en la tasa de denuncias de los delitos de mayor connotación social cuando el fenómeno es abordado como política país, con la participación de todos los sectores de la sociedad, incluyendo los medios de comunicación. Esto, sin duda aportará a que los ciudadanos puedan sentirse más tranquilos y conocer lo que, tanto parlamentarios, alcaldes, consejeros regionales de todos los sectores políticos, las iglesias, el Gobierno y las policías, estamos realizando para aumentar los niveles de seguridad de nuestro país.

LAS MEDIDAS DE LAVÍN

Entre las múltiples medidas propuestas por el candidato de la Udi, Joaquín Lavín, quizás la más sensata ha sido prometer 12 mil Carabineros más. Sin embargo, el resto de sus promesas no dejan de llamar la atención, por lo que a continuación las analizaré por separado.

- LA TERCERA ES LA VENCIDA: Esta idea sacada de la legislación del estado de California, Estados Unidos, tiene su origen en el homicidio de una menor de apellido Klaas a manos de un delincuente de color, cuyo agravante era haber cometido con anterioridad dos delitos graves. La aprobación de “Three strikes and you are out” se produjo inmediatamente después de este dramático caso, y fue ampliando su ámbito de aplicación a los mas diversos delitos, lo que se ha traducido, por ejemplo, en condenas sin derecho a libertad de jóvenes cuyo tercer delito ha sido el hurto de películas en un conocido club de videos. El padre de la menor que motivó dicha iniciativa, y otrora ferviente defensor de la polémica medida, hoy se manifiesta contrario a ella por considerar que no enfrenta las causas originarias del flagelo delictual. Esto, porque su aplicación ha aumentado la desproporción entre delitos cometidos y penas excesivas; porque dicha medida, al impedir la libertad condicional del delincuente, produce un desarraigo familiar y social irreparable; porque no logra el objetivo de toda condena: la rehabilitación y posterior reinserción del delincuente; y porque, según las estadísticas de importantes centros de estudios norteamericanos, no ha implicado un impacto en la disminución de los delitos graves.

Según el estudio Punishment and Democracy: Three strikes and you’re out in California (Zimring, Hawkins, Kamin, 2004), el objetivo de “la tercera es la vencida” es eliminar la criminalidad violenta o grave centrándose en los autores que cometen un número desproporcionado de delitos. Se parte de la base que un porcentaje pequeño de delincuentes comete la mayoría de ellos, por lo que su encarcelación debería, teóricamente, reducir la tasa de criminalidad por los delitos que habrían de otro modo cometido.

Los legisladores californianos en un principio no vieron en la ley una forma de prevención sino que una manera de mantener encarcelados a los autores de una felonía que hubieran sido previamente condenados. Sin embargo, luego cambiaron la argumentación para explicar la baja en las tasas de criminalidad como resultado del efecto disuasivo de la ley, ya que en California éstas cayeron dramáticamente desde su implementación.

Pero la ley no es la causa de la baja en la tasa de criminalidad, ya que esta tendencia comenzó antes de su implementación y no se acentuó luego de ella. La ley tampoco significó un alza considerable de la población penal, la que ha experimentado un aumento paulatino y sostenido. De ser responsable de la baja en la tasa de criminalidad debería haberse producido un incremento importante, no paulatino, de la población penal. Tampoco se ha traducido en la encarcelación de delincuentes particularmente peligrosos o responsables de una cantidad desproporcionada de delitos.

Así se explica que la ciudad de Nueva York sea aquella en que más bajó la tasa de criminalidad sin tener una ley semejante y que las tasas de criminalidad en algunas comunas de California en que se ha aplicado inflexiblemente esta ley no hayan disminuido más que otras. De hecho, la criminalidad se redujo en un 21.3% en seis comunas que han aplicado la ley de manera más blanda, mientras que aquellas en que se aplicó estrictamente sólo bajó un 12.7%.

Finalmente, la tasa de criminalidad ha comenzado a subir nuevamente en California. Aumentó en un 8% en Los Angeles, donde se ha aplicado, pero bajó un 3% en San Francisco, donde no se está ejecutando. Tal como no puede atribuirse la caída de la tasa a su implementación, no puede atribuírsele el aumento de la misma. Obviamente inciden en ambos casos otros factores.

La primera pregunta planteada para evaluar la ley fue cuál era el porcentaje de delitos de los que eran responsables los imputados teóricamente objetivos de dicha ley. Si lo son de un porcentaje considerable, entonces su encarcelamiento debería producir una disminución de las tasas de criminalidad. Aunque los estudios realizados indican que el número de delitos cometidos ha bajado, no es posible determinar quiénes han dejado de cometerlos.

El estudio realizado en tres ciudades (Los Angeles, San Diego, San Francisco) demostró que los imputados a quienes era aplicable la ley por ser su tercer delito, cometían 3.3% del total de felonías, esto es, (1c/30) lo que contradice la afirmación de que ésta apunta a un número pequeño de delincuentes que son responsables de una cantidad desproporcionada de delitos. El estudio también demostró que tampoco son responsables de una parte importante del total de hechos violentos. Cerca de 1 c/23 delincuentes comunes comete delitos violentos, mientras que 1c/33 de los delincuentes objetivo de la ley lo hace. La decisión de incluir el robo residencial como un strike y cualquier felonía como tercer strike, ha significado que es menos probable que los delincuentes objetivos de la ley cometan un tercer delito violento que otros delincuentes.

Otro estudio elaborado por The Economist (Junio, 2004), señala que la comparación entre los estados de EEUU que han adoptado legislaciones de “la tercera es la vencida” y los que no lo han hecho permite desechar la simple relación entre la severidad del castigo y la prevención general. La criminalidad ha disminuido en todo el país y según algunos investigadores, cayó un 11% más en los 24 estados que no adoptaron dicha legislación. Incluso en aquellos que si lo hicieron, las comunas han aplicado esta legislación con diversos grados de intensidad, disminuyendo la criminalidad en mayor proporción en aquellos en que se aplicó con menor intensidad.

Al proyectar los potenciales efectos de la aplicación de la “tercera es la vencida” en nuestro país, es posible observar que un estudio realizado por el Ministerio del Interior, arrojó que de aplicarse esta legislación, ésta sólo resultaría viable en 88 casos lo que, sin duda, desvirtúa los aparentes efectos disuasivos o sancionatorios que se le pretenden otorgar.

- CÁRCEL ISLA: La idea de construir una cárcel isla en nuestro país lejos de ser novedosa, carece de toda eficacia y eficiencia. Ya en 1793 se instauró la primera cárcel en la isla Juan Fernández, donde se enviaba a disidentes políticos y delincuentes peligrosos. Después de 20 años de aplicación, se decidió dejarla sin efecto, debido a su alto costo de mantención y a las constantes fugas de los internos. Luego fueron las islas Dawson y Quiriquina, en 1973, las que sirvieron de albergue y centros de tortura a disidentes políticos. Todas ellas si bien fueron implementadas por diferentes autoridades, con diversos motivos y en diferentes tiempos de la República, fueron desechadas por algunos factores comunes.

Desde el punto de vista social resulta enteramente cuestionable ya que al aislar geográficamente a la población penal se les estará privando de un derecho inalienable, como es la posibilidad de ser visitados por sus familiares. Dicha situación produce el desarraigo social y el posterior quiebre del núcleo familiar. Con ello sólo se potenciará el abandono de hogar y la malformación familiar. Al producir el desarraigo social se están rompiendo los lazos naturales que cada persona tiene con su entorno inmediato, lo que a la postre impide cumplir el objetivo buscado por toda pena privativa de libertad: el justo castigo para su posterior reinserción dentro de la sociedad. Sin embargo, en una situación carcelaria de este tipo, el interno carecerá de una red de acogida al momento de cumplir su condena, se verá obligado a fortalecer sus relaciones personales con sus compañeros de prisión, constituyéndolos en su entorno inmediato en reemplazo de su original círculo, por lo cual se le estará condenando a perpetuidad a vivir al margen de la ley.

Desde la óptica de las políticas públicas resulta incongruente plantearlo como eje central de un programa de gobierno, ya que está demostrado que el aumento de la población penal y sus condiciones de aislamiento no produce efecto alguno en la disminución de las tasas delictuales. En 1992, Chile tenía una población penal que alcanzaba los 22.000 internos. En 2005, trece años después, la población penal alcanza los 40.000, es decir, ha experimentado un crecimiento porcentual superior al 80% en una década. Las tasas de denuncias han presentado un incremento sostenido desde el año 1997 hasta el 2º trimestre del presente año, observándose una disminución de 4,6%. En consecuencia, no existe necesariamente una relación directamente proporcional entre el incremento de la población penal y la baja en la criminalidad o en la tasa de denuncias.

Más interesante sería observar una propuesta que pusiera como eje central de la política pública de seguridad ciudadana el aspecto de la prevención social como mecanismo de disminución de la “entrada” de los ciudadanos a la actividad delictual, complementado con medidas de control y sanción que permitan abrir los flujos de salida del fenómeno delictivo, con centros de detención con alternativas reales de rehabilitación, sin cercenar los vínculos familiares y sociales del interno a fin de utilizarlos como herramienta de reinserción social.

Desde la perspectiva económica, cabe hacer presente que en la actualidad, cada ciudadano a través de sus erogaciones impositivas, costea la mantención de los internos de los centros de reclusión. A la fecha el costo de un interno en un centro de detención continental asciende a los 202 mil mensuales pesos, mientras que un centro de detención insular implicaría un incremento de los valores a 350 mil pesos mensuales. Lo anterior, sin considerar los montos asociados a la construcción, los que por el hecho de ser en un territorio insular, aumentan en un 22% aproximado respecto de igual construcción en el continente. A modo de ejemplo, la construcción de un recinto penitenciario implicaría una erogación fiscal mínima de 50 millones de dólares, los que se dejarían de invertir en otras materias de igual relevancia, tales como el incremento policial o la prevención social del delito.

Por ello, cabe señalar que hubiere sido mas acertado plantear el reforzamiento de la política carcelaria impulsada por el Gobierno del Presidente Lagos, en orden a utilizar el sistema de concesiones para su construcción, lo que permitirá que en 6 años se duplique la cantidad de metros cuadrados construidos en centros de reclusión que los que han existido desde el gobierno de Bernardo O’Higgins hasta la actualidad.

- PROYECTO DE LEY QUE EXIME DE RESPONSABILIDAD PENAL A FUNCIONARIOS POLICIALES: Si el fin último de esta iniciativa es potenciar el accionar de Carabineros en su rol de control delictual, claramente el mecanismo utilizado no resulta apropiado. La medida busca eximir de responsabilidad penal a los funcionarios policiales (Carabineros e Investigaciones) cuando en uso de su uniforme utilicen sus armas de fuego en contra de un delincuente que se encuentra cometiendo delito flagrante. Aplicar dicha normativa implicaría atentar contra uno de los principios básicos del estado de derecho, cual es la responsabilidad por los actos propios. Todo ciudadano debe responder por sus actos. Mas aún deben hacerlo aquellos miembros de las instituciones policiales a quienes el Estado les ha conferido la facultad exclusiva de poder ejercer la fuerza en contra de quienes infrinjan las disposiciones legales. Hoy existen normas en el Código de Justicia Militar que facultan a los miembros de las instituciones policiales a utilizar sus armas de fuego en determinadas circunstancias. Conjuntamente se establecen normas sobre responsabilidad penal y administrativa por su mal uso. Alterar dicha legislación permitiría abrir la puerta a que se utilicen las armas contra supuestos delincuentes, -los que según norma constitucional deben ser reducidos con aplicación proporcional de la fuerza para el sólo efecto de ponerlos a disposición del órgano jurisdiccional competente, organismo que será el encargado de perseguir la responsabilidad penal que corresponda según las normas establecidas- y ejercer la fuerza de acuerdo a criterios discrecionales del funcionario policial, con el consiguiente riesgo de cometer errores en la calificación del supuesto delincuente y con eventuales consecuencias imposibles de reparar.

Desde un punto de vista de política pública, cabe señalar la inconveniencia de aplicar una norma que tiene por objetivo apagar la violencia delictual a través de violencia policial. Esto sólo aparejará un incremento del número de policías y delincuentes abatidos en enfrentamientos, obligará a los delincuentes a armarse, ya que al conocer que el funcionario se encuentra facultado para dispararle y eximido de responsabilidad penal, no le quedará otra alternativa que aumentar su poder de fuego contra los policías a fin de evitar ser capturado. Por otra parte contradice todos los principios inspiradores de nuestro sistema judicial en cuanto a la presunción de inocencia, ya que dejará en manos de un funcionario policial la calificación jurídica de un “delito grave” para poder utilizar su arma de fuego.

Otro aspecto relevante es que la iniciativa señala sólo como sujetos pasivos de dicha medida a los delincuentes flagrantes de “delitos graves”. Luego señala cuáles considera como tales, sosteniendo, al respecto, que quedan comprendidos los delitos de homicidio y violación en todas su formas; y robos en todas sus formas (con intimidación, violencia, fuerza en las cosas y sorpresa). En consecuencia, el listado de delitos graves es excesivamente extenso, lo que haría ampliamente aplicable dicha norma con el consiguiente riesgo previamente señalado. A modo de ejemplo, cabe señalar que en la Región Metropolitana, desde el 16 de Junio del presente año y hasta el 11 de Octubre, un porcentaje superior al 50% de los ingresos de denuncias de delitos de mayor connotación social corresponden a delitos contra la propiedad, particularmente robo.

Desde el punto de vista de la técnica legislativa utilizada, parece altamente inconveniente incorporar dicha norma dentro del Código Penal, ya que implicaría sacar del ámbito de la justicia militar los delitos cometidos por funcionarios policiales en actos del servicio. Respecto de la competencia jurisdiccional, el proyecto plantea que el tribunal competente será el que primero conozca la denuncia, en circunstancias que la tendencia nacional e internacional avanza a la especialización de tribunales a fin de evitar contiendas o conflictos de competencia que entraben el desarrollo de los procesos judiciales.

DELINCUENCIA Y CAMPAÑAS

Los candidatos de la Alianza discuten sobre delincuencia. Bienvenido el debate en un tema prioritario para la población. Sin embargo, los ofertones, las formulas mágicas y la sobre simplificación del fenómeno, le hace daño al objetivo nacional de mayor seguridad.

La discusión pública se centra sólo en el funcionamiento del sistema represivo. Piñera acusa que los delincuentes no están en la cárcel por la mano blanda de los jueces, mientras Lavín dice otro tanto del Gobierno. Veamos como ha estado la mano: Chile tiene hoy 38 mil presos, casi el doble de encarcelados que hace diez años. Esto es. más del doble de presos por habitante de los que tiene Inglaterra y más de dos y media veces los que encarcelan Argentina o Francia. Se reclama también la proporción de delitos que quedan impunes. En esta materia, la comparación con el pasado nos muestra que también nos hemos ido poniendo más severos y eficaces y las comparaciones internacionales tampoco nos exhiben como blandos. En perseguir y sancionar al delincuente somos más severos que antes y más que otros países

Lo realmente novedoso es que, por primera vez, la reforma procesal penal, transparenta lo que hacemos. Juicios y cifras están a la vista, un periodismo más activo hace seguimiento de los casos y la celeridad del proceso penal permite saber de resultados antes que olvidemos el delito. Se descubren casos en que los criterios de los jueces pugnan con la percepción socialmente dominante de lo justo. No son la mayoría. Se ha abierto un debate al que no estábamos acostumbrados y en el que los Tribunales, por cumplir una función pública, están y seguirán sometidos al escrutinio y crítica ciudadana. Por supuesto hay cosas que corregir. La sanción de los delitos menores no funciona bien en la reforma. Ello se detectó hace más de dos años y la respuesta se debate hace un año y diez meses en el Congreso. De haberse aprobado antes estos cambios, nos habríamos ahorrado muchas de las denuncias críticas respecto de los robos en Santiago.

La magnitud de la delincuencia de aquí al 2010 no dependerá sólo de cuan dura esté la mano. Encarcelar no es suficiente para disminuir el delito. Inglaterra tiene menos de un séptimo de los presos que Estados Unidos, y aún así, la mitad de los robos con violencia que en éste, un tercio de los hurtos y menos de un quinto de los homicidios. Chile tiene más del doble de presos por habitante que Argentina y más delitos contra la propiedad. No cometamos el error, ni aún en período de campañas, de querer enfrentar un fenómeno multicausal y complejo de manera unidimensional y simplificada, pues corremos el riesgo de inscribirnos en el récord Guiness como el país con más presos por habitante, sin haber logrado bajar ni las tasas de delincuencia, ni los índices de temor

La delincuencia depende tanto del control penal como del número de hijos no deseados, de la educación preescolar, de la deserción escolar, del nivel del consumo de drogas, del modo en que construimos ciudad, de la desigualdad social o del modo en que nos representamos el éxito. Si bien la política criminal no puede determinar las de control de natalidad, educación, vivienda o cultura, existen algunas políticas que resultan decisivas para el futuro de la delincuencia en Chile. Particular atención merecen aquellas destinadas a disminuir el consumo de drogas, las que enfrentan la violencia contra mujeres y niños, las de retención escolar de niños en riesgo, las de convivencia escolar, las de integración social que refuerzan comunidades fuertes en barrios y poblaciones, las que procuran recuperar espacios públicos para la recreación y el deporte, las de capacitación e inserción laboral de jóvenes y las que determinan el modo en que los Carabineros patrullan las ciudades.

En todas estas políticas, el país tiene experiencia y reflexión acumuladas. ¿cómo va a tratar el SENAME de aquí al 2010 a los niños de la calle para que no ingresen a carreras delictuales? Hoy, que sabemos la íntima relación entre la dependencia de las drogas y la comisión de delitos, ¿Cuánto gastaremos en los próximos 4 años en el CONACE? ¿Qué cambios haremos al “Comuna Segura” para fortalecer más y mejor la integración social, propender a comunidades fuertes y recuperar espacios públicos? ¿Cómo lo hacemos mejor al intervenir en las poblaciones dónde se han formado un número no despreciable de los delincuentes que ya mayores apresamos? ¿A qué lugares extenderemos el Plan Cuadrante y como lo perfeccionaremos?

En el rápido devenir de las imágenes resulta más fácil y popular informar o condenar el último hecho de sangre que hablar de cualquiera de estas políticas, pero no olvidemos que el poder de un futuro Gobierno para incidir en la seguridad de los chilenos radicará en la orientación que decida darles.

En materia de delincuencia, al igual como en el desempleo, la competitividad país o la superación de la indigencia no hay ni formulas mágicas, ni atajos rápidos. No nos quedará otra que trabajar con planes inteligentes, enorme coordinación, responsabilidades acotadas y evaluaciones públicas y rigurosas. Ojalá la campaña no nos haga olvidar esto.

POR QUÉ NO A LAS POLICÍAS MUNICIPALES

Mucho se ha hablado sobre la posibilidad de instaurar la modalidad de policías municipales en nuestro país. El aceptar la instauración de policías municipales implica en primer término que el Estado se desprendería de una de sus mas importantes funciones, como es la de brindar seguridad de manera equitativa a la población a través de una institución seria, responsable, técnica, unitaria y profesionalmente preparada para ejercer la fuerza dentro de un estado de derecho democrático y de los principios de transparencia y legalidad.

En segundo orden implicaría desmembrar la actual estructura policial de carácter nacional y jerárquica, que garantiza ciertos niveles de independencia en su actuar y son sometidos a un control jerárquico desde el mando institucional y la autoridad civil.

En tercer lugar, la consagración municipal de cuerpos de seguridad conllevaría una inmediata discriminación de la calidad de los servicios de seguridad sobre la base de los ingresos municipales, toda vez que sólo los Municipios con más recursos tendrían la opción de optimizar sus servicios de seguridad; en contrapartida, los municipios de escasos recursos verían deteriorados sus niveles de protección debido a la imposibilidad presupuestaria de costear dichos servicios, lo cual implicaría extender las desigualdades planteadas por los obispos a un aspecto tan relevante de la vida cotididiana como lo constituye la oferta de tranquilidad y seguridad para las familias de nuestro país.[1]

En cuarto lugar, porque un servicio de seguridad policial de carácter nacional, regido por normas constitucionales y dependencia centralizada del Estado, permiten garantizar que el actuar se realizará dentro de los marcos de la legalidad y ajenos a cualquier influencia de alguna autoridad local, frente a un cuerpo municipal donde el Alcalde se erigiría como el principal actor y empleador de la policía con los riesgos asociados para la independencia en el actuar policial y en la equidad en la administración del ejercicio de la fuerza policial.

En quinto lugar porque la división político administrativa del país no es aplicable al fenómeno de la seguridad interior, ya que al existir multiplicidad de policías con límites territoriales se producirían contiendas de competencia o jurisdicción, existiendo multiplicidad de criterios para enfrentar el fenómeno delictivo, lo que atentaría contra la eficacia policial.

Por último porque un Estado eficiente realiza ofertas de servicios de forma unívoca, es decir, servicios que otorguen al ciudadano pretaciones claras y determinadas, donde la comunidad tenga la certeza de qué servicio le prestará cada institución. Mientras que la proliferación de policías apunta en la dirección opuesta brindando al ciudadano ofertas equívocas donde éste deberá dilucidar las competencias de cada uno de los servicios policiales prestandose para confusiones y descoordinaciones lo que se traduciría en aumento de la sensación de inseguridad.

1] Mientras la comuna de Vitacura puede invertir $301.000 por habitante, la comuna de Lo Prado sólo pude invertir $42.000 por habitante y Los Vilos $27.000. (Fuente: Estudio de Ingresos municipales. Subdere)

PROGRESISMO Y SEGURIDAD PÚBLICA

¿Por qué la seguridad es un tema progresista?

La seguridad propiamente tal y sin apellidos está constituida por un conjunto de acciones, normas, circunstancias y sensaciones que los individuos poseen respecto del grado de protección que recibirán del sistema frente a un hecho o acto adverso que ponga en riesgo su desarrollo normal y armónico.

En tal sentido un individuo sentirá que existe seguridad social en la medida que frente a un hecho o acto que le afecte personalmente o a su familia, sienta que existe un sistema de protección social que le ayudará a superarlo o minimizar sus efectos adversos, sean estos de recuperación de salud o de solvencia de los gastos asociados.

La seguridad laboral la sentirán los trabajadores en la medida de que sientan que existen las condiciones básicas par desarrollar de óptima manera sus funciones laborales y, que, frente a un abuso del empleador existen los mecanismos administrativos y jurídicos para requerir protección.

En tal sentido entonces, la seguridad pública (objetiva) está constituida por el conjunto de medidas preventivas, correctivas, sancionadoras, jurisdiccionales y rehabilitadoras que la sociedad adopta para brindar mayores niveles de protección a los individuos y sus familias para el natural desarrollo de sus vidas.

La seguridad pública (subjetiva) está constituida por el conjunto de sensaciones y percepciones de los individuos en relación con los grados de protección y tranquilidad de que gozan en su proceso de desarrollo.

Entendida de tal forma, la seguridad pública entonces tiene como objetivo principal dotar al ciudadano de mayores y mejores condiciones de tranquilidad, para que estos puedan desarrollarse libremente dentro de un Estado democrático.

El progresismo o la concepción moderna de las funciones públicas implica tener plena conciencia de la importancia que el Estado reviste para los mas desposeídos. En efecto, una gran parte de nuestros compatriotas carece de las condiciones básicas para enfrentar la vida de manera adecuada; debiendo el Estado asumir la función de apoyar mediante planes y programas focalizados a fortalecer el proceso de inclusión social.

De igual forma, implica declarar irrenunciable ciertos roles que el Estado en un país democrático progresista debe cumplir, dentro de los cuales se encuentra la función u obligación de brindar seguridad a los habitantes.

Hoy por hoy, la necesidad mas imperiosa por mayores niveles de protección lo tienen los habitantes de los sectores mas desposeídos. Esto en razón de antiguas políticas urbanas de segregación social y excesiva densidad poblacional, donde conviven poblaciones que carecen de alternativas laborales estables, bajos niveles de escolaridad, carencia de espacios públicos e infraestructura deportiva y otros factores que contribuyen a que estos barrios sean zonas de alto riesgo social.

Los factores anteriormente descritos y otros adicionales, contribuyen a que en dichas aglomeraciones urbanas coexistan altas condiciones de riesgo social que facilitan el ingreso a temprana edad en la actividad delictual o drogadicción, afectando en gran parte a sus propios residentes, lo que aumenta la sensación de impunidad e inseguridad ya que el delincuente es parte del barrio, está presente frente a su núcleo familiar; aún cuando no cometa un delito, es un delincuente omnipresente.

Es por ello, que una mirada progresista del país, implica necesariamente ir en auxilio de los mas desposeídos, que viven a diario el flagelo de la delincuencia y que muchas veces observan con impotencia como sus familiares o vecinos participan de la actividad delictual, sea por necesidad u otras causas.

Seguridad ciudadana v/s seguridad pública:

El concepto de seguridad pública evoca mayor fuerza y exactitud que el de seguridad ciudadana. Mientras el primero es mas amplio e involucra un conjunto de funciones policiales que siendo propia de las instituciones policiales no caben dentro del concepto la lucha contra la delincuencia restringido de seguridad ciudadana. (control y cuidado de fronteras, prevención accidentes de tránsito, rescates en catástrofes y accidentes cordilleranos y otras)

Utilizar el concepto de seguridad ciudadana implica una natural diferenciación entre los habitantes que poseen dicha condición jurídica y aquellos que carecen de ella.

Así, en estricto rigor, sólo quedarían incluidos dentro de una política de seguridad ciudadana, aquellos que fueren chilenos, mayores de 18 años y no hubieren sido condenados a penas aflictivas. Quedando excluidos los extranjeros residentes, los menores y los procesados por el tipo de delitos descrito. Situación absolutamente ilógica, toda vez que el Estado invierte importantes recursos para la implementación de programas destinados a la prevención social orientado a menores de edad, sean chilenos o extranjeros, bastando sólo ser residentes de nuestro país; a los procesados por delitos que merecen pena aflictiva (mas de 3 años) a través de los programas de rehabilitación intrapenitenciario y la construcción de nuevos recintos penales para albergar a los reclusos.

Así, el concepto de seguridad pública, además de incluir las funciones policiales distintas de la lucha contra la delincuencia, es integrador en cuanto se aplica a todos los residentes del país, cualquiera sea su condición jurídica de nacional o extranjero. A mayor abundamiento cabe señalar que la utilización del concepto señalado es reconocido al interior de las instituciones uniformadas como de mayor conocimiento técnico de las materias propias de la seguridad.

SEGURIDAD PÚBLICA E INSERCIÓN SOCIAL

Durante estos días algunos parlamentarios de oposición han iniciado una campaña destinada a promover la idea de que Chile es un país inseguro y que las políticas adoptadas para el combate a la delincuencia han sido sobrepasadas por el incremento de las tasas de denuncias.

En primer lugar creo necesario señalar que un estudio realizado por la revista internacional America Economía ubicó a la ciudad de Santiago en el primer lugar en el ranking de las mejores ciudades del mundo para hacer negocios, uno de cuyos principales indicadores es la seguridad que ofrece para sus habitantes, superando a ciudades como Miami, Sao Paulo, Buenos Aires y otras capitales. Es decir, las opiniones objetivas de los organismos internacionales contravienen lo señalado por aquellos que pretenden hacer de la inseguridad una imagen país que no se condice con la realidad de Chile y que poco ayudan en la construcción de un país más seguro y un clima de tranquilidad y confianza internacional.

Lamentablemente aún persiste en algunos dirigentes de la derecha la idea que seguridad es sinónimo de represión. Una fórmula reducida para justificar sus incontrolables deseos de coerción y disminución de libertades o un desconocimiento profundo de la forma de enfrentar el flagelo delictual.

Lo cierto es que la seguridad debe ser abordada bajo una concepción más amplia, no por ello menos eficaz; que aborde las causas que generan la actividad delictual y las formas de enfrentarlas, mecanismos de prevención policial o fortalecimiento de las policías, instrumentos jurídicos modernos para la sanción a los delincuentes habituales, mecanismos de rehabilitación y de política carcelaria.

En efecto, al observar la encuesta nacional de victimización, surge que más del 60% de los encuestados señala como causas de la delincuencia al desempleo, pobreza y deserción escolar. Es decir, son los propios afectados los que le responden a la derecha señalando que más que aumento de penas y restricción de libertades, se requiere fortalecer las políticas sociales destinadas a disminuir las condiciones de riesgo que pueden gatillar el ingreso a la carrera delictual.

En ese orden de cosas, el programa Chile Solidario que a la fecha se encuentra implementado en 332 comunas de nuestro país, beneficiando a más de 115.000 familias, permite insertar dentro de la red pública a muchas familias que carecían de ayuda social, o bien la ayuda les era inorgánica. Hoy, estas familias al ingresar a la red social del Estado podrán enfrentar las causas de fondo de su condición de pobreza, accediendo a programas de salud, programas de vivienda y educación, con lo cual muchos de los hijos de estas familias tendrán una alternativa real a la delincuencia como modo de subsistencia, como lo serán la educación y oportunidades laborales.

En segundo orden, la creación de un incentivo económico del Estado a los municipios y sostenedores de establecimientos educacionales por cada joven desertor que logren reinsertar en el sistema educacional, constituye una medida concreta y eficaz para enfrentar uno de los tres aspectos señalados como las principales causas de la delincuencia, la deserción escolar.

Es decir, el gobierno le está entregando a cada sostenedor educacional una suma de dinero por cada joven que logren reinsertar en sus establecimientos educacionales, a fin de dar una oportunidad social a los jóvenes que hoy hacen de la delincuencia su actividad habitual. Hoy, más de 1.300 niños vinculados a las familias del programa Puente del Chile Solidario han sido reinsertados en establecimientos educacionales.

Como las anteriores iniciativas existen otras de igual o mayor impacto social que no es el objetivo de la presente columna detallar; como los programas de recuperación de espacios públicos, de prevención social como el comuna segura o barrios seguros, deporte y prevención social y otros. Sino mas bien dejar sentada la idea de que la lucha contra la delincuencia, vale decir, la política nacional sobre seguridad pública, no sólo debe contener aspectos sancionadores a quienes hacen de la delincuencia su actividad cotidiana, sino que también debe hacerse cargo de las causas que originan la delincuencia y dar alternativas de superación de ellas, en eso estamos y seguiremos avanzando.

Ciertamente las políticas de prevención social del delito no son tan atractivas para su difusión mediática, pero no por ello menos importantes, ya que a través de ellas nos hacemos cargo del fondo del problema, cuyos resultados se observarán en el mediano y largo plazo cuando los hijos de esas familias puedan insertarse dentro de nuestro crecimiento y desarrollo como país desde su condición de ciudadanos libres y honestos; y no necesariamente desde un centro de reclusión que es donde algunos quisieran verlos.

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADES SEGURAS

Santiago fue designada por la revista América Economía como la ciudad de América Latina y Miami con mejores condiciones para realizar negocios. Esta elección se ha visto confirmada con la proliferación de convenciones y reuniones internacionales realizadas en los últimos años en nuestra capital.

Lo anterior se debe a que junto con el desarrollo de las condiciones de hospedería, transporte, telecomunicaciones y servicios, nuestro país ostenta una reconocida estabilidad política y financiera dentro del continente. Todos los indicadores anteriores son elementos relevantes al momento de seleccionar a nuestra capital como punto de encuentro o inversión de capitales. Sin perjuicio de ellos, el indicador que ha permitido ubicarnos en el primer lugar de América Latina, es el relacionada con la baja tasa delictual. Santiago es calificada como una ciudad segura por sus evaluadores, cuya tasa de homicidios es la mas baja de las urbes medidas, donde la policía goza de la confianza ciudadana y donde impera un sistema jurídico que da garantías a la población nacional e internacional.

En ese orden, resulta relevante realizar upgrades a nuestra construcción de ciudades a fin de mantener esta óptima percepción internacional y aumentar la llegada de capitales, divisas y visitantes a nuestro país.

Para ello, se requiere pasar de la construcción de viviendas a la construcción de barrios y ciudades, cuyos conceptos básicos tiendan a recuperar los microespacios urbanos, donde la comodidad de accesos y servicios sean fundamentales pero donde además se pueda contar con los servicios básicos para el óptimo desarrollo de la vida familiar. Uno de esos servicios lo constituye la seguridad pública entendida en forma amplia e integral. Así, las formas de construcción a escala humana, la creación de espacios públicos que llamen a la integración urbana, los sistemas de iluminación de plazas y parques, la iluminación de aceras o veredas, la utilización positiva de los sitios eriazos, la creación de pequeños locales comerciales que permitan el abastecimiento diario, la existencia de establecimientos educacionales y centros de atención de urgencias médicas, la implementación de sistemas de televigilancia y la construcción de unidades policiales de barrio son elementos que pueden impulsarnos hacia la creación de barrios y ciudades seguras.

En la actualidad para la aprobación de proyectos de desarrollos inmobiliarios se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en las normas del sistema de evaluación de impacto ambiental, según la cual se puede exigir medidas de mitigación de los impactos viales, fluviales, ambientales y otros.

¿Qué pasa con los impactos en seguridad?

La construcción de un proyecto con 3.000 viviendas, por cierto produce impactos en los accesos viales, en los servicios de necesidad pública, impactos ambientales; pero de igual forma apareja un impacto en seguridad. Así, 3.000 viviendas aparejará un promedio de 12.000 nuevos habitantes en el sector en desarrollo, los que serán nuevos usuarios del sistema de seguridad, los que exigirán un servicio oportuno y de calidad.

Para ello la Subsecretaría de Carabineros del Ministerio de Defensa Nacional, la Asociación Nacional de Desarrolladores inmobiliarios y la Cámara Chilena de la Construcción estamos trabajando en la implementación de un plan de trabajo público-privado orientado a satisfacer las necesidades de seguridad en los nuevos desarrollos inmobiliarios. Con ello, se construirán barrios seguros, capaces de hacerse cargo de las nuevas demandas del consumidor inmobiliario, ubicación, comodidad, servicios y seguridad.

Hoy el programa se desarrolla por acuerdo de voluntades de las partes involucradas.

La institucionalización de dicha forma de trabajo constituye un desafío futuro a fin de que al momento de evaluar cada desarrollo inmobiliario se observen integralmente los potenciales impactos que estos pueden aparejar, lo que permitirá al futuro comprador tener la certeza que junto a su vivienda se ofrecen las condiciones básicas para vivir en paz y tranquilidad.

Sólo así podremos hablar que estamos construyendo barrios y ciudades con miras al bicentenario, donde la seguridad natural constituya uno de los pilares del desarrollo urbano de nuestro país y el habitante pueda gozar ya no sólo de una vivienda sino de un barrio y una ciudad que lo inviten a compartir en los espacios públicos y fortalecer el capital social como herramienta de desarrollo de país, mostrando al mundo que la privilegiada ubicación actual de nuestra capital en el orden internacional es y será fruto de mejoras permanentes que nos mantendrán en dicho sitial por muchos años mas.

EL FUTURO DEL INDULTO

Incierta se ve la pervivencia del indulto presidencial. Bachelet ha anunciado que estudiará su derogación. Lavin reitera que no indultará delincuentes y particularmente a narcotraficantes, pero luego aplaude que se le haya otorgado a Contreras Donaire, como si éste no hubiese delinquido, o como si traficar droga fuese más grave que asesinar a sangre fría. El Presidente de la Corte Suprema declara que el indulto es un anacronismo.
No le corresponde al Gobierno entrar en una discusión de lo que debe o no hacerse con el indulto en un próximo gobierno. Espero se me disculpe de consignar un par de opiniones personales.

Desde un punto de vista fáctico, Chile le debe mucho al indulto. Sólo un ejemplo de hace 14 años: muchos de quienes cometieron delitos por motivos políticos mientras Pinochet ejercía el poder continuarían presos de no ser por el indulto que les concedió el Presidente Aylwin. Sólo así se puso fin a una situación injusta e innecesaria; se solucionó un problema que habría amenazado la paz social y permitió al país presentarse en la comunidad internacional a establecer relaciones políticas y comerciales.

El indulto permite introducir criterios de equidad, de política criminal o de política general con posterioridad a las decisiones de los jueces que deben seguir con fidelidad los mandatos de una ley que, por su generalidad o por el momento que se dictó, no pudo contemplarlos. Las penas no constituyen fines en si mismo, ni su extensión queda determinada por principios indiscutibles. Las penas son instrumentos de la justicia, sirven particularmente para reafirmar que la sociedad valora aquello que el delito quebranta, y repudia el acto delictivo, defendiéndose del riesgo de que el mismo delincuente u otros puedan en el futuro atentar en contra de aquello que se valora. 

El indulto puede operar por razones de equidad. Un delincuente enfermo terminal de cáncer o parapléjico ya no representa un peligro para la sociedad y la compasión se puede hacer presente para disminuir el tiempo de su pena. También razones de Estado pueden justificar un indulto: Los peligros que enfrenta una sociedad varían y lo que ayer debió atacarse con penas severas puede no ser ya una amenaza latente. Eso ha ocurrido con la violencia política, al punto que no se conoce que ninguno de los indultados por el Presidente o por el Congreso hayan vuelto a delinquir. En la medida que la causa de los derechos humanos va penetrando la cultura chilena, que cada vez más actores se suman a repudiar las violaciones sistemáticas practicadas por el gobierno militar y que las instituciones armadas se integran a la normalidad democrática, no es descabellado pensar que el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos se alejan de nuestro horizonte.

Mucho podrá discutirse, y sin duda el debate será siempre legitimo, si es que los peligros que ayer nos acechaban están suficientemente alejados como para justificar la reducción de penas a quienes ejercieron la violencia por motivación política o a quienes violaron los derechos humanos desde el Estado. En cambio, atribuirle al indulto de Contreras Donaire, los calificativos de impunidad es simplemente falaz. El crimen de Tucapel Jiménez fue investigado y sancionado (la cuantía de las penas será siempre discutible) y quien ha sido objeto del indulto es un suboficial que no planificó el delito. El indultado no ha quedado impune, estuvo cinco años y medio preso y ahora se le permite cumplir los tres años que le faltaban con medidas que no lo privan de libertad.

No desconozco que así como el indulto puede cumplir fines nobles y socialmente convenientes, puede también prestarse a abusos. Siempre lo estará una institución que, por definición, hace diferencias en la igualdad de la ley (aunque no necesariamente discrimina arbitrariamente). Lo que resulta inconsistente para el futuro del indulto, es que éste sea, por ley, un acto enteramente reservado, cuyos fundamentos no pueden siquiera darse a conocer. En una sociedad transparente, toda decisión pública exige de argumentos en el debate ciudadano. Lo anacrónico no es que exista el indulto, institución que si bien viene de las monarquías, no es la única de aquella época que logra adaptarse a las características republicanas y democráticas. Lo anacrónico es la reserva, no el perdón.