El
país vive nuevos tiempos. Los chilenos y chilenas manifiestan
disposición y energía para enfrentar los desafíos. Las mentes están
puestas en el futuro que anhelan y la forma de transformarlo en un mejor
presente.
Queremos entrar a ese debate y hacerlo desde lo que somos. De cara al país, como siempre hemos actuado.
Quienes
pensamos, soñamos y escribimos lo que estas páginas expresan, somos
parte de esos muchos que lucharon por restablecer la libertad y por
construir un Chile más próspero, equitativo y solidario, así como
jóvenes de esos tiempos que nos sentimos solidarios con la tarea
realizada. Estamos orgullosos de la obra lograda en más de 20 años de
gobierno de la Concertación: hoy impera la democracia, el país es otro, y
se han ampliado las posibilidades para que todos puedan realizar sus
proyectos de vida.
Sabemos
que se abre un nuevo ciclo para el desarrollo del país. Participar en
el debate serio de las ideas que lo deben inspirar, es el propósito de
este documento.
Nuestro
orgullo por lo hecho no nubla la autocrítica por lo pendiente. Si
fuimos derrotados en las últimas elecciones fue porque nuestros éxitos y
fracasos nos llevaron a ello.
Nuestros
éxitos, debido a que la identidad concertacionista dejó de ser
diferenciadora, porque la hicimos identidad de todo el país:
democrática, transformadora, garantía de gobernabilidad y sobre todo,
comprometida con los problemas, dolores, sueños y protección de nuestro
pueblo. Nuestros fracasos, porque con el correr del tiempo, algunos
dejaron de entender la sociedad que cambiaba, en gran medida gracias a
nuestra propia acción política, y a la vez, porque desalentamos y
enrabiamos a muchos con divisiones y rencillas sin sentido en la
dirigencia de la Concertación.
Sería
absurdo proclamar que la obra hecha fue perfecta, pero sí decimos con
convicción que esos más de 20 años, que van desde el plebiscito de 1988
hasta el término del gobierno de Michelle Bachelet, están entre los más
exitosos de nuestra historia patria: se dibujó y se puso en marcha el
proyecto político de un mejor país para todos. Lo decisivo en la hora
presente es no extraviar la brújula, para poder retomar aquel rumbo.
Precisamente por la maciza obra que construimos, hoy podemos plantearnos
como nación metas más ambiciosas que antes no podíamos ni siquiera
imaginar.
La
historia es una sucesión de peldaños donde todo se construye a partir
de lo que otros hicieron o dejaron de hacer, y no la obra de
individualistas iluminados que piensan que con ellos el mundo comienza
desde cero. Tener pasado es parte de las certezas que da la experiencia
para enfrentar el futuro, sabiendo que al terminar no llegaremos tampoco
a la perfección y que otros emprenderán obras hoy impensables, gracias a
lo que nos disponemos a hacer. Siempre habrá desafíos e injusticias
nuevas que superar, nunca habrá espacio para el conformismo entre
nosotros.
Ad
portas de importantes eventos electorales, que serán decisivos para
definir el rumbo que adopte el país, invitamos al debate a todos los
chilenos y chilenas que anhelan un Chile más inclusivo y justo.
I.- Un proyecto de país vigente
El
país que dejamos al partir del gobierno no tiene nada que ver con aquel
que recibimos, cualquiera que sea el ámbito que se mire: el avance
democrático, la promoción y el respeto de los derechos fundamentales, la
subordinación militar a la autoridad civil, los avances en
modernización del Estado y la transparencia pública, lo hecho en
protección social, el Auge, la triplicación del ingreso per cápita, la
disminución drástica de la pobreza, la cobertura sanitaria, las
carreteras e infraestructura en todo Chile, ese 70% del millón de
estudiantes universitarios que es primera generación en ella, los
tratados de libre comercio con países que contienen más de 3.000
millones de personas y el 85% del PIB mundial, el prestigio
internacional del país, la libertad para investigar, debatir y crear, y
así podríamos seguir.
Pero
es mucho más que una suma de obras. Es el éxito de un camino político
claro y nuevo que se abrió en Chile cuando concluía la guerra fría y se
aceleraba la globalización. En un mundo donde a la creencia ramplona de
que “crecer” es un verbo de derecha y “distribuir” lo es de izquierda,
opusimos una visión en que crecer y distribuir se condicionan y se
potencian, echando las bases de un equilibrio dinámico entre Estado,
mercado y sociedad civil.
Fue
un diseño audaz y original que tuvo fuerte impacto en América Latina y
fue valorado en todo el mundo. Una política de resultados visibles, que
armonizó los esfuerzos y anhelos de la sociedad civil, con una economía
de mercado dinámica y un Estado actuando para elevar la protección
social, disminuir la pobreza y las desigualdades y asegurar la vigencia
de los derechos de los ciudadanos. Una acción cultural orientada a
terminar con un Chile de represiones, impunidades y censuras,
construyendo una sociedad y una institucionalidad más libres, y más
acogedoras de nuestra creciente diversidad.
La
historia juzgará, finalmente, el éxito de nuestra tarea pasada. Pero
serán los ciudadanos quienes evalúen y escojan nuestra propuesta de
futuro. Seguimos siendo la apuesta de un contingente de ciudadanos de
centro y de izquierda, que recogen la mejor tradición comunitaria y
libertaria de nuestro pueblo. El socialcristianismo, la socialdemocracia
y el liberal-progresismo confluyen en un proyecto republicano que hoy
debemos saber retomar. Ahí radicó el éxito de la Concertación.
Mirado
desde hoy, toda nuestra obra suena como algo que siempre existió. Pero
el esfuerzo duró más de 20 años, enfrentando con frecuencia los bloqueos
de una derecha que resistió muchos cambios atrincherada en un sistema
institucional que, por la vía de los senadores designados, el sistema
electoral binominal y los quórums elevados para aprobar ciertas leyes,
le permitía empatar su minoría con la mayoría.
Por
cierto, aquellos con alma de detractores, siempre encontrarán
“insuficiente” la obra de constructores de realidades nuevas. No nos
dejamos amilanar. Transformamos el país de punta a cabo. Y ese cambio
fue avalado por el mundo popular, a la vez protagonista y beneficiario
de él: así lo confirman los altos índices de apoyo de los gobiernos
concertacionistas, que contrastan con el escuálido respaldo del gobierno
actual.
Debemos
retomar el rumbo de futuro que la sociedad chilena se había planteado.
No se trata de volver a hacer lo mismo. Debemos emprender nuevos
desafíos, más exigentes, más complejos, más profundos, donde el progreso
y la justicia social tal como aquí se señala, guíen la acción de los
gobiernos y los ciudadanos.
2.- Nuevos y viejos problemas
Cuando
las sociedades prosperan, no es sólo necesario hacerse cargo de los
rezagos que quedaron sin respuesta: cada estadio alcanzado trae consigo
nuevos problemas y también nuevas expectativas y sueños. Porque tenemos
claro cuál debe ser el rumbo que el país debe adoptar, queremos
participar en el debate sobre el futuro.
Nuestra
sociedad cambió y da muestras que no continuará conformándose con el
actual esquema de desigualdades vigente, partiendo por la mala
distribución del ingreso y las nuevas desigualdades que se traducen en
diferentes oportunidades para progresar y vivir. Cuando el PNUD ajusta
el índice de Desarrollo Humano alcanzado por el país según las
desigualdades en educación, salud e ingresos, Chile pierde un 19% de su
potencial. Hay desigualdades carentes de toda justificación en la
configuración de los barrios de las ciudades, en el transporte, en el
uso del tiempo libre, en el acceso y costo del crédito, o el riesgo
frente a la delincuencia y las drogas. A ello se suma un sentimiento
difuso de precariedad y desamparo frente a los abusos de poder.
Tenemos
un sistema económico en que los éxitos alcanzados no nos pueden hacer
olvidar el alto grado de endeudamiento de los más pobres y los sectores
medios, los abusos a los consumidores, los elevados costos de la
energía, la escasa innovación, las altas tasas de desempleo juvenil y
femenino, así como el creciente grado de concentración económica que
amenaza la competencia en el mercado interno y se transforma en una
barrera para la innovación y el emprendimiento que, es sabido,
encuentran una cantera privilegiada en las pequeñas empresas y entre los
jóvenes.
La
economía chilena muestra un buen dinamismo y expectativas de
crecimiento, aun en medio de las consecuencias de la crisis
internacional del 2008. Pero tenemos que mejorar la productividad,
especialmente de los sectores no exportadores, multiplicar las
oportunidades de trabajo sobre todo para jóvenes y mujeres, potenciar
nuestra matriz energética, ser mucho más audaces en destinar recursos a
investigación científica y tecnológica y asegurar una institucionalidad
que no transforme en incertidumbre los riesgos de emprender. El
crecimiento de la economía nunca es un dato asegurado. Siempre es una
conquista.
Nuestro
desafío es evitar el péndulo que se concentra, por un lado, en la
expansión económica sin priorizar el valor de la igualdad, frente a otro
polo extremo en que todo es repartir, sin cuidar nuestra capacidad para
generar riqueza, empleos y mejores oportunidades.
Tenemos
una sociedad más próspera e instruida. Es aquélla de las masivas
manifestaciones callejeras, más consciente de sus derechos ciudadanos,
que presiona por una mayor participación en el reparto de la riqueza y
en la toma de decisiones en los diversos niveles del sistema político.
Ello se expresa en nuevas demandas en educación, salud, medio ambiente,
las etnias, las diversidades y minorías sexuales, las regiones, etc. La
emergencia de una nueva clase media, con sus movilizaciones masivas es
una realidad central del Chile actual.
Necesitamos
una política de mejor calidad. Tenemos un sistema político estrecho,
centralizado y desprestigiado, con partidos e instituciones desgastados
ante la opinión pública. Nos parece nefasto prolongar el empate
institucionalizado del sistema electoral binominal, que favorece una
política elitista e inmovilista, la cual, a su vez, abona el terreno
para el surgimiento de caudillos populistas que erosionan el prestigio y
la validez del sistema democrático. Es el momento de presionar con
fuerza para cambiar este esquema institucional, porque más allá de las
resistencias de la UDI, contamos, según las encuestas, con un pueblo
favorable al cambio. El espectacular aumento del cuerpo electoral
gracias a la inscripción automática, debe abrir paso a un nuevo impulso
de transformaciones políticas y constitucionales que favorezcan la más
amplia y libre deliberación democrática y un desarrollo más equilibrado
de las regiones.
Tenemos
un nuevo escenario global, con crisis que exceden las posibilidades de
respuesta de cada país y provocan incertidumbre, con redes sociales por
Internet que borran fronteras y globalizan demandas, con una
interminable cadena económica donde las oportunidades, la competencia,
las amenazas y las oportunidades pueden venir de cualquier rincón de la
tierra. En tal contexto, debemos redoblar los esfuerzos por el
protagonismo activo y solidario de una América Latina unida, que en los
últimos 15 años ha sabido enfrentar los desafíos económicos con
responsabilidad.
3.- Los desafíos que vienen
Estos
viejos y nuevos problemas nos hablan de los retos que tenemos por
delante, en un escenario mundial en continua transformación:
El
primer desafío es la desigualdad: nos referimos a la desigualdad
económica, pero también a la política y a las nuevas desigualdades
propias de una sociedad más compleja.
Las
cifras muestran una inaceptable desigualdad de ingresos autónomos, la
que paradójicamente se mantiene antes y después del pago de impuestos.
Esa mala distribución se corrige parcialmente gracias a las políticas
sociales diseñadas e implementadas durante los últimos 20 años, que
implican transferencias monetarias o creación de bienes y servicios
públicos, todo ello en beneficio de los sectores más pobres, y en cierta
medida, de las clases medias. La brecha entre el primer y el último
decil de ingresos se reduce a la mitad cuando se considera la acción del
Estado a través de sus distintos beneficios e instrumentos.
Cuando
se alcanzan ingresos per cápita de US$ 15.000, el crecimiento pierde
fuerza como factor de cohesión social frente a la presión por movilidad
social, igualdad de oportunidades, acceso a la educación, la salud y al
empleo, todas cuestiones ligadas más bien a la acción política.
No
podemos competir en el mundo global sobre la base de los bajos costos
de la mano de obra. Nuestro ingreso per cápita es de los más altos de
América Latina y duplica aquéllos de China o India. Necesitamos competir
con más conocimiento, que tiene que ver con la educación de nuestros
jóvenes, con la calidad de los trabajos y con nuevos tipos de
emprendimiento, todo ello gracias a un redoblado impulso en ciencia y
tecnología.
Necesitamos,
entonces, generar más riqueza, pero también distribuirla de mejor
manera. Eso pasa por una reforma tributaria audaz y sensata, que sea
eficaz y allegue mayores recursos, pero a la vez, que sea más justa en
su recaudación. Asimismo, el sistema regulatorio en defensa de los
consumidores y de la competencia debe fortalecerse.
El
país ha alcanzado un grado de solidez y madurez en sus fundamentos
macroeconómicos y fiscales que permite colocarse objetivos más
ambiciosos. Sólo para financiar una reforma educacional de avanzada se
requiere un esfuerzo de enorme magnitud en gasto permanente. A eso se
suma el gasto que debemos afrontar para profundizar el sistema de
protección social que hemos ido creando en los últimos años. Por eso
necesitamos recaudar más. Porque hemos aprendido que todo gasto
permanente del fisco debe tener asociado un ingreso también permanente.
Y
por otro lado, se requiere mayor equidad en el sistema. El sistema
regulatorio en defensa de consumidores y de la competencia requiere
cambios.Son demasiadas las franquicias tributarias que hoy carecen de
sentido económico, y que solo terminan beneficiando a las personas de
más altos ingresos.
Por
todo ello, hoy es la hora de proponer una reforma tributaria verdadera,
que siente las bases para un nuevo pacto fiscal que vaya en beneficio
de la mayoría.
Hay
que prestar atención también a las nuevas desigualdades nacidas del
progreso y a la mayor conciencia que la gente tiene de su carencia de
justificación. Entre ellas destaca la desigualdad de género, tan
presente en nuestra sociedad. Las mujeres siguen teniendo salarios más
bajos, sufren violencia intrafamiliar y otros abusos y discriminaciones
que debemos erradicar. Uno de los temas sensibles es la baja
incorporación de la mujer al mundo del trabajo remunerado. No es
exageración afirmar que la pobreza en Chile tiene cara de mujer. En los
próximos años debemos acometer el más grande esfuerzo para acabar con
esta desigualdad. Empleo, educación, capacitación, salas cuna, brecha
salarial, entre otros, deben ser conceptos que orienten muy centralmente
la acción social de un próximo gobierno. Pero sobre todo: respeto,
igualdad de trato, protección frente al abuso y a la violencia. El país
debe enfrentar con sentido de comunidad la interpelación que le hace la
situación de la mujer.
Pero
también la desigualdad se refleja en la política. El empate entre
minoría y mayoría en el Congreso Nacional ha provocado la indiferencia
de millones de personas, especialmente jóvenes, y ha favorecido la
imagen de los políticos como un grupo encerrado entre cuatro paredes de
espaldas a la voluntad ciudadana, con partidos políticos cuya
legislación no incentiva normas claras de democracia interna y
transparencia. A ello se suma el verdadero cerrojo institucional que
imponen las leyes de quórum supra mayoritario, que impiden algo tan
básico en una democracia, como es la regla de mayoría. Y se agrega el
excesivo centralismo de nuestra estructura administrativa, que provoca
un fuerte desequilibrio regional. Si hay un denominador común en las
variadas manifestaciones sociales que se han visto en los últimos meses,
es que en ninguna de ella existió un mecanismo institucional adecuado
para resolver políticamente el tema.
Tampoco
podemos obviar las desigualdades culturales: de género, de minorías
sexuales, de los pueblos originarios y tantas otras. La diversidad
cultural, valórica y regional de Chile es parte de su riqueza
desperdiciada por causa de la intolerancia y atavismos del pasado.
Tenemos
que continuar cambiando profundamente el país. Hay que introducir mayor
igualdad en todos sus ámbitos. Nos proponemos avanzar en la igualdad de
oportunidades, incentivando conjuntamente la iniciativa de personas,
localidades, comunidades y empresas. Para saltar al futuro, necesitamos
convertir la solidaridad y la inclusión en principios de convivencia y
fundamento de las políticas públicas. Hay que volver a articular la
libertad de elección de cada persona con un “piso” garantizado que
proteja a los más vulnerables y mitigue los riesgos y fracasos a que se
ven expuestos ciertos grupos sociales y personas.
Así
entendida, en toda la amplitud que abarca, la lucha contra las
desigualdades no es una suma de medidas aisladas. Es una lógica, una
actitud, una manera de mirar y actuar a favor del progreso de Chile.
El
desafío productivo. Chile no puede seguir actuando como hasta ahora si
quiere mantener altas tasas de crecimiento que creen más y mejores
empleos así como espacio para mayores recaudaciones fiscales.
A
la luz de todos los antecedentes mundiales, la productividad y la
capacitación laboral son la clave más decisiva y de más rápido impacto
en la superación de las desigualdades. Aparte de las necesidades de toda
la economía, solo el sector minero está demandando 300.000 personas
calificadas para emprender su plan de expansión sin parangón en volumen y
tecnología. Necesitamos una capacidad laboral mucho mayor a la actual.
Asimismo
el mundo se ha hecho más competitivo y los tratados de libre comercio
dejan de aportarnos ventajas similares a aquéllas de sus inicios. La
calidad de nuestras exportaciones, el valor agregado de nuestros bienes y
servicios, se transforman en un desafío ineludible si queremos mantener
en los próximos 20 años el dinamismo económico del país. Nuestras
exportaciones se encuentran concentradas en no más de una decena de
productos, parte sustancial de ellos, commodities (cobre, otros
minerales, papel y celulosa). Debemos “descommoditizar” lo que ahora
producimos y crear nuevos sectores económicos, tomando la delantera en
materia tecnológica y comercial, abriendo nuevas posibilidades al
emprendimiento y fortaleciendo, de paso, las ciencias aplicadas que
están asombrosamente postergadas en su acceso a recursos públicos
respecto a las ciencias básicas.
En otras palabras, nuestro desafío no es solo la cantidad de crecimiento, sino muy centralmente su calidad.
El
desafío ambiental. El país necesita y demanda un mayor rigor ambiental
en nuestras prácticas como individuos, como sector productivo y como
comunidad. Los desafíos ambientales son de tal magnitud, que solo puede
aumentar la sensibilidad de la población sobre los riesgos de la
contaminación, como lo ha señalado recientemente las NU.
El
mundo enfrenta un peligro cierto de calentamiento global. Para el caso
de nuestro país, tenemos una baja emisión de CO2 por habitante en
comparación con los países desarrollados, pero debemos reducirla a menos
de la mitad para el 2050, y eso requiere un gigantesco esfuerzo. Mayor,
cuando nuestra generación termoeléctrica va en aumento. No es solo un
tema de calidad ambiental para quienes vivimos en Chile, sino una
exigencia mundial que abrirá o cerrará puertas a nuestras exportaciones.
Ya la medición de la “huella de carbono” es una exigencia creciente en
el mundo, especialmente para materias primas, alimentos y productos
forestales que representan el grueso de nuestras exportaciones.
En
un país como el nuestro, que es una potencia emergente en la producción
de alimentos de la dieta mediterránea (frutas, paltas, salmones, vinos,
etc.), el calentamiento global anuncia, además, serias amenazas para
nuestra agricultura, sector que da empleo a muchas más personas que la
minería. Todo indica que enfrentamos el riesgo de una mayor
desertificación en el Norte Chico y la Zona Central del país, mientras
aumentan las lluvias en la zona austral. Esto puede provocar
desplazamientos dramáticos de cultivos hacia el sur. Y no estamos
preparados para ello.
La
“huella de agua” (cantidad de agua para que un producto llegue al
consumidor final) es la exigencia que viene tras la huella de carbono.
Seremos 9.000 millones de seres humanos en 2050 en toda la tierra. El
agua no alcanzará si no se hace un considerable esfuerzo de
racionalización. En el caso de Chile, y no solo por la sequía que ahora
nos ha aquejado, hay zonas completas donde el agua escasea. No alcanza
para cubrir la suma del consumo humano, más las necesidades de riego y
los requerimientos del sector productivo. La desalinización es una
realidad en el Norte Grande. Las prácticas, inversiones y políticas en
el uso del agua, tanto públicas como privadas, deben responder a esta
situación crecientemente restrictiva. Las regulaciones en el uso y
propiedad del agua deben ajustarse a ellas, por lo cual es indispensable
una revisión de la actual legislación aumentando las facultades de la
autoridad respectiva.
Las
normas ambientales con que operan nuestras industrias y ciudades han
mejorado, pero están bajo los estándares alcanzados por países de igual o
superior nivel de ingreso. Esas normas deben hacerse más rigurosas, en
especial aquéllas relativas a los medios de transporte, centrales
termoeléctricas, fundiciones, faenas mineras y uso de la leña, que son
grandes generadores de CO2. Por otra parte, el trámite de los nuevos
proyectos de inversión debe ser más ágil: la lentitud y engorro nunca ha
sido sinónimo de rigor. La nueva institucionalidad ambiental y la
entrada en vigencia de los Tribunales Ambientales ofrecen una buena
oportunidad de avanzar en la línea señalada; sin embargo, la
judialización exacerbada, la indecisión para definir reglas y criterios
claros, por ejemplo en materia energética, conspiran contra la actividad
productiva y una real defensa del medio ambiente.
El
fomento del transporte público, el rechazo a rebajas demagógicas de los
impuestos a los combustibles (lo que termina abaratando la
contaminación), la creación de “impuestos verdes” que castiguen a los
contaminadores, son todas políticas que el futuro del país nos impone.
El
desafío educacional. El tema educacional ha sido puesto con fuerza en
la agenda pública por el movimiento estudiantil y se transformó en una
demanda que atraviesa todos los demás desafíos que vivimos como país. No
partimos de cero, porque en los últimos años, contrariamente a lo que
algunos intentan hacer aparecer, ha habido importantes avances. Pero
afirmamos categóricamente que para acelerar la mejora de la calidad y la
equidad en el sistema, debemos emprender reformas estructurales.
En
primer lugar, debemos retomar el importante impulso que se le dio a la
educación pre escolar en el gobierno anterior. Nuestra meta no puede ser
otra que la cobertura universal, porque de otra manera, estaremos
condenando a los niños provenientes de familias más vulnerables a un
comienzo desigual que después no se podrá revertir. Paralelamente se
impone una revisión profunda en todo el sistema escolar. Afortunadamente
contaremos con la institucionalidad recientemente aprobada para
asegurar la calidad en todos los establecimientos, públicos,
particulares subvencionados y privados pagados. Debemos ahora asegurar
que esa institucionalidad funcione con todo el rigor que requiere, de
manera que nadie pueda hacer de la educación un negocio lucrativo a
costa de la calidad de la enseñanza. Debemos reformar, también, el
actual sistema de financiamiento compartido. La evidencia muestra que el
sistema de copago en los liceos y colegios ha generado una segregación
inaceptable en nuestro sistema educacional. Y debemos hacernos cargos de
dos deudas. Por un lado, la de fortalecer la carrera docente y la
gestión de escuelas porque, sabemos, gran parte de esta tarea se juega
al interior de las escuelas y de la sala de clases. Por otro lado,
tenemos como país una deuda con la educación pública. Debemos invertir
fuertemente en aquel sistema, priorizar inversión en ella, llevar a los
mejores maestros a sus aulas, y otorgarle una nueva arquitectura
institucional que logre superar las falencias evidentes de la
municipalización.
Los
estudiantes también colocaron el tema de la educación superior al
frente de las prioridades. Las falencias del sistema universitario
actual se han hecho notorias en estos meses. Se debe recuperar para el
sistema en su conjunto, esa noble tradición de excelencia que tuvieron
nuestras universidades, las que fueron internacionalmente reconocidas y
prestigiadas. Para ello es indispensable que ellas mismas hagan un
esfuerzo en tal sentido y que el país cuente con una institucionalidad
de acreditación ajena a los intereses de los afectados, rigurosa, de
alto estándar y objetiva, capaz de valorar la calidad en la formación de
profesionales y en la investigación científico técnica. Así mismo, el
sistema de financiamiento para estudiantes exige una revisión profunda a
fin de garantizar que no sea el ingreso de sus familias una barrera
para la juventud que anhela y tiene méritos para acceder a la
universidad. Al igual, el país tiene una deuda con la educación superior
técnico profesional que la equidad y el desarrollo nacional nos exigen
superar.
El
desafío energético. Chile tiene costos de energía entre los más altos
de los países de la OCDE y son los que más han aumentado en los últimos
años. Ese incremento también incide en la pérdida de competitividad de
nuestras actividades productivas. Según el Consejo Asesor para el
Desarrollo Eléctrico, la situación será más crítica a partir de 2017 , o
sea, durante el próximo gobierno. Impedir esa crisis anunciada supone
iniciar ahora las obras que puedan estar en operación para esa fecha. El
tema ha adquirido dimensión de problema-país y nadie serio puede
rehuirlo.
La
forma más barata de aumentar capacidad eléctrica en el mundo es
mediante más eficiencia energética, o sea, la capacidad para seguir
haciendo lo mismo pero con menos electricidad, lo que incluye ampolletas
y electrodomésticos más eficientes, mejorar los sistemas de transmisión
y distribución, así como un uso mejor en el sector productivo. Pero ni
aun con el nivel alcanzado por los países más eficientes en esta
materia, será suficiente para enfrentar el problema.
Nos
vemos obligados, entonces, a recurrir a otras formas de generación que
han alcanzado su desarrollo en el último tiempo., como las energías
renovables no convencionales (ERNC), para las cuales el país tiene
inmejorables condiciones geográficas. El impulso de centrales
hidroeléctricas de pasada, de la energía eólica, del seguimiento de los
avances en la generación mareomotriz para un país de miles de kilómetros
de costa, de la geotermia, pero muy especialmente, de la energía solar
que se ha expandido en diversas latitudes, para lo cual la zona norte
presenta condiciones excepcionales. Hoy la energía solar está reduciendo
sus costos. Chile debe ponerse a la punta de ese esfuerzo no solo como
generador sino como centro tecnológico de punta.
Pero
no vendamos ilusiones: por si solas, las ERNC no resuelven el problema
actual, y por ende, no es evitable hacer opciones en otras formas de
generación energética, algunas limpias, como la hidráulica, y otras por
ahora insustituibles, pero contaminantes, como la termoeléctrica, que
sin embargo puede mejorar su estándar de pureza con nuevas tecnologías.
La opción ambiental que se expresa en la movilización contra energías
limpias, es una de las paradojas del país.
El desafío de un nuevo trato con los pueblos originarios.
El país tiene una deuda con los pueblos originarios. Luego de la Ley
Indígena en 1993 y de la aprobación del Convenio 169 de la OIT en 2009,
es indispensable establecer un reconocimiento constitucional de los
pueblos originarios y sus derechos.
Chile
debe asumir la multiculturalidad en todas sus dimensiones y dotarse de
un aparato institucional capaz de diseñar e implementar políticas
indígenas al más alto nivel. Para ello, debe crearse un Consejo Nacional
de los Pueblos Indígenas que los represente y que siendo autónomo, sea
capaz de interactuar con los diversos órganos del Estado y la sociedad.
Debe
diseñarse un plan especial de restitución de tierras para quienes
cuenten con títulos ancestrales reconocidos y favorecer el desarrollo
indígena combinando los avances propios de la economía moderna con sus
tradiciones, tanto en las regiones del sur como en el norte. Hay que
implementar, también, el estatuto especial de la isla Rapa Nui y de la
ley sobre borde costero, llamado lafquenche.
Las
políticas públicas deben implementarse con pertinencia indígena en
aquellas localidades donde haya una presencia significativa de pueblos
originarios. Debe dictarse una ley sobre consulta y participación de los
pueblos originarios para alcanzar una adecuada implementación del
Convenio 169 de la OIT, tanto a nivel de los órganos centrales del
Estado como de los Gobiernos Regionales y los Municipios.
Debe
favorecerse el desarrollo cultural de los pueblos originarios
fomentando el uso de sus lenguas y haciendo un catastro nacional de sus
costumbres para que tengan adecuado valor jurídico.
El
desafío de la revolución en el pensamiento social. El desarrollo
científico tecnológico, la expansión de las redes sociales, la
conciencia de la globalidad y de la insuficiencia de las recetas
clásicas para enfrentar los nuevos desafíos, han generado una revolución
del pensamiento social en el mundo, incluido nuestro país. Entre los
pilares de este cambio está la alta revalorización de lo colectivo. Ello
se expresa en el valor de las redes, de la pertenencia a espacios
compartidos que deben ser más abiertos y equitativos, de la necesidad de
la acción común para lograr anhelos que individualmente son imposibles
de alcanzar, la defensa de intereses colectivos o difusos, especialmente
de los consumidores y en el medio ambiente. Esta no es solo una
referencia a los movimientos sociales de los últimos tiempos. Abarca
toda la sociedad, incluidas las empresas, donde se hace central el rol
que juegan las personas y el trabajo en equipo en la creación de valor y
donde se extiende la conciencia que la empresa es un espacio de
colaboración entre muchos (trabajadores, proveedores, entorno) para
competir exitosamente. Todo esto reafirma el rol de lo colectivo en el
conjunto de la sociedad, cambiando una mirada excesivamente
individualista de tiempos anteriores.
El desafío de nuevos cambios políticos.
Es
urgente revalorizar la acción política haciendo primar el bien común
por sobre los intereses de grupo o personales; volver a despertar en los
ciudadanos el interés y la preocupación por el país y su futuro. Ya lo
dijimos: para lograr nuestros desafíos, hay que dar un nuevo impulso al
sistema político. Se requiere un profundo cambio en la Constitución,
para abrir paso a una institucionalidad política más amplia, más libre y
más participativa. Necesitamos la mayor deliberación democrática.
Debemos reemplazar el sistema electoral binominal por uno proporcional
corregido; terminar con el sistema de leyes de quórum supramayoritario;
impulsar una verdadera regionalización y formas nuevas de participación
directa de los ciudadanos en la decisión de los asuntos públicos, como
el plebiscito y la iniciativa popular de ley; promover la participación
de la mujer en la política a través de medidas legales que la
favorezcan; fortalecer a los partidos políticos; regular mejor y aplicar
el máximo grado de transparencia en la relación entre dinero y
política; redefinir las políticas públicas orientadas a integrar y a
apoyar nuevas formas de contribución al desarrollo y la equidad; mejorar
la protección de los derechos fundamentales a través de la creación del
defensor de los ciudadanos y la justicia contencioso administrativa.
4.- Una amplia alianza social y política por los cambios
La
discusión sobre las alianzas políticas en la oposición quizás tenga
ingredientes instrumentales y electorales, pero subyacen en ella
visiones divergentes. La tesis de una Concertación que se abre a un
pacto electoral con otras fuerzas opositoras, como el PC, el MAS u otras
colectividades, no es conciliable con la tesis de un “frente de
izquierda” excluyente que posteriormente buscaría concordar con la DC.
La fuerza matriz del cambio en Chile, como lo ha demostrado la historia,
es la alianza del centro y la izquierda, con un solo programa y un
accionar unido desde el inicio, bajo la impronta de un proyecto político
compartido de transformaciones viables. Que la derrota en la última
elección presidencial no nos haga olvidar lo que tan duramente
aprendimos.
La
Concertación expresó en estos últimos decenios la convicción de que
sólo una alianza sólida entre el centro y la izquierda democrática
constituye un piso para impulsar los cambios que se necesitan. Fue esa
alianza la que derrotó a la dictadura y más tarde hizo prosperar al
país, favoreciendo especialmente a los más vulnerables.
No
compartimos la decisión de terminar con el bloque mayoritario por los
cambios que congrega a la izquierda democrática y el centro, para
ilusionarse con un agrupación solo de izquierda que sería incapaz de
impulsar transformaciones sólidas e irreversibles.
Mantenemos
la convicción, grabada a punta de desgarros por el quiebre de la
democracia en 1973, luego por la victoria sobre la dictadura y más tarde
por la obra de la Concertación, que un bloque mayoritario por los
cambios -–sea cuál sea el nombre que éste finalmente adopte-- unido en
propuestas y accionar, es condición indispensable para promover
transformaciones reales y profundas. Cambios con la solidez que dan la
gradualidad y la paz, a diferencia de esa inmediatez y radicalidad que
“en nombre del pueblo” pero sin parte suficiente de él, lejos de ampliar
nuestra base de apoyo social la reduce, marginando a muchos y
perpetuándonos en una minoría electoral que imposibilita materializar
los cambios que el nuevo Chile requiere.
Nos
sentimos parte de aquellos que en la Concertación han tenido el valor
de hacer oír su reclamo frente al intento de liquidar la alianza del
centro con la izquierda, soñando con inviables entendimientos
posteriores, a partir de propuestas en confrontación precisamente por
entrar a disputar un mismo electorado. Los que callan también son
responsables.
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Todo
nos habla de nuevos tiempos. El gobierno de derecha no ha logrado
dibujar una promesa de futuro para el país. Está en nosotros ganar la
próxima elección presidencial. Tal como en las vísperas del año 90 la
Concertación bulló en trabajo intelectual para enfrentar
responsablemente los desafíos que aproximaban, hoy es necesario ponerse a
la tarea, con renovado entusiasmo, con responsabilidad política y
sentido de urgencia.
Todo Chile mira hacia el futuro. Los llamamos a emprender juntos este desafío.
PD:
Consecuentes con este llamado final, nuestro documento esta abierto a
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